Bruselas

Desde que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huyó a Bruselas hace ya un año, las relaciones entre España y Bélgica no han parado de deteriorarse. Los jueces belgas han denegado las euroórdenes contra los exconsellers fugados Meritxell Serret, Lluis Puig y Toni Comín. Un tribunal belga está tramitando una demanda de Puigdemont contra el juez Pablo Llarena. Los nacionalistas flamencos de la N-VA, principales socios del Gobierno de Charles Michel, dan cobertura política y logística al ex presidente catalán en Bélgica. El presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, cuestiona la calidad de la democracia española.

El último estallido de tensión diplomática se ha producido a raíz de un tuit del nuevo ministro de Defensa belga, Sander Loos, (que pertenece también a la N-VA) en el que critica el trato que el Estado español está dando a los políticos independentistas presos y apoyando su huelga de hambre. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha tachado de "inaceptables" estas palabras y amenaza con una "respuesta" contra el Gobierno de Charles Michel.

"El ministro de Defensa belga ha hecho unas declaraciones que consideramos inaceptables y que recibirán, seguramente, una respuesta por nuestra parte", ha dicho Borrell en declaraciones a la prensa durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra en Bruselas. El ministerio de Exteriores ya se ha quejado varias veces ante el embajador belga en Madrid, Marc Calcoen. En octubre fue un paso  más allá y retiró la acreditación diplomática al delegado de Flandes en Madrid.

"Han estado en prisión más de un año. Sin ser condenados. El Tribunal (Constitucional) español ni siquiera aborda su caso. Para evitar que el Tribunal de Derechos Humanos pueda pronunciarse. Ahora se ven obligados a ir a la huelga de hambre. Ningún demócrata debe guardar silencio sobre esto", escribió Loones en su cuenta de Twitter el 1 de diciembre, poco después de que se conociera que Jordi Sànchez y Jordi Turull habían iniciado una huelga de hambre. La medida ha sido secundada por Josep Rull y Joaquim Forn, del PDeCAT; pero no por Oriol Junqueras ni Raül Romeva, de Esquerra Republicana.

Hasta ahora, el primer ministro belga, el liberal Charles Michel, ha intentado mantener un equilibrio difícil para no enfadar al Gobierno español pero tampoco a sus socios de la N-VA. Por un lado, fue el primero en criticar las cargas policiales durante el referéndum del 1-O. Por otro, se ha distanciado de las críticas contra España de los nacionalistas flamencos. "No hay conflicto diplomático entre el Gobierno belga y España", dijo Michel en la cumbre de octubre. ¿Podrá seguir sosteniendo estas contradicciones ahora que el que está en el punto de mira de España es uno de sus ministros?

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