La Unión Europea está preparando un plan alternativo de ayuda a Ucrania, en el que entregaría un total de 20.000 millones de euros, con el objetivo de esquivar el previsible veto de Hungría al nuevo paquete de asistencia financiera planteado para los próximos años.



Según recoge el Financial Times, donde se cita a diferentes funcionarios implicados en el plan, Bruselas se serviría de una estructura de deuda para poder contribuir a las arcas ucranianas, después de que el Gobierno dirigido por ultraderechista Viktor Orbán rechazase la propuesta comunitaria en la que se establecía una entrega de 50.000 millones en cuatro años. 



Por ello, si Orbán mantiene el veto en la cumbre europea que se celebrará en el próximo mes de febrero, cobra fuerza la alternativa de un modelo financiado con deuda.

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En él, según las fuentes, los Estados miembros emitirían garantías al presupuesto de la UE, para que la Comisión Europea tome prestados hasta 20.000 millones de euros en los mercados de capitales para Kiev el próximo año, aunque la cifra final podría variar en función de las necesidades que pueda requerir Ucrania en el desarrollo de la guerra. 



Este nuevo plan es similar al lanzado en 2020 para que la Comisión aportase hasta 100.000 millones de euros en financiación barata a los programas de mantenimiento de empleo durante la covid.



El esquema no necesitaría la unanimidad de los 27 países de la UE al no requerir garantías de todos los Estados miembros, aunque en algunos de ellos, como Alemania o los Países Bajos, haría falta aprobación parlamentaria. 



Una fuente no identificada dijo que técnicamente el plan no presentaría problemas para salir adelante, pero que políticamente sería "más complicado".



Según el citado medio, si los líderes europeos aprobasen el plan en la cumbre del 1 de febrero se estaría ofreciendo garantías al Fondo Monetario Internacional (FMI) para liberar su próximo tramo de financiación por 900 millones de dólares.



Uno de los posibles inconvenientes del plan, frente al original, es que se limitaría a préstamos y no incluiría ayudas directas, aunque estas podrían seguir siendo otorgadas de forma unilateral por los Estados miembros.