La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, dijo este martes que "la sentencia ya estaba escrita", después de que la Fiscalía pidiera el lunes una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria (2007-2015).
"La sentencia ya estaba escrita", recordó Cristina Fernández que ya había dicho en la declaración indagatoria que realizó en 2019, en un discurso que emite este martes a través de sus redes sociales desde su despacho en el Senado, del que es presidenta.
Cristina Fernández está acusada de un presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato entre 2007 y 2015 y del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) en la austral provincia de Santa Cruz.
Declaración de Cristina Fernández
"Los fiscales pudieron leer su guión durante nueve jornadas. Me hubiera gustado hablar frente al tribunal", dijo este martes Cristina Fernández, para luego quejarse de que no le hayan permitido transmitir ni televisar la declaración indagatoria en 2019 y que ahora le hubieran rechazado la ampliación de su indagatoria.
"No debía sorprenderme porque, tal como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita", indicó.
El fiscal Diego Luciani ha solicitado también diversas penas para Lázaro Báez, el exministro de Planificación, y otros exfuncionarios kirchneristas. "Es la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", dijo Luciani en un extenso alegato.
En su cuenta oficial de Twitter, la actual vicepresidenta expresó su enfado: "En abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas".
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En la misma línea, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró que la petición de su clienta tiene como objetivo asegurar su "derecho a una defensa legítima en juicio". No obstante, la fase indagatoria ya ha terminado. En las próximas horas se sabrá si finalmente se le otorga otorgada la posibilidad de ampliar su declaración. O si, por el contrario, le es denegada esta nueva oportunidad.
Ante esta petición, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado en su cuenta oficial de Twitter que la decisión de la Fiscalía es una muestra más de la "guerra judicial y mediática" declarada contra los "gobiernos progresistas".