La Policía de Filipinas ha destituido a veinte agentes de la provincia de Rizal, al este de Manila, tras la muerte de una niña de tres años el pasado domingo en un operativo para detener a su padre, en el marco de la guerra contra las drogas.
Los agentes, incluido el jefe de la policía en la ciudad de Rodríguez -donde ocurrió el suceso-, han entregado sus armas de fuego para determinar con una prueba balística quién disparó a Kateleen Myca Ulpina, hija del sospechoso, Renato Ulpina.
Los policías han sido relevados de sus puestos y trasladados a una oficina para realizar tareas administrativas mientras se lleva a cabo la investigación, informó a medios locales Edward Carranza, director regional de la policía de la región de Calabarzon, que incluye Rizal.
Los agentes destituidos incluyen catorce miembros de la oficina de la Policía de Rodríguez y seis de la Unidad Provincial de Inteligencia de Rizal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos - organismo constitucional independiente del gobierno - anunció hoy la apertura de una investigación formal y ha mandado un equipo a Rodríguez para recabar pruebas y testimonios.
"Pedimos al gobierno que acelere la investigación sobre el asunto y permita que el estado de derecho prevalezca", señaló en un comunicado la portavoz de la Comisión, Jaqueline De Guia.
La versión policial sostiene que Myca - que habría cumplido 4 años a final de mes - fue utilizada como escudo humano por su padre, que también murió en el operativo, aunque la madre lo niega y asegura que toda la familia estaba durmiendo cuando la policía irrumpió en la casa.
La muerte de la menor ha causado una fuerte controversia en Filipinas, donde varios grupos defensores de los derechos humanos han vuelto a alertar sobre los abusos y la impunidad de la campaña contra las drogas, iniciada por el presidente Rodrigo Duterte y que en tres años se ha cobrado más de 27.000 víctimas, aunque la policía solo admite haber matado a 6.600 sospechosos.
A raíz de esta muerte, el representante de Human Rights Watch en Filipinas, Carlos Conde, recordó en un comunicado que Myka se suma a una lista de más de un centenar de niños asesinados en esa brutal campaña, que además ha dejado miles de menores huérfanos y desamparados, la mayoría en las zonas urbanas más empobrecidas.
"Los recuentos de la policía sobre las redadas antidroga no son fiables porque se ha demostrado que los agentes fabrican pruebas y plantan pruebas para justificar sus asesinatos", señaló Conde.
El caso de Myka recuerda al asesinato a sangre fría de Kian de los Santos, en agosto de 2017 cuando tenía 17 años, a manos de la policía, que alegó que era un sospechoso que se resistió al arresto, aunque una cámara de seguridad registró lo ocurrido y desmintió la versión policial.
Tres agentes fueron condenados el pasado noviembre a 40 años de prisión por ese asesinato, que causó gran conmoción en la opinión pública, la única condena a policías por las ejecuciones extrajudiciales de la campaña hasta la fecha.