El Gobierno estadounidense ha restaurado este sábado miles de visados para los ciudadanos de los siete países a los que afectaba el veto migratorio impuesto hace una semana por el presidente Donald Trump. La decisión del Departamento de Estado (DHS, su sigla en inglés), llegaba horas después de que el juez James Robart bloqueara de forma temporal y con efecto inmediato el polémico veto, forzando al Gobierno a cambiar su protocolo.
La respuesta de Trump no tardó en llegar. La vía fue la habitual: su cuenta en la red social Twitter. "La opinión de este supuesto juez, que esencialmente arrebata a nuestro país la capacidad de aplicar la ley, es ridícula y será anulada", afirmó el presidente estadounidense en la red social. "Cuando un país ya no es capaz de decir quién puede y quién no puede entrar y salir, especialmente por razones de seguridad - ¡gran problema!", agregó.
El presidente Trump respondía así a la decisión de un juez federal de bloquear su veto migratorio.
La agria embestida de Trump hacia el "supuesto juez" no ha sorprendido entre los analistas políticos locales. "¿Te sorprende realmente? Esta es la forma en que se comunica. Cada minuto de cada día informamos con sorpresa por la forma en que se comporta, totalmente diferente a cómo lo hacían los presidentes Obama, Bush o Clinton. Pero esto es lo que la gente que le votó quería", ha afirmado en CNN la periodista Salena Zito en respuesta a un indignado presentador que le pedía su opinión sobre la salida de tono en Twitter del presidente.
No es la primera vez que Trump se refiere en esos términos a un juez. El pasado mes de junio, arremetió contra el juez federal encargado del caso de presunto fraude de la universidad que lleva su nombre. Pero, ¿quién es el juez que ha desafiado su veto migratorio?
El juez comprometido con la comunidad y los refugiados
El juez Robart fue nominado por el expresidente republicano George W. Bush en 2004. Antes se encargó de representar a los desfavorecidos y refugiados. Robart, que preside el estado de Washington, nació en 1947 en Seattle, se graduó en el Whitman College en 1969 y en la Escuela de Derecho de Georgetown en 1973. Hasta su nominación como juez federal se desempeñó como abogado en el sector privado.
Robart fue presidente y fideicomisario de un centro de menores en Washington que ofrecía ayuda a familias para mejorar la vida de los niños. Esta labor fue públicamente reconocida durante su acto de confirmación como juez federal con el agradecimiento público de la senadora demócrata Patty Murray por su "generoso sentido del servicio comunitario a través de su trabajo con jóvenes en riesgo y con necesidades especiales", recoge CNN.
En esta ocasión también se reconoció públicamente su apoyo como abogado de oficio a refugiados. "Ha sido un abogado activo en la representación de desfavorecidos a través de la firma Evergreen Legal Services y representando de forma independiente a refugiados del sureste asiático", afirmó el senador republicano Orrin Hatch.
Él mismo afirmó durante su confirmación que los tribunales han de ser utilizados para ayudar a los ciudadanos que sienten que han sido vulnerados sus derechos civiles. "Creo que algo que conseguí fue mostrar a algunas de las personas que sintieron que el sistema legal estaba en su contra o no era justo fue mostrarles que estaba hecho para su beneficio y, si se usaba correctamente, podía ser una oportunidad para buscar compensación si habían sido perjudicados", afirmó según el medio estadounidense.
El juez, que asumió el cargo prometiendo tratar a todos con "dignidad y respeto", no es una figura desconocida en los medios estadounidenses.
El año pasado, unas declaraciones al hilo de un caso de supuesto abuso policial iniciado por la Administración Obama contra el Departamento de Policía de Seattle, generaron gran controversia. Durante una audiencia, citando datos del FBI, afirmó que "de los tiroteos de la Policía que provocaron muertes involucraron a un 41% de personas negras, pese a que sólo representan un 20% de la población que reside en esas ciudades". "41% de las víctimas, 20% de la población, las vidas negras importan", afirmó Robart haciendo referencia al movimiento 'Black Lives Matter' contra la violencia hacia las personas negras.
La Justicia buscará suspender la orden judicial
Robart justificó la suspensión de la orden apoyándose en que las "circunstancias presentadas" ante él requerían una "intervención para cumplir con el papel constitucional" de la rama judicial, una de las tres que componen el Gobierno.
Sin embargo, la decisión anticipa una larga batalla en las cortes que probablemente llegue hasta el Tribunal Supremo, dado que el fallo es transitorio, hasta que Robart tome una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden presidencial o hasta que una instancia judicial superior decida levantarla.
Para recurrir la decisión de Robart, el Departamento de Justicia debe acudir a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California) y, si no logra su objetivo podría hacerlo ante el Supremo. El Departamento de Justicia tiene previsto "presentar lo antes posible una petición de urgencia para que se suspenda la orden" judicial que paralizó el veto migratorio de Trump, indicó a EFE una portavoz del Gobierno, Gillian Christensen.
La orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 27 de enero suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados de EEUU y paralizaba durante 90 días la emisión de visados para los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen. No está claro a cuántos de los 60.000 extranjeros se les canceló físicamente el visado y no podrán, por tanto, utilizarlo para viajar a EEUU, aunque el resto de personas sí podrán embarcar con destino al país.
Qatar Airways fue el primer operador en anunciar que viajeros de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen pueden volar a ciudades estadounidenses si cuentan con la documentación válida. Posteriormente, Air France, Iberia y Lufthansa replicaron la medida.
La oposición critica a Trump
Las palabras de Trump hacia el juez Robalt han resonado entre los demócratas y varios analistas locales, que han considerado una falta de respeto hacia la independencia judicial del país. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer ha afirmado que "el ataque del presidente al juez James Robart, nombrado por Bush y aprobado con 99 votos (de los 100 integrantes del Senado), muestra un desdén por un sistema judicial independiente, que no siempre se ajuste a sus deseos y una constante falta de respeto a la Constitución".
A través de un comunicado, Schumer insinuó que las declaraciones de Trump podrían influir en el tratamiento que los demócratas darán a la nominación del juez Neil Gorsuch, designado esta semana por el mandatario para cubrir la plaza vacante en el Tribunal Supremo.
"Esto hace aún más importante que el Tribunal Supremo sirva como mecanismo independiente de control de la Administración", apuntó.
"Con cada acción que pone a prueba la Constitución, y cada ataque personal a un juez, el presidente Trump lo pone aún más difícil para la nominación de Gorsuch para el Tribunal Supremo. Su capacidad de ejercer un control independiente será central en el proceso de confirmación", añadió Schumer.
Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy, miembro del comité judicial del Senado, tildó de "peligrosa" la "hostilidad" de Trump hacia el juez federal y coincidió con Schumer en que el nominado por el presidente para el Supremo deberá "demostrar su capacidad" de contrarrestar los posibles excesos del Ejecutivo.
El gobernador del estado de Washington, el demócrata Jay Inslee, opinó que el "ataque" de Trump al juez federal no encaja con "la dignidad" que debe mostrar un presidente y exhibe "una actitud que puede llevar a Estados Unidos hacia la calamidad".