El amplio decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía dictado en diciembre por el presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió un duro revés este jueves al ser rechazado por el Senado y afrontará ahora un test definitivo en la Cámara de Diputados, donde podría resultar invalidado definitivamente.
Tras poco más de cinco horas de debate, la Cámara Alta rechazó el 'megadecreto' por 42 votos en contra del instrumento firmado por Milei, 25 a favor y cuatro abstenciones, y ahora será llevado para su tratamiento a la Cámara de Diputados, por lo que de momento el decreto sigue vigente.
Tras la votación en el Senado, Milei escribió un mensaje en su cuenta de la red social X donde tachó de "traidores a la patria" a quienes votaron en contra. Por su parte, el portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, lamentó que por primera vez en la historia rechazaran un DNU "a apenas tres meses de asumir el nuevo Gobierno".
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El DNU 70/2023 de "bases para la reconstrucción de la economía argentina" fue firmado por Milei el 21 de diciembre, pocos días después de asumir la Presidencia argentina.
Entre otras cosas, el decreto, que junto con el proyecto de la denominada 'ley ómnibus', conforma el corazón de las ambiciosas reformas pretendidas por Milei, deroga unas 80 leyes y modifica otras 300 normas.
"Este decreto es nulo de nulidad absoluta por tomar disposiciones que son atribuciones del Poder Legislativo", aseveró el senador José Mayans, del bloque peronista Unión por la Patria, al pronunciarse a favor de votar por la invalidez del DNU.
Por su parte, el senador oficialista Ezequiel Atauche defendió el DNU al aseverar que "Argentina está en urgencia" y que la política debe demostrar que está "lista para cambiar" y pidió a los legisladores que "dejen gobernar" a Milei.
Decisión del Parlamento
Tras el rechazo mayoritario en el Senado, el DNU será analizado en la Cámara Baja, donde la formación oficialista de ultraderecha La Libertad Avanza también es minoritaria y tendría dificultades para convalidarlo, en cuyo caso el decreto resultará anulado.
El instrumento es rechazado por buena parte de la oposición política, no sólo en el Parlamento, sino también entre los gobernadores de provincias, todos opositores.
En la votación de este jueves en el Senado, el rechazo vino del bloque peronista, legisladores de fuerzas provinciales y algunos miembros de la Unión Cívica Radical.
El capítulo del decreto referido a una reforma laboral fue suspendido por un tribunal a petición de los sindicatos, mientras que otros aspectos del decreto fueron objetados por la provincia de La Rioja (norte) ante la Corte Suprema, que aún debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del denominado 'mega DNU'.
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La sesión especial de este jueves fue convocada por la titular del Senado y vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, después de que senadores opositores pidieran tratar el DNU en el pleno.
Hubo críticas puertas adentro del oficialismo por la decisión de Villarruel de convocar a la sesión en vez de esquivar la maniobra opositora.
El miércoles, la propia Presidencia argentina emitió un comunicado en el que expresó su "preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta".
Sin especificar a quién se refería el texto, se desató una ola de especulaciones sobre los presuntos cortocircuitos entre Milei y Villarruel, ante lo cual Adorni aseguró este jueves en rueda de prensa que "no hay ningún tipo de pelea o interna con la vicepresidenta".
Otros proyectos parados
Adicionalmente al decreto, Milei envió en diciembre al Parlamento un proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con medidas y reformas amplias y una polémica delegación al Ejecutivo de facultades que son propias del Legislativo.
Debido a la intransigencia de la oposición y del Gobierno a negociar y acordar aspectos diversos del proyecto, la denominada 'ley ómnibus' naufragó en su tratamiento parlamentario.
Tras ello, el 1 de marzo, Milei propuso a los gobernadores firmar el 25 de mayo un nuevo "pacto fundacional", con una decena de puntos en materia económica y política, a condición de que se apruebe primero un nuevo acuerdo en materia fiscal y la 'ley ómnibus', que el Ejecutivo reimpulsa ahora con algunas modificaciones.
Así, el Gobierno afronta desafíos clave para sacar adelante instrumentos que considera fundamentales para llevar adelante sus ambiciosas reformas, con renovadas tensiones políticas por el severo plan de ajuste fiscal aplicado por Milei y el descontento social por la elevada inflación, la caída del poder adquisitivo de los hogares y el freno a la economía.