La cuenta atrás de dos años hacia el brexit avanza imparable, pero las negociaciones de divorcio entre la UE y Reino Unido están en punto muerto. La segunda ronda se ha celebrado esta semana en un ambiente cordial, pero ha concluido sin ningún acuerdo ni resultados concretos. Eso sí, los contactos han servido para poner de relieve que la factura de salida que deberá pagar Londres, que Bruselas cifra en 100.000 millones de euros, es el principal punto de discrepancia entre las dos partes y que no hay ninguna solución fácil a la vista.
El negociador jefe de la UE, el conservador francés Michel Barnier, le ha pedido a su homólogo británico, David Davis, que aclare cuanto antes lo que está dispuesto a pagar y lo que no porque de lo contrario es imposible siquiera discutir. A diferencia de la UE, Londres no ha presentado ningún documento de posición sobre la factura del brexit. "Como le he dicho claramente a David, es indispensable una clarificación de la posición de Reino Unido para negociar y llegar a progresos suficientes sobre este expediente financiero, que es inseparable del resto de temas de la separación", ha dicho Barnier en la rueda de prensa final.
"Los británicos han venido con una larga serie de preguntas (sobre la factura del divorcio) y hemos sido capaces de responderlas todas", explican fuentes del equipo europeo. El cálculo de 100.000 millones que hace Bruselas se basa en los compromisos financieros asumidos por Londres para el actual marco presupuestario de la UE, que cubre el periodo 2014-2020. Se trata de ayudas agrícolas o fondos regionales para los países del este o España, muchos de los cuales se pagarán después del brexit. "No podemos tener una discusión seria sobre el acuerdo financiero hasta que Reino Unido no aclare su posición", señalan las fuentes.
Pero David Davis ha regateado todas las preguntas de la prensa y se ha negado a precisar qué cantidad considera razonable. "Hemos tenido conversaciones firmes pero constructivas esta semana", ha dicho. Reino Unido reconoce que ha adquirido obligaciones con la UE, pero ni siquiera asume que le salga a pagar en el divorcio. Davis se ha limitado a repetir las posiciones de su primera ministra, Theresa May, y del responsable de Exteriores, Boris Johnson, que envió a la UE a "tomar viento": se acabaron las "grandes contribuciones" de Londres a las arcas comunitarias y en ningún caso aceptará una "extorsión".
¿Podrán moverse los ciudadanos?
En estos tres días y medio de conversaciones, Bruselas y Londres sí han acercado posturas sobre los derechos de los 3,3 millones de europeos que viven en Reino Unido y 1,2 millones de británicos que residen en el continente. "Hemos identificado muchas áreas concretas en las que estamos de acuerdo", ha asegurado el negociador británico. "Persiste una divergencia fundamental", replica Barnier.
Esta divergencia se refiere a quién debe ser el garante del derecho a quedarse de los ciudadanos. Para Bruselas, no hay ninguna duda: ese papel debe asumirlo el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). "Francamente, por nuestra parte, no vemos ninguna otra forma de garantizar el carácter permanente de esos derechos europeos", ha resaltado el negociador europeo, que no se plantea hacer concesiones en este capítulo. Esta exigencia choca con las promesas del Gobierno de May de librar a Reino Unido del control de la justicia europea, una de las líneas rojas de los partidarios del brexit.
La mesa de negociación del 'brexit'
Otras cuestiones que preocupan a Bruselas son los derechos de los bebés post brexit, así como la exportación de determinadas prestaciones sociales. Por su parte, Londres ha pedido a Barnier mantener el derecho de los británicos que residen en el continente a trasladarse a vivir en otro Estado miembro. Es decir, que un jubilado británico residente en España pueda mudarse a Grecia después del brexit, tal y como puede hacer ahora. La delegación comunitaria está dispuesta a negociarlo siempre que May garantice la reciprocidad: que un español residente en Londres pueda irse una temporada al continente y conservar su derecho a volver a Reino Unido.
David Davis también ha reclamado conservar tras el brexit el derecho a voto en las elecciones locales para los británicos que viven en el continente y extender todas las garantías a los trabajadores desplazados por las empresas. Sobre la primera cuestión, Bruselas acepta discutir. En el caso de los trabajadores desplazados, la UE sostiene que no se trata de derechos de los ciudadanos sino de libre circulación de servicios y deberá negociarse en el marco de las relaciones futuras.
Finalmente, Reino Unido pretende verificar los antecedentes penales de todos los europeos que quieran quedarse tras el brexit. La UE considera que estos controles no pueden hacerse de forma sistemática.
Sobre Gibraltar no se negocia
Tampoco ha producido ningún resultado concreto la negociación sobre la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, pese a que este tema lo discuten a nivel político la número dos de Barnier, Sabine Weyand, y el segundo de Davis, Olly Robbins. "Se necesitan más discusiones detalladas", ha dicho Barnier. Pero la pelota está de nuevo en el tejado de Londres, que debe dar garantías sobre el mantenimiento de la zona de viaje común entre Reino Unido e Irlanda y sobre la continuidad de la cooperación entre Irlanda e Irlanda del Norte.
A diferencia del caso irlandés, los negociadores de la UE y de Reino Unido no han abordado en toda la semana la cuestión de la frontera entre Gibraltar y España. El ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, se reunió la semana pasada en Bruselas con Weyand y le pidió una 'frontera blanda' para trabajadores y turistas. Pero la frontera de Gibraltar no forma parte de las negociaciones de divorcio, tal y como ha exigido el Gobierno de Mariano Rajoy.
"Cuando Reino Unido sale, todas las partes de Reino Unido dejan la UE (incluido el Peñón). Es algo que no ha cuestionado nadie y por eso no ha habido necesidad de discutir sobre Gibraltar en este momento", explican las fuentes consultadas.
Bruselas y Londres han programado nuevas rondas de negociaciones para agosto, septiembre y octubre. En octubre, los líderes europeos deberán verificar si se han producido "progresos suficientes" sobre el divorcio que permitan iniciar la discusión sobre el futuro acuerdo de libre comercio que reclama May. Algo imposible si Reino Unido no cede en la cuestión de la factura de salida. Bruselas no busca pactar ya una cifra sino únicamente la metodología, pero Londres no ha querido discutir hasta ahora ni siquiera la base legal.
En el Gobierno británico siguen sin ponerse de acuerdo sobre las consecuencias de un brexit caótico sin acuerdo. El ministro de Finanzas, Philip Hammond, cree que sería muy perjudicial para la economía, mientras que el responsable de Comercio, Liam Fox, ha dicho este jueves que Reino Unido "puede sobrevivir". Davis se ha situado en un punto intermedio. "Nadie espera un mal acuerdo, Michel y yo estamos trabajando por un buen acuerdo", ha zanjado.