El Gobierno de coalición lleva una semana sumido en un choque público sin precedentes, con una división que no se esconde y con acusaciones de mentiras entre los dos socios. Todo arrancó con una rueda de prensa inédita con una vicepresidenta y una portavoz rebatiéndose en público. "No hay mal rollo"; "no hay mal ambiente", defienden en La Moncloa. Eso sí, tras una semana de tensión y reproches permanentes, se admite que "todo es mejorable".
La herida aún sangra y no se ha cerrado. Agua oxigenada y una tirita intentan poner en el complejo presidencial prometiendo nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los próximos años. Con ello tratan de superar la polémica que ha opacado por completo la última subida de 50 euros con la decisión de Hacienda de que empiece a tributar.
"El compromiso es seguir dignificando y mejorando el SMI", ha querido sentenciar Pilar Alegría, tras la reunión del Consejo de Ministros. "Este Gobierno va a seguir subiendo el SMI", ha repetido. "Ese incremento va a ir a más, porque este Gobierno quiere seguir incrementando ese SMI y vamos a seguir dando pasos".
La posición de los socialistas es que los 1.184 euros ya no es un salario de "subsistencia, es un salario digno", y que por ello ya debe empezar a tributar. El Gobierno alude ahora a hacer "pedagogía" después de que la decisión hace una semana de Hacienda rompiera la estrategia del Ejecutivo de exhibir este rédito político.
Los argumentos para defender que ahora sí los trabajadores que cobran el salario mínimo tributen el IRPF son dos: primero, que se decidió que la subida del SMI fuera la horquilla máxima, un 4,4% (50 euros) a sabiendas de que ya implicaba una tributación. La Moncloa se acoge al informe de los expertos sobre esta materia. Segundo argumento: "Más del 80% de los que lo cobran no van a tributar. Y el 20% restante que sí será como máximo un 1,8%, aproximadamente unos 20 euros". Esto es, de los 50 euros al mes, se quedarían en uno 30 netos.
En la coalición ha habido muchos momentos difícil, crisis, división, pero nunca se había alcanzado un intercambio de acusaciones y reproches en pública, de manera sostenida y con tantos decibelios. "Hay una desavenencia, pero consabida", tercian desde el sector socialista del Gobierno. Pero las acusaciones ensombrecen todos: los socialistas acusan a Díaz de "populismo fiscal"; la vicepresidenta segunda acusa a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, de "generar confusión" con la tributación por el SMI.
"La posición del Gobierno es la posición de Hacienda. No vamos a cambiar", trasladan fuentes del sector socialista del Gobierno. Eso sí, no aclaran cómo van a proceder respecto a las iniciativas que hay en el Congreso -hasta cuatro, de Sumar, PP, Podemos y ERC-BNG-. Si van a proceder a vetar, esperan llegar a un acuerdo antes de un mes con Sumar... "Falta mucho", se limitan a decir.
Según el artículo 134 de la Constitución "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". En abril de 2018, el Tribunal Constitucional ya advirtió de que esa capacidad de veto "tiene límites" porque mantiene que sólo puede afectar a medidas que afecten "directamente" sobre las cuentas públicas, de forma "real y efectiva" y en el ejercicio actual no en futuros.