Si de algo puede presumir Apple tanto en España como en el resto del mundo es de su fijación en la privacidad. Los de Cupertino han sido famosos (y señalados) por su obsesión con la privacidad del usuario, llegando incluso a actuar directamente en pos de defender sus medidas de protección de datos. A tenor de la próxima ley de seguridad online que Reino Unido espera aprobar, Apple ya ha advertido que de aprobarse esta medida la compañía eliminaría algunos servicios clave del país.
Más concretamente, FaceTime e iMessage. El gobierno de Reino Unido tiene la intención, al menos así lo asegura la BBC News, de que las empresas responsables de servicios de mensajería "borren las funciones de seguridad con el Ministerio del Interior" antes de que estas pasen por las manos de los consumidores. De esta forma, el ejecutivo anglosajón podría obligar a Apple a deshabilitar funciones como el cifrado de extremo a extremo de estas dos aplicaciones.
Apple no solo ha dejado clara su posición negativa a la medida, sino que en caso de que la normativa se actualice con estas nuevas propuestas, eliminará tanto FaceTime como iMessage de Reino Unido. Ya vimos además cómo otras empresas tales como WhatsApp y Signal se unían a Apple en la advertencia sobre el rumbo que esta ley estaba tomando.
Apple se enfrenta a UK
Desde el mismo momento en el que la nueva ley de seguridad online se planteó sobre la mesa, se vio enfrentada contra las tecnológicas implicadas, tales como WhatsApp o Signal. De hecho, WhatsApp y Signal ha llegado a amenazar con salir del país si esta ley acababa por aprobarse (y no ha sido la única en enarbolar esta advertencia).
Estas críticas, así como las modificaciones que plantean sobre esta medida, han hecho que su aprobación se dificulte debido a las enmiendes presentadas aún pendientes. Sin ir más lejos, el proyecto de ley lleva años fraguándose en los organismos gubernamentales, haciendo que desde hace meses compañías como Meta o WhatsApp hayan advertido de sus riesgos potenciales.
La ley de seguridad online busca perseguir tanto delincuentes sexuales como terroristas en Internet. Las últimas propuestas que se están planteando para esta ley incluyen que los servicios de mensajería pasen antes por la revisión del Ministerio del Interior, eliminando sus funciones de seguridad, tales como el cifrado de extremo a extremo. Todo ello sin advertencia expresa hacia el usuario final.
Uno de los mayores problemas con estas nuevas propuestas, señala Apple, es tener que informar al gobierno sobre cualquier cambio en las funciones de seguridad del producto antes de que se publique. También cargan duramente sobre un requisito en concreto que impone la normativa, que obliga a las empresas fuera del Reino Unido a que cumplan con los cambios que afecten a su producto a nivel mundial.
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Esto obligaría a Apple a tener que tomar medidas inmediatas si el gobierno pide deshabilitar o bloquear una de estas funcionalidades. Ante esto, Apple ha sido tajante; aseguran que en este caso no harían cambios "en las características de seguridad específicamente para un país que debilitasen un producto para todos los usuarios". Además, aclaran que estos cambios "requerirían la emisión de una actualización de software, por lo que no se podrían hacer en secreto".
Catalogan a estas propuestas como una "amenaza grave y directa para la seguridad de los datos y la privacidad de la información", llegando a asegurar que afectaría a personas fuera del Reino Unido. De ahí la amenaza; si estas propuestas llegan a puerto, Apple retirará estos servicios del país. Eso sin contar las más que probables salidas de empresas como WhatsApp o Signal.
En los meses anteriores, Apple se ha dedicado a cargar duramente varios de los puntos críticos de la Online Safety Bill. El pasado mes de junio, Apple defendió el cifrado de extremo a extremo asegurando que "es una capacidad crítica que protege la privacidad de los periodistas, activistas de derechos humanos y diplomáticos". Advirtió, además, que el proyecto de ley "representa una grave amenaza para esta protección, y podría poner a los ciudadanos de Reino Unido en un mayor riesgo".