El Gobierno de Boris Johnson desoye el ultimátum de la Unión Europea y no abandonará su polémica nueva ley de mercado interior. Bruselas alega que esta norma vulnera el acuerdo del brexit firmado hace menos de un año por el propio Johnson y lo hace en uno de sus puntos más sensibles, el protocolo para evitar una frontera terrestre entre Irlanda e Irlanda del Norte. Londres debía retirarla antes del fin de septiembre o sufriría las consecuencias: la Comisión amenazó con romper las negociaciones para un pacto comercial y emprender acciones legales.
La presión del Ejecutivo comunitario no ha surtido de momento ningún efecto. Durante la reunión celebrada este lunes del comité conjunto encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo de Retirada, el representante británico, Michael Gove, no ha dado "ninguna indicación" de que vaya a cumplir las exigencias de la UE, según ha desvelado el vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic. Londres tampoco ha avanzado ninguna solución para desbloquear el acuerdo de libre comercio, que precisamente este martes entra en su novena ronda de negociaciones en Bruselas.
Pese a los desaires y provocaciones de Boris Johnson, la Unión Europea no se levantará de la mesa. La ruptura total con Reino Unido no es una opción, al menos por ahora. La prioridad sigue siendo un divorcio amistoso para el 31 de diciembre, cuando acaba el periodo de transición. Un brexit a las bravas acarrearía nuevos aranceles cruzados entre los antiguos cónyuges y agravaría el impacto económico de la crisis del Covid-19. Un escenario que Bruselas intentará evitar hasta el final.
¿Qué pasará cuando este miércoles 30 de septiembre se cumpla el ultimátum que el Ejecutivo comunitario dio a Reino Unido? ¿Se levantarán de la mesa los negociadores de la UE? ¿Pedirán a los británicos que cogan el Eurostar de vuelta a Londres? "Nunca será la UE la que ponga fin a las negociaciones sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido", ha respondido Sefcovic. "Tenemos una agenda muy ambiciosa. Queremos un acuerdo de largo alcance con cero aranceles y cero cuotas", insiste el vicepresidente de la Comisión, que todavía espera avances en la ronda de esta semana.
El vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, durante la rueda de prensa de este lunes
También se ha desvanecido la amenaza de acciones legales inminentes contra Londres por lo que el propio Johnson admite que es una violación del derecho internacional. "He recordado al Gobierno británico que el Acuerdo de Retirada contiene una serie de mecanismos y recursos jurídicos para hacer frente a la vulneración de las obligaciones legales contenidos en el texto. La UE no dudará en usarlos. Sobre cuándo o cómo lo haremos, deben darnos un poco de tiempo y les informaremos en su momento", se ha limitado a señalar Sefcovic.
Negociar de buena fe
El énfasis de la intervención del vicepresidente se situaba de hecho del lado de la desescalada con Londres. "Estamos determinados a hacer todo lo posible para lograr un acuerdo sobre la relación futura y también para aplicar correctamente y a tiempo el Acuerdo de Retirada", ha dicho Sefcovic. "Haremos todo lo posible, utilizaremos cada minuto hasta el final del año para negociar de buena fe". Todo dependerá, ha agregado, de que los negociadores británicos adopten una actitud similar.
Pese a la buena disposición -al menos en apariencia- de Bruselas, lo cierto es que la ley de mercado interior de Johnson ha roto la confianza entre la UE y Londres. El Gobierno británico pretende saltarse los controles aduaneros previstos en el Acuerdo de Retirada para los productos que viajen desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte, así como las restricciones a las ayudas públicas que puede conceder Londres. Respetar el pacto de divorcio supondría aceptar en la práctica la división de Reino Unido, alega Johnson.
"El Acuerdo de Retirada tiene que aplicarse, no puede renegociarse ni mucho menos cambiarse de forma unilateral, ignorarse o desaplicarse", replica el vicepresidente de la Comisión. A Bruselas le preocupa además que el Gobierno británico va retrasado en la puesta en marcha de los sistemas informáticos necesarios para realizar los nuevos controles aduaneros.
Otro motivo de inquietud de la UE es el de los derechos de los ciudadanos comunitarios que quieren quedarse en Reino Unido. Sefcovic ha dicho que el sistema puesto en marcha por Londres crea en la práctica "dos categorías": los europeos que tienen derecho a acceder a las prestaciones sociales británicas y los que no. "Eso es inaceptable para nosotros", ha clamado Sefcovic.
En cuanto a las negociaciones sobre el futuro pacto comercial, los obstáculos siguen siendo los mismos: la pesca y las disposciones necesarias para mantener una competencia justa entre empresas europeas y británicas. Tanto Londres como Bruselas sostienen que el mes de octubre es la fecha tope para lograr un acuerdo.