Nueva batalla presupuestaria a la vista en la Unión Europea. La Comisión de Ursula von der Leyen ha pedido este martes a los Estados miembros que aporten 66.000 millones de euros extra a las arcas comunitarias para los próximos cuatro años. El objetivo es cubrir los aumentos inesperados de gasto derivados de la guerra en Ucrania, la subida de los tipos de interés de la deuda generada por los fondos Next Generation, las presiones migratorias y un nuevo fondo tecnológico.
"Estamos pidiendo a nuestros 27 Estados miembros que nos doten con 66.000 millones de euros para cumplir con tres prioridades: Ucrania, migración y competitividad", ha dicho Von der Leyen en rueda de prensa. La presidenta ha justificado su petición alegando que la UE ha vivido "tres años de crisis tras crisis", con el foco en la guerra de Rusia, que han agotado todos los márgenes presupuestarios.
"Somos plenamente conscientes del hecho de que los Estados miembros también se han visto golpeados por las crisis. Y tras años de gran apoyo público a sus economías, ahora es el momento de consolidar sus finanzas públicas. Por eso hemos presentado una propuesta selectiva y limitada para lo absolutamente necesario", argumenta Von der Leyen.
Sin embargo, esta ampliación del presupuesto plurianual de la UE (que se pactó en 2020 con una dotación de 2 billones de euros y que en principio debía durar sin cambios hasta 2027) choca con la oposición de entrada de Alemania y el 'club de los frugales' liderado por Países Bajos. Estos Estados miembros, que son contribuyentes netos a las arcas comunitarias, quieren limitar al máximo cualquier incremento.
"Antes de aumentar las contribuciones de los Estados miembros, las necesidades financieras adicionales deberían cubrirse mediante reasignaciones o utilizando las flexibilidades existentes en el presupuesto de la UE para eventos imprevistos. Por lo tanto, no vemos la necesidad de introducir nuevos fondos", dijo el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, en una entrevista la semana pasada.
Por su parte, la vicepresidenta primera y responsable de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tampoco ve con buenos ojos aumentar las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE y preferiría financiarlas con impuestos comunitarios. Calviño ha dejado claro que no aceptará ningún recorte ni en la política agrícola común ni en los fondos estructurales que recibe España.
"Estamos pendientes de que se presente tanto la revisión a medio plazo (del presupuesto de la UE) como los nuevos recursos propios, que justamente tendrían el objetivo de que se pueda devolver la deuda Next Generation sin que tenga que haber contribuciones adicionales de los presupuestos nacionales. Vamos a trabajar en esa línea bajo la presidencia española", dijo Calviño en el Eurogrupo del jueves, antes de conocer las propuestas de Bruselas.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la rueda de prensa de este martes
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha hecho una propuesta de mínimos por lo que se refiere a nuevas fuentes de ingresos. Un paquete que incluye una aportación por los ingresos del comercio de derechos de emisión de CO2; la recaudación que genere el nuevo impuesto al carbono en frontera (CBAM); y un recurso propio temporal basado en estadísticas sobre los beneficios de las empresas.
La ampliación presupuestaria de 66.000 millones de euros que pide Bruselas se desglosa de la siguiente forma. Un total de 50.000 millones de euros se destinarán a una reserva financiera para Ucrania para los próximos cuatro años. De esta cantidad, 17.000 millones serán subvenciones a fondo perdido y otros 33.000 millones préstamos blandos (que no computan en la cifra final, porque la financiación se capta en los mercados usando el presupuesto de la UE como garantía).
El siguiente capítulo por importancia es el pago de los intereses generados por la deuda de Next Generation, cuya dotación asciende a 19.000 millones de euros. En su acuerdo de 2020, los líderes europeos habían reservado para esta partida un total de 15.000 millones de euros, pero este dinero se agotará ya en agosto por la fuerte subida de los tipos de interés en el último año.
En tercer lugar, Von der Leyen reclama 15.000 millones de euros extra para financiar las políticas migratorias, particularmente acuerdos con países terceros como el que se cerró con Turquía para que se quedara a los refugiados sirios. Otros 1.900 millones irán al aumento del gasto administrativo derivado por la inflación.
La estrechez presupuestaria ha dejado sin apenas recursos a una de las iniciativas estrella que había prometido la presidenta de la Comisión: la creación de un fondo europeo de soberanía, que debía destinarse a reforzar la competitividad de la economía comunitaria y dar respuesta a iniciativas como la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos.
Finalmente, Von der Leyen ha propuesto redirigir a este instrumento dinero ya existente en el presupuesto comunitario, sumando una aportación adicional de 10.000 millones de euros. En todo caso, la presidenta sostiene que, en colaboración con la iniciativa privada, este fondo podría movilizar hasta 160.000 millones de euros.
La petición de Bruselas de recursos adicionales tiene que ser aprobada tanto por los Gobiernos como por la Eurocámara. El Ejecutivo comunitario reclama un pacto urgente para antes de fin de año, por lo que la gestión le corresponderá a la presidencia española de la UE. "Las posibilidades de acuerdo son mitad y mitad", avisa un alto diplomático europeo.