Duterte desafía a La Haya y asume su responsabilidad en la campaña de asesinatos masivos de su guerra contra las drogas

“El presidente Duterte dijo que mataran a los drogadictos, y los drogadictos murieron. Dijo que mataran a los alcaldes, y los alcaldes murieron. Dijo que mataran a los abogados, y los abogados murieron. A veces los muertos no eran traficantes de drogas ni alcaldes corruptos ni abogados de derechos humanos. A veces eran niños, pero los mataban igual, y el presidente decía que eran daños colaterales”, escribe la periodista filipina Patricia Evangelista en Some People Need a Killing (Algunas personas necesitan que las maten, por su traducción literal en español). Un libro récord de ventas en el que Evangelista relata de forma cruda y meticulosa la denominada “guerra contra las drogas” que Rodrigo Duterte emprendió a escala nacional en cuanto puso un pie en el palacio de Malacañang en junio de 2016. Una campaña brutal, dirigida presuntamente contra la criminalidad, que provocó que los cadáveres se amontonaran en los bangaray o suburbios más empobrecidos de Manila y del resto del país.

“La ‘guerra’ fue una fachada y una justificación de la brutalidad policial y, en la práctica, de los escuadrones de la muerte, que también dieron lugar a los asesinatos de los vigilantes parapoliciales y a unos 30.000 asesinatos extrajudiciales. Las principales víctimas fueron hombres de los barrios pobres de las ciudades, pero también mujeres y niños, y la violencia se extendió también a las zonas rurales”, explica por correo Tom Smith, director académico del Royal Air Force College y profesor asociado de Relaciones Internacionales.

“Muchos de los traficantes asesinados eran delincuentes callejeros. Muchos presuntos capos de la droga no fueron objetivo de las operaciones, por lo que muchos críticos afirman que la guerra contra la droga fue esencialmente una guerra contra los pobres”, subraya Georgi Engelbrecht, analista principal para Filipinas del International Crisis Group, en conversación con EL ESPAÑOL. “Detrás de la mayoría de los asesinatos parece haber agentes de policía, pero también vigilantes parapoliciales, tolerados por las fuerzas del orden. Los grupos de derechos humanos afirman también que decenas de niños fueron asesinados”.

Según los datos oficiales, la guerra sin cuartel se cobró la vida de 6.201 personas. Según las investigaciones independientes, el número de muertos en el marco de la operación sobrepasó los 12.000. Los recuentos menos conservadores elevan esa cifra hasta los 30.000. El número de fallecidos alarmó a los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), que solicitaron en febrero la emisión de una orden de arresto contra Duterte por crímenes de lesa humanidad. Un panel de tres juezas consideró que existen “motivos razonables” para creer que Duterte es “individualmente responsable del crimen contra la humanidad de asesinato”.

El escrito de la orden de detención alude a los ataques “sistemáticos y generalizados” contra población civil que el líder filipino dispuso entre “el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019”. Primero como alcalde de Davao y después como presidente.

“Pase lo que pase, estaré al frente de nuestras fuerzas del orden y del ejército. Ya lo he dicho, os protegeré y seré responsable de todo”, declaró, desafiante, Duterte. “Este será un largo proceso legal, pero les digo que seguiré sirviendo a mi país. Y que así sea, si ese es mi destino”, añadió en el vídeo de dos minutos que publicó en Facebook tras ser detenido el martes en el aeropuerto de Manila, cuando regresaba de una breve estancia en Hong Kong.

“¿Es esto una admisión de que la policía actuó mal y de que él es responsable? No lo sé”, traslada a este periódico la reportera filipina Sheila Coronel, profesora de la Escuela de Periodismo de Columbia, que sigue sin tener claro cuál será su estrategia de defensa.

Lo único claro a esta hora es que Duterte se convertirá en el primer jefe de Estado asiático en ser juzgado ante el Tribunal de La Haya. La audiencia de confirmación de cargos, paso previo al juicio, no tendrá lugar sin embargo hasta dentro de seis meses.

