Justo cuando la Eurocámara acaba de declarar que la Hungría de Victor Orbán ya no puede considerarse una democracia plena, Bruselas ha activado por primera vez el nuevo reglamento que condiciona el pago de las ayudas europeas al respeto del Estado de derecho.
La Comisión Europea ha propuesto este domingo congelar un total de 7.500 millones de euros de fondos europeos adjudicados a Hungría (un tercio del total de las ayudas regionales del periodo 2021-2027) por los casos de corrupción y fraude generalizados en el país, que afectan a los intereses financieros de la UE.
"Esta decisión es una demostración clara de la determinación de la Comisión de proteger el presupuesto de la UE, y de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar este importante objetivo", ha explicado el comisario de Presupuestos, el austríaco Johannes Hahn.
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En concreto, el Ejecutivo comunitario ha constado que en Hungría existen "deficiencias" y "carencias" importantes en la legislación de lucha contra la corrupción y en las licitaciones públicas con fondos europeos, así como conflictos de intereses generalizados que favorecen de forma sistemática al partido gobernante Fidesz y a los aliados de Orbán. Además, Bruselas denuncia la "debilidad" de las investigaciones y los enjuiciamientos de casos de corrupción, que no se traducen en condenas adecuadas.
La decisión de congelar los fondos a Hungría se ha adoptado durante una reunión del colegio de comisarios celebrada de forma extraordinaria en domingo porque la presidenta, Ursula Von der Leyen, viaja a Londres para el funeral de la reina Isabel II el lunes y después a Nueva York a la Asamblea General de la ONU.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la reunión extraordinaria de este domingo
La Comisión Europea inició el procedimiento sancionador contra Hungría el pasado mes de abril, sin que Budapest diera ningún paso para corregir los problemas. En julio, Bruselas comunicó oficialmente a Hungría la cantidad de fondos que pensaba congelarle. Sólo en ese momento, el Gobierno de Orbán ha empezado a moverse bajo la presión máxima de perder muchos fondos europeos en un contexto de crisis económica.
En concreto, Budapest ha presentado un paquete de 17 medidas, entre las que destacan la creación de una nueva oficina anticorrupción con amplios poderes, la reforma de la ley de contratos públicos y la puesta en marcha de un nuevo sistema de declaración pública de bienes y rentas de miembros del Gobierno y del Parlamento Parlamento.
Sin embargo, ninguna de estas iniciativas se ha aprobado todavía, y los plazos legales obligan a Bruselas a seguir adelante con las sanciones: la fecha límite para tomar una decisión vence el 21 de septiembre.
En todo caso, el Ejecutivo comunitario dejará la puerta abierta al diálogo. La decisión final sobre la congelación de fondos deben tomarla los Gobiernos de los 27, que disponen de un plazo de hasta tres meses. Si Orbán aprueba las nuevas leyes anticorrupción a finales de noviembre, como tiene previsto, el expediente podría cerrarse sin consecuencias.
Quedaría pendiente el plan de recuperación Next Generation de Hungría, cuya dotación asciende a 7.200 millones de euros y que lleva paralizado desde hace más de un año.
El nuevo reglamento de condicionalidad, una herramienta diseñada para combatir los abusos de Polonia y Hungría, entró en vigor el 1 de enero de 2021. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no lo había utilizado hasta ahora porque Budapest y Varsovia lo impugnaron ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Esta inacción de Bruselas fue duramente criticada por el Parlamento Europeo, que amenazó incluso con acciones legales contra Von der Leyen. Al final, el TJUE confirmó la validez de la norma y despejó el camino para su aplicación en una sentencia el pasado 16 de febrero.