Tras años de negociaciones infructuosas, el Pacto Europeo de Migración y Asilo está mucho más cerca de ver la luz. Los ministros del Interior de la UE han alcanzado este jueves un acuerdo de mínimos para crear un mecanismo permanente de reparto de migrantes, cuyo objetivo es redistribuir al menos 30.000 personas al año entre los Estados miembros y aliviar así la presión que sufren los países de primera línea en la frontera exterior, como España, Italia o Grecia.
El mecanismo tendrá carácter voluntario, pero los Estados miembros que rechacen acoger migrantes deberán pagar una penalización de 20.000 euros por persona o aportar algún otro tipo de ayuda. Es decir, el acuerdo establece un sistema de solidaridad a la carta.
Por otro lado, las nuevas reglas imponen cargas adicionales a los países de primera línea, que deberán introducir un nuevo procedimiento obligatorio de control en frontera para identificar y registrar a todas las personas que traten de entrar de forma irregular. Un procedimiento que según denuncian las ONG podría dar lugar a la creación de campos de refugiados en las fronteras exteriores de la UE, similares a los que ya hay en las islas griegas.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este extremo. "No va a haber de ningún modo medidas extraordinarias de privación de libertad y que afecten a los derechos fundamentales", asegura Grande-Marlaska. A su juicio, la reforma logra un equilibrio adecuado entre los principios de solidaridad y responsabilidad en la gestión migratoria.
"Hemos dado un gran paso para dotar a la UE de un sistema de asilo y migración más eficaz, solidario y justo", ha dicho al término del encuentro.
Reconociendo las limitaciones de capacidad de los países de primera línea, el acuerdo fija un tope máximo de 30.000 personas al año para el procedimiento de frontera en toda la UE. Una vez superada su cuota asignada, los Estados miembros quedarán exentos de aplicarlo. La comisaria de Interior, la sueca Ylva Johansson, ha anunciado una inyección de 1.000 millones de fondos europeos para mejorar la capacidad de acogida.
Pese a la ausencia de cuotas obligatorias de refugiados, Polonia y Hungría han votado en contra del acuerdo, alegando que supone una vuelta a la crisis de refugiados de 2015. "Políticamente y pragmáticamente, este mecanismo es inaceptable para nosotros", ha dicho el subsecretario del Interior polaco, Bartosz Grodecki.
El Gobierno de derecha radical de Ley y Justicia argumenta que ya ha acogido a más de 1 millón de refugiados ucranianos desde el estallido de la guerra de Rusia. Y se queja de que se le castigue "con una multa" de 20.000 euros por persona si se niega a recibir a los migrantes que le corresponden. "No habrá aceptación social", ha señalado el ministro.
Por su parte, la Hungría de Viktor Orbán sostiene que el nuevo sistema de reparto supone una "carta de invitación" para los migrantes que provocará un efecto llamada. "Lo importante es detener a los migrantes en la frontera, no dejarles entrar en la UE y eliminar las causas de la migración en los países de origen", ha dicho el representante húngaro, Bence Retvari.
Italia es la clave
La presidencia sueca ya había descontado el 'no' de Polonia y Hungría y concentró todos sus esfuerzos en tratar de sumar a Italia, reticente hasta el final, con hasta dos ofertas con cambios adicionales.
El ministro del interior italiano, Matteo Piantedosi, reclamaba más garantías de que el mecanismo de reparto de migrantes funcionará, ya que el sistema experimental que se puso en marcha en 2022 para reubicar a 10.000 migrantes en el plazo de un año "ha fracasado". Piantedosi pedía además más flexibilidad en el procedimiento de control en frontera para aliviar la carga que representa para Italia.
Tras una jornada maratoniana de 12 horas de negociaciones, el Gobierno de derecha radical de Giorgia Meloni ha dado su visto bueno a la solución de compromiso, lo que ha permitido alcanzar la mayoría cualificada requerida para aprobar la reforma. Bulgaria, Malta, Eslovaquia y Lituania se abstienen.
Sin embargo, el acuerdo de los ministros del Interior no es todavía el final del camino. La nueva legislación todavía tiene que negociarse y pactarse con la Eurocámara. Un diálogo que tendrá que pilotar España en su calidad de presidencia de turno de la UE a partir del 1 de julio.