El expresidente filipino no apareció en la sala durante la audiencia de ayer, un mero trámite para identificar que, en efecto, el hombre que juzgará el tribunal es quien dice ser. Compareció telemáticamente desde la cercana prisión de Scheveningen. Fueron 30 minutos en los que, a ratos, Duterte prefirió dormir. Una declaración de intenciones. Su abogado, Salvador Medialdea, que denunció el “secuestro puro y simple” de su cliente, hizo saber que el expresidente filipino sufre “problemas médicos agudos”, “problemas de audición” y “problemas de visión”. Una excusa para justificar su ausencia que la presidenta del tribunal, la rumana Iulia Motoc, rebatió en francés: “Cuando llegó al centro de detención, el médico de la corte opinó que estaba completamente consciente mentalmente y en forma”.

En el vídeo en Facebook que el entorno de Duterte publicó horas antes de que aterrizara en Róterdam, el exmandatario trasladó a sus seguidores que se encontraba “bien” y que no se preocuparan por él. La estrategia de la defensa, en cambio, será pedir la libertad provisional del acusado a la espera del juicio alegando motivos de salud. Un recurso que la corte siempre ha desestimado en este tipo de casos.

“Para nosotros, víctimas de la guerra contra las drogas, éste es el primer paso para conseguir justicia”, declaró a la salida del tribunal Gilbert Andres, el abogado que representa a las familias que sufrieron la cruzada antidroga de Duterte.

Como decenas de miles de personas en Filipinas, Andres no olvida las promesas de campaña que formuló antes de hacerse con la presidencia hace nueve años. “Olvídense de las leyes sobre derechos humanos. Si llego al palacio presidencial, haré lo mismo que hice como alcalde. Vosotros, traficantes de drogas, atracadores y holgazanes, será mejor que os vayáis. Porque os mataré. Os arrojaré a todos a la bahía de Manila y engordaré allí a todos los peces”, llegó a decir Duterte.

Se acabó la impunidad

La policía filipina interceptó a Duterte en el aeropuerto de Manila siguiendo órdenes de la Interpol, según explicó después en rueda de prensa su sucesor en el cargo, Ferdinand Marcos Jr. Desde la base aérea de Villamor, adonde fue trasladado, Duterte partió hacia Países Bajos. Sus seguidores esperaban que, en el último momento, el Tribunal Supremo de Filipinas bloqueara el traslado, algo que no sucedió. Su impunidad se había esfumado. ¿Por qué?

En 2022, Duterte abandonó el cargo tras alcanzar el límite de mandatos. Le sucedió en la presidencia Ferdinand Marcos Jr., más conocido como Bongbong, hijo del dictador Ferdinand Marcos (1972-1986) y heredero de la otra gran dinastía política del país, que tejió una alianza con su hija, Sara Duterte. Ese acuerdo entre familias amparaba a Duterte frente a las denuncias de La Haya.

Pero la suerte del expresidente cambió cuando la relación de conveniencia que mantenían Bongbong Marcos y su hija, elegida vicepresidenta, se vino abajo. En parte, sostienen los analistas, como consecuencia de los distintos enfoques en materia de política exterior. Los Duterte tienden hacia Pekín, mientras que los Marcos priorizan su relación con Washington. La sed de poder también influyó en esa ruptura, sin embargo. Los niveles de desconfianza eran tales que, en junio del pasado año, Sara Duterte, que ya había acusado a Marcos de ser adicto a la cocaína, renunció a formar parte del Gobierno.

Cinco meses después de dimitir, Sara Duterte confesó haber contratado a un sicario para asesinar al presidente en caso de que ella misma fuera asesinada. Un escándalo que provocó que, en febrero, la Cámara de Representantes votara a favor de su destitución. En la lista de motivos para justificar el proceso de impeachment contra Sara Duterte, los diputados incluyeron su implicación en la guerra contra las drogas de su padre y graves acusaciones de corrupción. Será el Senado quien tenga la última palabra sobre su continuidad en el cargo.

En noviembre, la tensión fue a más cuando Rodrigo Duterte pidió a las Fuerzas Armadas que dieran un golpe para apartar de la presidencia a Marcos. “Hoy hay una gobernanza fracturada en Filipinas... Sólo los militares pueden corregirla”, declaró durante una emisión en directo en Facebook. “¿Durante cuánto tiempo apoyarán a un presidente drogadicto?”, preguntó a los uniformados.

