Italia teme que el fascismo no sea sólo un recuerdo lejano. Por esta razón el primer ministro del país, Mario Draghi, está estudiando junto a su equipo de Gobierno cómo lograr la disolución de Fuerza Nueva (FN), el partido neofascista responsable, hace unos días, de haber creado disturbios y llevado a cabo asaltos en el centro de Roma.
El clima en Italia está enrarecido, sobre todo en los medios de comunicación, porque está aumentando la atención acerca de un eventual auge de la nostalgia fascista. Una nostalgia que pretende crear desestabilización social, aprovechándose del descontento de un sector de la población transalpina que lamenta las consecuencias económicas del coronavirus y que se muestra contrario a la entrada en vigor, a partir de este viernes, del pasaporte Covid como herramienta obligatoria para ir a trabajar.
Según lo relatado por la prensa del país, Mario Draghi querría ilegalizar el partido neofascista para ofrecer una respuesta contundente tras los disturbios en el centro de Roma y la dificultad de las fuerzas del orden por contenerlos.
Protestas el pasado día 9 en Roma contra el pasaporte Covid.
Pero tal como se lee estos días en diarios como el histórico diario Corriere della Sera, "Draghi se está moviendo con extrema cautela" porque "el tema es políticamente explosivo".
Si el primer ministro diera su visto bueno para la disolución de Fuerza Nueva (FN) sería la primera vez, en Italia, que se disuelve una formación neofascista a través de un decreto del Ejecutivo transalpino.
La situación es delicada, además, porque el domingo 17 y el lunes 18 tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones municipales, donde la principal partida se juega precisamente en Roma entre la derecha y la izquierda. Desde el Ministerio del Interior, por otro lado, hay temores de que un eventual decreto "pueda incendiar las plazas", asegura el Corriere, "pero si Draghi cree que las instituciones democráticas peligran" no le temblará el pulso.
Ilegalizar un partido
¿Se puede ilegalizar Fuerza Nueva (FN)? ¿Cómo y quién podría hacerlo? Éstas son las dos cuestiones jurídicas que ahora preocupan, por igual, tanto al Ejecutivo como al Judicial transalpino.
La controversia política, en estos momentos, está más bien vinculada a los partidos y a los medios de comunicación. Las instituciones públicas están más bien centradas en entender los mecanismos legales que permite el Estado de derecho italiano para apartar de la vida democrática a una formación de clara inspiración fascista.
La Constitución Italiana (1948) es de por sí antifascista, ya que fue redactada por toda la clase política democrática transalpina que sobrevivió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, luchando desde la Resistencia al lado del bando Aliado.
Giuliano Castellino, líder nacional de Forza Nuova.
En uno de sus apartados anexos, la Carta Magna transalpina destaca la "prohibición, bajo cualquier forma, de reorganizar el disuelto partido fascista". La norma para determinar si Draghi o los poderes públicos italianos podrían ilegalizar Fuerza Nueva (FN) se encuentra en una ley de mediados de los años cincuenta y que es la llave de lectura para conocer el futuro de la formación neofascista.
La norma específica en cuestión es la conocida Ley Scelba de 1952, cuyo primer artículo explica que "la reorganización del disuelto partido fascista" tiene lugar cuando "una asociación, un movimiento o un grupo de personas no inferior a cinco" tiene como esencia la de "perseguir los objetivos antidemocráticos propios del partido fascista".
¿Cómo reconocer esa esencia? Aquí el elemento clave: "Exaltando, amenazando o usando la violencia como método de lucha política", "incitando a la cancelación de las libertades garantizadas por la Constitución", "denigrando a la democracia, sus instituciones o los valores de la Resistencia", "desarrollando propaganda racista" o "exaltando miembros, principios, hechos y métodos propios del partido o de las características del fascismo".
No es la primera vez que Italia recurre a la Ley Scelba para disolver un partido de extrema derecha neofascista: la primera fue en 1973, contra la formación Orden Nuevo; y la segunda fue en 1976, para ilegalizar el partido Vanguardia Nacional.
¿Quién podría llevar a cabo este proceso? Tres figuras clave: el primer ministro, Mario Draghi; la ministra del Interior, Luciana Lamorgese; o la judicatura transalpina. Dos son las opciones: la primera, que el jefe del Ejecutivo italiano proceda directamente con un decreto ley -lo cual no tiene precedentes-; y la segunda, en la que los jueces probarían la reorganización del partido fascista y donde la ministra del Interior ordenaría la disolución y la confiscación de todos los bienes de la formación de extrema derecha.
