Victoria legislativa para Milei: el Senado aprueba por un voto su ley estrella entre graves disturbios

La cámara alta debatió largas horas y al momento de resolver hubo empate, pues 36 senadores votaron a favor y 36 en contra. La pelea final mantuvo al país en vilo y en el último momento desempató la vicepresidenta argentina y titular del Senado, Victoria Villarroel, votando por el sí.

La aprobación de la ley por un solo voto ha sido en general. Los 223 artículos del proyecto seguían siendo examinados uno a uno y votados respectivamente. El tratamiento se prolongaba durante la noche del miércoles hora local (mañana de jueves en España).

Protestas

Las protestas contra la ley Bases tuvieron lugar frente al palacio legislativo. Miles de manifestantes la rechazaron pacíficamente por considerar que será un retroceso de los derechos sociales. En medio de la marcha aparecieron jóvenes que lanzaron piedras a los uniformados e incendiaron un par de coches.

El Gobierno reprimió la protesta enviando a policías antidisturbios que cercaron el edificio y no permitieron que nadie se acercara. Dispararon balas de goma, gas pimienta, bastonazos, y chorros de agua. Hubo 32 manifestantes detenidos y seis diputados fueron gaseados y debieron recibir atención médica.

El presidente interpretó esa violencia con su mirada peculiar. Sostuvo, en un comunicado, que quienes protestaban eran “grupos terroristas” munidos de “palos, piedras e incluso granadas” y los acusó de “intentar un golpe de Estado atentando contra el normal funcionamiento del Senado”. A la vez, felicitó a los uniformados “por su excelente accionar” en la represión.

Hasta ahora el mandatario, que se autodefine anarco capitalista, es amigo de Vox y de otros partidos de extrema derecha, no había logrado una sola ley, por ello había tildado a los parlamentarios de “ratas” y “mierdas”. Esa carencia legal causaba dudas sobre la gobernabilidad y el derrotero de su administración.

De hecho, todavía el Gobierno no cuenta con una ley de presupuesto económico 2024 y viene administrando el país únicamente con el llamado “mega DNU”, un amplísimo decreto de necesidad y urgencia presidencial que abarca centenares de áreas, desde la impositiva hasta la sanidad.   

Sin embargo, el presidente desafió ayer en público: “Me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada”. Y agregó que la nueva ley “hará que  Argentina pase, en términos de libertad económica, 90 puestos arriba. Pasaríamos a parecernos a Alemania, Francia o Irlanda. Será un avance notable”.

Como su bloque tiene sólo siete escaños en el Senado, recurrió a la persuasión para sumar adhesiones. En la campaña presidencial 2023 había llegado a vender cargos electivos en las listas de su partido, La Libertad Avanza, a cambio de cobrar cada uno entre 10 y 50 mil dólares, según varias denuncias.

Pero esta vez ha sido al revés: hubo compra de votos a senadores no oficialistas. La senadora Lucila Crexell votó a favor después de ser nominada próxima embajadora en la Unesco, París, cargo de 11.000 euros al mes. La senadora fue denunciada en la Justicia por “cohecho”. También circularon fuertes versiones de tarjetazos bancarios entre los escaños.

La ley Bases antes era conocida como ley ómnibus porque contenía 664 artículos y reformaba casi todo en Argentina. Desde ceder poderes legislativos al presidente durante dos años prorrogables a todo el mandato, hasta privatizar 41 empresas públicas, pasando por prohibir que más de tres personas se manifestaran en la calle y detenerlas si no cesaban en su actitud.

Pero esa pretenciosa reforma no consiguió pasar por el parlamento, que lo rechazó de plano. Entonces el Gobierno recortó 441 artículos, sobre todo las medidas más radicales. Así, pasó a llamarse ley combi, descafeinada, menos pretenciosa. Y el 30 de abril último el Congreso de los Diputados le dio su media aprobación.

"En emergencia"

La ley declara que Argentina se encuentra “en emergencia” en asuntos administrativos, económicos, financieros y energéticos, por lo cual cede poderes legislativos en dichas materias al Presidente, que podrá dictar decretos y resolver cuestiones estratégicas  sorteando al poder legislativo.

En materia laboral, flexibiliza los contratos de trabajo extendiendo el período de prueba de tres meses a un año y permite a las pymes emplear cinco colaboradores autónomos sin los beneficios de un trabajador. También rebaja la indemnización en caso de despido sin causa y  amnistía a las empresas multadas por emplear trabajadores ‘en negro’.

En cuestiones tributarias, rebaja hasta 89 por ciento el impuesto al patrimonio a los ricos y blanquea sin multas dinero y bienes por valor de hasta 93 mil euros que hayan estado ocultos al fisco. A la vez, restituye el impuesto a la renta a los salarios brutos superiores a 1600 euros y sube la cotización a los trabajadores por cuenta propia.

A los grandes inversores –más de 197 millones de euros- que quieran venir a hacer negocios en Argentina les da la bienvenida con varios beneficios: exenciones impositivas y aduaneras durante 30 años, hasta 2054. También les da vía libre para que mantengan sus beneficios en otros países y giren utilidades a sus casas matrices.

Respecto a las privatizaciones, de las 41 empresas públicas vendibles sólo quedaron ocho: Energía Argentina SA (exploración hidrocarburífera), Intercargo (servicio de rampa aérea), Aguas Argentinas (ex Aguas de Barcelona), Sociedad Operadora Ferroviaria, tren Belgrano Cargas, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina SA, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (ex Isolux Corsan).

Milei se vio obligado a resignar la mayoría de las privatizaciones que planeaba en aras de conseguir más adhesiones entre los senadores no oficialistas. Así, Aerolíneas Argentinas (ex Iberia y ex Marsans), Radio y Televisión Argentina (equivalente a RTVE), y Correo Argentino seguirán en manos del Estado.

El apa Francisco I se sumó a quienes se oponen en general a las privatizaciones. Ayer recibió en el Vaticano a varios sindicalistas, entre ellos, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Y accedió a fotografiarse con ellos junto a una bandera de la compañía estatal Aerolíneas Argentinas y otra del sindicato.