El ex primer ministro británico Boris Johnson "engañó deliberadamente" a la Cámara de los Comunes sobre el 'partygate', las fiestas en la residencia de Downing Street durante la pandemia, según concluye, por unanimidad, el informe de más de 100 páginas elaborado por un comité parlamentario y publicado este jueves.
"Llegamos a la conclusión de que cuando le dijo a la Cámara y a este comité que se estaban cumpliendo las reglas y la orientación, su propio conocimiento era tal que deliberadamente engañó a la Cámara y a este comité", señaló hoy el informe del Comité de Privilegios de los Comunes, que investigó el 'partygate' durante más de un año.
El comité también acusó a Johnson de ser "cómplice de una campaña de abuso e intento de intimidación". El exmandatario, en respuesta, volvió a asegurar que es inocente y calificó el informe como "basura", "mentira" y "farsa" emprendida por los miembros del comité para vengarse de él.
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En su comunicado, Johnson también consideró que hoy es "un día espantoso para los diputados y la democracia" y aseguró que ningún parlamentario está "a salvo de una vendetta".
Johnson, que estuvo al frente del Gobierno entre julio de 2019 y septiembre de 2022, anunció el pasado viernes que abandonaba con efecto inmediato su escaño como diputado por la circunscripción inglesa de Uxbridge & South Ruislip, por considerar que el comité le había "dejado claro" en una carta que se preparaba para expulsarle de la Cámara Baja.
No obstante, el comité ha incidido en que Johnson no puede ser habilitado para formar parte del Parlamento: "Recomendamos que no tenga derecho a un pase de exdiputado", dijo el comité, refiriéndose a un pase que permite a los ex primeros ministros acceder al parlamento.
En el informe, que detalla seis eventos celebrados en Downing Street, el comité, que cuenta con miembros tanto de los conservadores gobernantes como del opositor Partido Laborista, dijo: "Concluimos que al engañar deliberadamente a la Cámara, el señor Johnson cometió un grave desacato".
Por ello, si Johnson todavía fuera miembro del parlamento, el comité "habría recomendado una suspensión de la Cámara por 90 días". Además, el Partido Liberal está reclamando que se le retire la asignación anual de 115 000 libras, concedida a todos los ex primeros ministros, y que devuelva las 245 000 libras de dinero público gastadas en financiar su apoyo legal durante la investigación.
El informe
A pesar de que Johnson calificó el proceso como una "caza de brujas", el comité echó abajo gran parte de la defensa del ex primer ministro (aceptó las alegaciones sobre 16 incidentes relacionados al no tener pruebas suficientes para refutarlas). De hecho, esta condición de jefe de Gobierno ha sido considerada como agravante de lo sucedido.
"El desacato fue tanto más grave cuanto que lo cometió el primer ministro, el miembro de mayor rango del Gobierno. No hay precedentes de que un primer ministro haya sido declarado culpable de engañar deliberadamente a la Cámara", dice el comité.
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También acusan a Johnson de no haber sido sincero cuando, posteriormente, dio explicaciones ante el resto de parlamentarios: "Llegamos a la conclusión de que algunas de las negaciones y explicaciones del Sr. Johnson eran tan poco sinceras que constituían, por su propia naturaleza, intentos deliberados de engañar al Comité y a la Cámara, mientras que otras demostraban deliberación debido a la frecuencia con la que cerraba su mente a la verdad".
La repetición de insultos de Johnson al comité investigador, al más puro estilo Donald Trump, también ha sido objeto de reprimenda: "Este ataque a una comisión que lleva a cabo su cometido desde la propia Cámara elegida democráticamente supone un ataque a nuestras instituciones democráticas".
"Consideramos que estas declaraciones son totalmente inaceptables. En nuestra opinión, esta conducta, junto con la atroz violación de la confidencialidad, constituye un grave desacato adicional", añade.
Por todo esto, Boris Johnson no gozará, si se sigue la recomendación del comité, del derecho que tienen los antiguos parlamentarios de obtener un pase de acceso a las dependencias parlamentarias.
Si Boris Johnson siguiera siendo diputado y se le aplicara la suspensión de 90 días, sería la segunda más larga desde 1979. La única que supera esta duración fue la suspensión de seis meses impuesta a Keith Vaz en 2019 por ofrecerse a comprar drogas para trabajadoras sexuales y no cooperar con una investigación.