Contra La Haya

En marzo de 2018, Duterte retiró a Filipinas de la CPI, aunque la salida definitiva no se hizo efectiva hasta un año después. El entonces presidente actuó movido por los temores de que el Tribunal de La Haya abriera el melón de las denuncias sobre las ejecuciones extrajudiciales que se estaban produciendo en el marco de su guerra contra las drogas. “No obstante, la CPI mantiene su competencia sobre los crímenes presuntamente cometidos en Filipinas mientras el país era Estado Parte en el Estatuto”, recordó esta semana la corte a través de un comunicado.

Ferdinand Marcos no revirtió la salida de Filipinas de la CPI, pero su secretario de Justicia, Jesús Crispín Remullá, declaró a principios de este año que Manila estaba abierta a colaborar con el tribunal. “Nos hemos retirado de la Corte Penal Internacional, y esa retirada ya está en vigor. Pero hemos sido muy claros en nuestras declaraciones al respecto, si la CPI hace un movimiento, y cursos el movimiento a través de la Interpol y la Interpol hace la solicitud a nosotros para la detención o entrega de la custodia de una persona sujeta a la jurisdicción de la CPI, vamos a responder, favorablemente o positivamente a la solicitud de la Interpol”, confirmó en una rueda de prensa posterior Lucas Bersamin, secretario ejecutivo del Gobierno de Marcos.

Así comenzó a fraguarse la detención de Duterte. “A medida que la relación entre Sara y Marcos Jr. se deterioraba, la administración también fue cambiando, lenta pero firmemente, su punto de vista sobre el caso. También cabe destacar que Marcos Jr. subrayó que Filipinas actuaba como socio de Interpol en lugar de seguir a la CPI como tal”, indica Engelbrecht. ¿Por qué su detención se produce ahora? “Parece ciertamente sospechoso que esto haya sucedido ahora cuando él no ha negado su responsabilidad en la guerra a muerte durante años”, responde Smith.

“Tras ganar las elecciones presidenciales de 2022, Marcos Jr. prometió que la CPI carecía de jurisdicción y que Duterte no sería tocado. Las cosas cambiaron el año pasado y a principios de este, cuando Sara Duterte se convirtió en una de las principales aspirantes a las elecciones de 2028, lanzando amenazas a Marcos Jr.”, desliza Engelbrecht. Esta teoría abona la hipótesis de que el Gobierno de Marcos Jr. decidió entregar a Duterte a la Interpol para deshacerse de un rival político y, de paso, salir bien parado.

“Esto es lo que la comunidad internacional espera de nosotros como líderes de un país democrático”, declaró el propio Bongbong tras el arresto de Duterte. En mayo, Filipinas celebra elecciones de mitad de mandato. Unas midterms al estilo de Estados Unidos. El timing no parece casual.

Una larga condena

Duterte enfrenta una larga temporada en prisión. Tardará en salir de Scheveningen, una cárcel de máxima seguridad con todo tipo de comodidades. “Las condenas anteriores por procesos similares han sido de 30 años o de muerte, dependiendo de cuestiones jurisdiccionales”, explica Smith. “A finales de mes, Duterte cumplirá 80 años y su estado de salud es delicado, por lo que se trataría de una cadena perpetua si sobrevive a un juicio que podría durar hasta ocho años”.

El exmandatario filipino dice tener varias dolencias. Un trastorno neuromuscular crónico, problemas de espalda, migrañas y una afección que puede causar obstrucciones en los vasos sanguíneos. Nada que los profesionales de Scheveningen no puedan tratar, en principio.

¿Sigue siendo popular Duterte, después de todo? “Sí, mucho. Él y su familia gozan de apoyo popular, pero no universal. La ciudad de Davao, en Mindanao, al sur de Filipinas, es su bastión”, responde Smith. “Y mucho. Es uno de los raros presidentes cuyos índices de audiencia salientes como presidente seguían siendo bastante altos”, coincide Engelbrecht. “En los días posteriores a la detención, tuvo varias protestas y concentraciones en partes de Mindanao, pero incluso fuera del país. Las razones de su popularidad son diversas. Algunos filipinos creen sinceramente que la guerra contra la droga fue lo correcto y ayudó a algunas comunidades con la delincuencia. Otros agradecen otras iniciativas suyas, como la percepción de que trajo más desarrollo a Visayas y Mindanao”.