Singapur ejecutará la semana que viene a un preso con diversidad intelectual, pese a los pedidos de clemencia por parte de varios grupos de derechos humanos. El hombre fue condenado a muerte tras entrar en el país con una pequeña cantidad de droga: 42 gramos.  

Se trata del malayo Nagaenthran Dharmalingam, detenido en abril de 2009 con 42,72 gramos de heroína durante un control fronterizo. Un año más tarde un tribunal lo sentenció a la pena capital.

Sin embargo, la evaluación psicológica llevada a cabo durante el proceso judicial, determinó que el acusado sufre problemas mentales y discapacidad intelectual.la ha hecho este jueves la ONG Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH, en inglés).

"El desprecio por los derechos humanos y las normas internacionales en el caso de Dharmalingam se ve agravado por el trato cruel hacia su familia. Después de mantenerle en el corredor de la muerte durante más de una década, ahora se apresuran a ejecutarlo y hace que sea casi imposible que su familia lo visite", apuntó Adilur Rahman Khan, secretario general de FIDH.

Los representantes legales del acusado han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de la ciudad-Estado, que será analizado el próximo lunes, para tratar de frenar la ejecución prevista para el día 10 en la prisión de Changi.

Según FIDH, las autoridades singapurenses informaron a los familiares del reo el jueves de la semana pasada, lo que unido a las restricciones de entrada a Singapur implementadas por la pandemia obstaculiza que estos puedan viajar y visitar a su familiar.

Amnistía Internacional (AI) pidió en una carta enviada este miércoles a la presidenta singapurense, Halimah Yacob, que "intervenga inmediatamente" para frenar la ejecución del malayo ya que podrían cometerse "múltiples violaciones sobre leyes internacionales de los derechos humanos".

AI subraya que los problemas intelectuales del detenido, demostrados también en posteriores análisis en 2013, 2016 y 2017, "pudieron haber afectado su capacidad para evaluar los riesgos y su relato de las circunstancias del delito".

Las autoridades malayas también tratan de mediar para anular la ejecución de la condena.

El ministro malayo de Exteriores, Saifuddin Abdullah, informó el miércoles de que ha enviado una misiva a su homólogo singapurense, Vivian Balakrishnan, para comentar el caso de su conciudadano y señaló que las autoridades malayas observan los progresos además de ofrecer asistencia consular al afectado y su familia.

En 2019, Singapur procedió a su última ejecución registrada al aplicar la pena capital -mediante el ahorcamiento- de cuatro reos, dos de ellos con delitos de drogas, según FIDH.

Tanto Singapur como Malasia, donde también se aplica la pena capital, defienden la condena a muerte como una medida disuasoria contra el narcotráfico, los asesinatos y otros delitos frente a las críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos.