Once jornadas de protesta en las calles de Ecuador contra el Gobierno y el enfado sigue en aumento, así como la violencia. Ya son cuatro los fallecidos en el marco de estas movilizaciones, "daños colaterales" en palabras del ministro del Interior, Patricio Carrillo.
"Existen cuatro personas que han perdido la vida en las manifestaciones", ha confirmado Carrillo en una visita en el hospital a agentes heridos. "Lamentamos todos los daños colaterales -ha añadido-. La policía protege derechos, no ataca, pero tiene que defender las libertades del resto también".
El ministro ha querido desligar a la autoridad de las muertes, recordando por ejemplo que la primera de las víctimas, el lunes, se trataba de un joven que cayó desde una altura de 100 metros. ONG denuncian que un contingente policial lanzaba gases lacrimógenos para impedir su entrada en la capital, Quito.
La segunda víctima, el martes, se registró en la provincia andina de Azuay durante una manifestación disuelta por la policía. Según Carrillo, los primeros exámenes practicados apuntan a "una muerte natural por hipotermia y cirrosis". En este caso, grupos pro Derechos Humanos aseguran que la víctima, de unos 38 años, fue hallada con "signos de violencia en sus costillas" y rodeada de cargas de gases lacrimógenos.
Un hombre de 39 años
La tercera, un joven en la ciudad de Puyo, capital de la amazónica provincia de Pastaza, resultó de una turba que logró incendiar y saquear una oficina bancaria y una comisaría. El movimiento indígena, principal convocante de las movilizaciones, denuncia que al fallecido le dispararon "a quemarropa" en la cabeza una bomba lacrimógena.
El caso más reciente es un hombre de 39 años que falleció este jueves durante los enfrentamientos acontecidos en el parque El Arbolito, en el centro de Quito, tras recibir aparentemente impactos de balas de goma y un racimo de perdigones que, según Carrillo, no usa la policía sino los propios manifestantes.
Las protestas comenzaron el lunes 13 de junio para reclamar que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controle el coste de los productos básicos, que se condonen deudas a familias campesinas, que no se privaticen empresas públicas o que no prolifere la actividad minera y petrolera en la Amazonía.