Los teléfonos móviles son una herramienta infalible para conocer absolutamente todo de una persona, y unos dispositivos que se pueden hackear fácilmente e infectarlos de 'spywares' como Pegasus para poder espiar a alguien. Aunque Hacienda no va a hacer uso de aplicaciones espías, lo cierto es que puede controlar de forma legal a los ciudadanos y todo lo que compran gracias a la geolocalización del smartphone y la tasa Google, que ya se aplica en España.
[Así puedes averiguar si llevas una aplicación espía oculta en tu móvil]
La Agencia Tributaria ha comenzado a utilizar la geolocalización de los móviles para espiar a los contribuyentes y, aunque pueda parecer una acción que atenta contra la privacidad, lo cierto es que la administración fiscal lo está haciendo de manera completamente legal gracias a la tasa Google. Hablamos de una ley que obliga a las plataformas digitales a rastrear la ubicación de sus clientes para identificar dónde compran, para cobrar por las ventas que se realicen en España.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como tasa Google, entró en vigor el 16 de enero de 2021 y desde entonces es aplicable a todas las compañías que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España; aunque inicialmente estaba enfocada a grandes empresas de tecnología, como es el caso de Google y Apple.
¿Cómo espía Hacienda?
Durante el primer año de aplicación, la Agencia Tributaria ha controlado operaciones de 216 plataformas digitales cuyas operaciones han supuesto un valor de 8.000 millones de euros, según informa el medio Expansión. Unas empresas que han tenido que vigilar la ubicación de sus clientes para enviar con posterioridad a Hacienda los registros de las transacciones nacionales para liquidar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
Para llevar a cabo el espionaje de forma legal, Hacienda se ampara en la tasa Google y en el apartado 4 del artículo 7 del real decreto que dicta lo siguiente: "se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización".
De esta manera, se establece que la IP del móvil representa la ubicación real del contribuyente. El mecanismo es sencillo: las plataformas digitales pueden determinar desde dónde se ha producido una compra, comparten la información con Hacienda y ésta corrobora que dichas empresas están tributando la parte que les corresponde en España.
Evitar el fraude fiscal
A la hora de localizar la ubicación de una persona, y según el real decreto, se puede utilizar la geolocalización basada en la identificación de redes, es decir, WiFi o Ethernet. Incluso también se recoge la geolocalización física por satélite, como el GPS que incluye el móvil.
Otra manera de conocer la ubicación es mediante la información proporcionada por sistemas de comunicaciones inalámbricas, como las GSM —Sistema Global de Comunicaciones Móviles—, o las balizas, como el WiFi o Bluetooth. Eso sí, es conveniente aclarar que el espionaje de la Agencia Tributaria tiene el único objetivo de luchar contra el fraude fiscal.
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