Los eventos cruciales para entender por qué Italia baraja ilegalizar Fuerza Nueva (FN) tuvieron lugar este sábado, cuando en el centro de Roma se reunieron miles de personas contrarias a las vacunas y al pasaporte covid. La mayoría de los manifestantes fueron pacíficos, pero hubo multitud de violentos que empezaron a caldear los ánimos; incitando a muchos de los presentes a provocar disturbios en Via del Corso, una de las principales avenidas del centro de la Ciudad Eterna.
No logrando asediar el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo transalpino, se dirigieron, como prometieron a gritos, hacia la sede de la CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo), el principal sindicato del país: la propia Policía de Estado transalpina ha confirmado esta versión. Las escenas que se vivieron fueron muy parecidas, en la práctica, al asalto a Capitol Hill en Washington (Estados Unidos), el pasado enero.
Esa misma madrugada, un grupo de unos 30-50 neofascistas, además, provocaron altercados delante de un hospital en el que había ingresado un manifestante antivacunas herido en los disturbios. Tras la detención de la cúpula de Fuerza Nueva (FN), 12 personas, en la noche del sábado; este martes la Fiscalía de Roma ha decretado el cierre de la página web de la formación neofascista, tal como informa la prensa del país, por "instigación a delinquir" a través de "herramientas informáticas y telemáticas".
"Ninguna tolerancia a favor de la violencia", ha asegurado en los últimos días el primer ministro italiano, Mario Draghi. El alcance de los eventos, asegura el presidente de la República Italiana y jefe del Estado, Sergio Mattarella, es "limitado" pero "ha suscitado una reacción muy fuerte en la Opinión Pública" italiana.
El líder de la CGIL, Maurizio Landini, afirma que agradece el apoyo "del Ejecutivo y de las instituciones para evitar un pasado que no queremos que vuelva", admite, quien está más que convencido de que el ataque a su organización pertenece a "un plan bien establecido".
Los hechos han provocado la indignación de los italianos, tanto en los medios de comunicación como en la calle; desatando preocupación no sólo entre los ciudadanos transalpinos, sino también dentro de las filas de los principales partidos del país con forma de bota, desde la izquierda europeísta hasta la derecha soberanista.
En este clima, hay dos facciones bien diferenciadas dentro de la política italiana: el bloque de centro-izquierda, conformado por los reformistas del Partido Democrático (PD) del ex primer ministro Enrico Letta (2013-2014) y los antiestablishment del Movimiento 5 Estrellas (M5E) del también ex primer ministro Giuseppe Conte (2018-2021); y por el otro, el bloque de los soberanistas, compuesto por la Liga de Matteo Salvini y Hermanos de Italia (HDI) de Giorgia Meloni.
Los primeros en mover ficha han sido los progresistas, quienes la propia noche del sábado pasado pidieron que se disolviera el partido neofascista de Fuerza Nueva: Letta y Conte, así pues, van al unísono; ofreciendo las primeras señales de entendimiento hacia una futura coalición, todavía no formalizada, para las próximas elecciones generales de marzo de 2023. "Fuerza Nueva tiene que ser disuelta", asegura estos días Conte, haciendo hincapié en que "Meloni y Salvini no deben alimentar ningún tipo de ambigüedad".
Aquellos que en los últimos días se han visto en el ojo del huracán han sido precisamente los líderes soberanistas de la Liga y de Hermanos de Italia, Salvini y Meloni respectivamente; quienes han tenido que remarcar, una y otra vez, su rechazo a las acciones violentas de los neofascistas de Fuerza Nueva (FN): "Que el Gobierno de Draghi disuelva el partido si quiere", dice Meloni, quien por otro lado se pregunta retóricamente a pocos días del asalto neofascista: "¿Por qué el Ministerio del Interior, que desde hace diez años está en manos al PD, no lo ha disuelto antes?".
Salvini, por su parte, harto de que le pregunten sobre uno de los temas que hoy más preocupan en Italia, lamenta que los periodistas "todavía hablen de fascismo".
Los simpatizantes del Partido Democrático (PD), Movimiento 5 Estrellas (M5E) y de los principales sindicatos italianos protagonizarán junto a sus líderes, este sábado, una manifestación previsiblemente multitudinaria en la Plaza del Popolo -la misma del sábado anterior, que convocó a miles de antivacunas y contrarios al pasaporte Covid- para defender "los valores antifascistas".
Los soberanistas de Salvini y Meloni, sin embargo, declarándose igualmente "antifascistas", han decidido no acudir y defender el antifascismo desde sus propias carpas. No parece el clima adecuado, en uno y otro lado, para una jornada de reflexión: justo el día antes de la segunda vuelta de unas elecciones municipales.