En la localidad alemana de Lützerath, en el Estado de Renania del Norte-Westfalia, el ruido de las máquinas de demolición se entremezcla con los gritos de miles de activistas climáticos. Algunos llevan años atrincherados en esta pequeña aldea que alberga una gran explotación de carbón de lignito, uno de los tipos más contaminantes. Otros se han desplazado hasta el lugar en las últimas semanas para protestar contra el plan de RWE, una de las mayores eléctricas del país, de demoler las casas y granjas de la zona y ampliar la mina Garzweiler II, que se extiende, a cielo abierto, a lo largo de 35 kilómetros.
Manifestantes colgados de un puente, antidisturbios hundiéndose en el barro mientras tratan de despejar la zona o encapuchados encaramándose a los postes y ocultándose en túneles son algunas de las imágenes que han dado la vuelta al mundo desde Lützerath. La situación es tensa, pero está lejos de ser nueva.
Tras años de batallas legales, en 2013, los tribunales alemanes dictaminaron que la empresa podía explotar la zona, aunque eso significase reubicar a cientos de personas. Más tarde, en 2017, se desalojó a los residentes. En su lugar, decenas de activistas medioambientales se instalaron en tiendas de campaña y casas construidas en los árboles.
Un grupo de policías intentan desalojar a los manifestantes, pero se quedan atrapados en el barro.
Con la llegada de Los Verdes al poder tras las pasadas elecciones muchos esperaban que la expansión de la mina se paralizase. Sobre todo porque el acuerdo de coalición que une a socialdemócratas, verdes y liberales prioriza, al menos sobre papel, la descarbonización de la economía.
Lejos de eso, en octubre de 2022 el Gobierno llegó a un acuerdo con RWE por el que se permitía a la empresa demoler el pueblo y acceder al yacimiento a cambio de adelantar la eliminación del carbón de 2038 a 2030.
[Lo que Europa espera y teme del nuevo Gobierno semáforo alemán capitaneado por Scholz]
Los activistas medioambientales sostienen que la ampliación sólo va a incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero. La formación ecologista, en cambio, lo vende como un mal menor. "No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero es inevitable porque el presidente ruso, Vladímir Putin, ha iniciado una guerra y nosotros nos enfrentamos a una crisis energética", ha reconocido el ministro alemán de Economía y Clima, el verde Robert Habeck.
Manifestantes en Lützerath.
El legado Merkel
La invasión rusa a Ucrania ha cambiado por completo las necesidades energéticas de Alemania. Ya en verano, la realpolitik golpeó de lleno al tripartito. Después de que la gasista rusa Gazprom cortase temporalmente el flujo de gas, el Gobierno que lidera el canciller Olaf Scholz se vio obligado a aumentar la quema de carbón -combustible que prometió abandonar antes de 2030-. Luego aplazó el apagón de las últimas centrales nucleares en activo.
Este inesperado giro de las políticas energéticas, motor de protestas como la de Lützerath, suponen una revisión del legado de la excanciller democristiana Angela Merkel. La política se retiró a finales de 2021 tras 16 años al frente de un país que consiguió convertirse en el principal motor económico de Europa tras la crisis.
En 2021 Angela Merkel dejó de ser la canciller alemana dieciséis años después.
El problema es que lo logró a expensas de apostar por el transporte de gas a través de gasoductos desde Rusia porque, como ella misma reconoció en una entrevista, "era más barato que el gas licuado de Arabia Saudí, Catar, los Emiratos Árabes Unidos o Estados Unidos".
Después de que Putin se anexionara ilegalmente Crimea en 2014, Merkel aprobó la construcción del polémico gasoducto ruso-alemán Nord Stream II. Ahora, esa decisión estratégica de aumentar la dependencia energética de Rusia, está pasando factura a Alemania: la convierte en el eslabón débil de Europa.
Giro en defensa
La guerra de Putin ha supuesto un punto de inflexión en todos los ámbitos. En febrero, apenas unos días después de que los tanques rusos comenzasen a rodar hacia Ucrania, Scholz anunció una partida extraordinaria de 100.000 millones de euros para mejorar el Ejército alemán. Prometió también un aumento de la inversión anual en Defensa de más del 2% del PIB. Este giro de 160 grados en la política de defensa y seguridad alemana vino precedido del también histórico envío de armamento a Ucrania.
Sin embargo, el Gobierno alemán también está teniendo problemas a la hora de gestionar el "cambio de era". Este mismo lunes, la ministra de Defensa alemana, la socialdemócrata Christine Lambrecht, presentó su dimisión tras numerosos despistes que la han colocado en el centro de la polémica.
[El difícil desembarco de la 'heredera' de Merkel en el Ministerio de Defensa]
Nada más asumir el cargo, admitió no conocer ni las filas ni las maniobras del ejército ni los gastos militares. Más adelante, su hijo, de 21 años, publicó imágenes subido a un helicóptero militar, lo que despertó críticas en el seno de su partido.
En estos meses, además, las capacidades de defensa de Alemania se han puesto en entredicho después de una serie de "problemas sin precedentes", como el fallo de varios tanques de infantería Puma durante un ejercicio militar. La guinda del pastel, sin embargo, fue cuando en Nochevieja, a través de un vídeo de Instagram, Lambrech habló de la guerra de Ucrania con ruidos artificiales de fondo.
Con todo, su decisión de dimitir se produce en un momento en el que Alemania se encuentra bajo presión para aprobar un aumento del apoyo militar internacional a Kiev.