Esta británica de Castellón encabeza una lucha por tener un 'pasaporte europeo' tras el 'brexit'

Hasta junio, la política interesaba poco a Sue Wilson, una de los cientos de miles de británicos que viven en España. Entonces el referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea lo cambió todo. “Estaba tan destrozada por el resultado que no podía no hacer nada”, afirma a este diario. “Tenía que actuar”.

Vecina de Alcossebre (Castellón) cercana a la jubilación, Wilson teme que el brexit la prive de sus derechos como ciudadana europea y arruine su vida en el que ha sido su hogar -y el de su marido, Steve- durante la última década.

Por eso, desde hace unos meses dirige la organización 'Bremain in Spain' ('Quedarse en España' en un nombre que planta cara al 'brexit' en un juego de palabras). Hace campaña para impedir que Reino Unido abandone la UE y proteger los derechos de los expatriados. El grupo nacido a raíz del plebiscito cuenta ya con unos 4.300 miembros e integra una naciente red europea de organizaciones de expatriados británicos.

Adelantándose a las negociaciones de divorcio que Londres pretende iniciar el mes que viene, Wilson ha presentado una iniciativa a la Comisión Europea para que otorgue a los británicos una suerte de “pasaporte comunitario” que garantice su libertad de movimiento a lo ancho del continente. Se trata en realidad de extender un salvoconducto o laissez-passer, que la UE puede emitir ahora para sus funcionarios, a los ciudadanos de Reino Unido por las circunstancias del brexit.

El Gobierno británico básicamente se ha olvidado de nosotros

La CE ha admitido la iniciativa y ahora sus promotores deben recolectar un millón de firmas de al menos siete Estados miembros -por ahora llevan 11.000- para que las autoridades europeas estudien el proyecto y tomen una decisión. Fuentes de la UE afirman a este diario que la Comisión no ha juzgado todavía el contenido de la propuesta y que sólo lo hará si ésta consigue el apoyo requerido.

“Lo que esperamos lograr, independientemente de si tenemos éxito, es un montón de publicidad para nuestra causa y dejar claro a los Gobiernos europeos, incluido el británico, cuánto valoramos formar parte de la UE”, asegura Wilson, que dice amar la hospitalidad y el clima españoles.

Pero la iniciativa es también un “plan B” que busca ofrecer un potencial flotador a los británicos en caso de que las negociaciones del brexit vayan mal. Unas negociaciones en las que Wilson no tiene especial confianza. “En este momento no estoy segura de nada”, lamenta. “Confío más en el lado europeo de la discusión que en el Gobierno de Reino Unido”.

El mes pasado, Wilson compareció en el Parlamento de Londres ante la comisión selecta para el brexit de la Cámara de los Comunes en representación de los británicos en España y, en concreto, de los más de 100.000 pensionistas que viven en el país.

Los expatriados temen que el Gobierno británico deje de cubrir sus gastos médicos o que la salida de la Unión provoque todo tipo de problemas administrativos. Asimismo, España no permite a los británicos mantener su nacionalidad si quieren obtener la española, lo que genera especial incertidumbre para los emigrados aquí.

“El Gobierno británico básicamente se ha olvidado de nosotros”, afirma Wilson. “Nos están usando de la misma manera que a los ciudadanos de la UE en Reino Unido; todos somos monedas de cambio”.

Haciendo caso omiso a las demandas de activistas y parlamentarios, el Ejecutivo de Theresa May se ha negado a actuar unilateralmente para proteger a los tres millones de ciudadanos comunitarios que se calcula que viven en Reino Unido. Su situación y la de los expatriados británicos formará parte de las negociaciones de divorcio, como indicaba el llamado white paper que divulgó el Gobierno británico a principios de mes para esbozar su estrategia negociadora.

Wilson también cree que el Ejecutivo de May debe tomar medidas unilaterales para blindar el estatus de los europeos en Reino Unido, que desde el referéndum corren a hacerse con documentación que certifique su residencia. El formulario para obtener una tarjeta de residente permanente tiene 85 páginas y requiere facturas de los últimos cinco años así como un historial de entradas y salidas de Reino Unido.

“En primer lugar, creemos que es una cuestión moral. No vemos que haya una verdadera objeción a esto, ni siquiera por parte de gente que votó por el brexit”, dice sobre garantizar a los europeos el derecho a quedarse en Reino Unido. “También sería beneficioso para nuestra situación, porque mostraría a la UE que no somos tan malos como piensa”.

Pero los Veintisiete podrían tomarla con los 1,2 millones de británicos que albergan en respuesta al trato del Gobierno británico hacia los emigrantes europeos.

“Theresa May tendrá que quitarme mis derechos como ciudadana europea de mis manos inertes”

Un documento interno de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara revelado por The Guardian apunta a que dependerá de cada Estado miembro decidir el futuro de los expatriados británicos en su territorio y que las dificultades que afrontan los europeos para conseguir la residencia permanente en Reino Unido “puede influir en la forma en que los Estados miembros aborden esta cuestión”.

Después de que la Cámara de los Comunes aprobara sin modificaciones la ley que permite al Gobierno iniciar la ruptura con la UE, la Cámara de los Lores comienza este lunes a evaluar la legislación. Los lores podrían introducir enmiendas a la medida -por ejemplo, para proteger a los ciudadanos comunitarios en Reino Unido- y devolverla a la cámara baja con las esperanza de que los cambios perduren.

Wilson asegura que Bremain in Spain presionará a los lores para que respalden enmiendas que ayuden a los europeos en Reino Unido y los expatriados británicos. Asimismo, el grupo ha enviado a los legisladores un white paper alternativo, elaborado en colaboración con otras organizaciones de expatriados, que expresa sus preocupaciones y llama a enmendar la ley.

Ante la devaluación de la libra y un futuro incierto, Wilson, que hace sus pinitos dirigiendo proyectos de restauración de inmuebles, y su marido pretenden posponer su jubilación. Lo que ella tiene claro es que por ahora va hacer todo lo posible para impedir que el brexit la despoje de sus derechos. “Theresa May tendrá que quitarme mis derechos como ciudadana europea de mis manos inertes”, sentencia.