Tras casi cinco meses de lucha con la Justicia para sacar adelante su candidatura a las presidenciales, Lula da Silva tira la toalla. Desiste de ser candidato, se retira de la carrera y le pasa el testigo a Fernando Haddad.

Era el final esperado de para una batalla que el Partido dos Trabalhadores (PT) y Lula siempre supieron perdida pero que han insistido en llevar hasta el final. Este martes se terminaba el plazo para que el PT cambiara a su candidato a las presidenciales, después del veto del Tribunal Superior Electoral a la candidatura de Lula. Y el partido hizo lo que se esperaba: apurar hasta el último momento y presentar a Haddad. 

Condenado en segunda instancia a 12 años de cárcel por corrupción, Lula ingresó en prisión el pasado abril, tras ver rechazados en la Justicia todos sus recursos. Pero la narrativa política no cambió: desde la cárcel, Lula clamaba por su inocencia, se decía víctima de una persecución política y aseguraba que seguiría siendo candidato a las presidenciales. El PT, por su parte, garantizaba que no había ningún Plan B.

Pero, uno tras otro, todos los recursos de Lula se fueron agotando hasta que no le restaba otra salida al PT que presentar a Haddad y confiar en que Lula, líder en todas las encuestas, sea capaz de transferirle sus votos.

A Lula no le queda otra que hacer campaña por su compañero de filas y enfrentar la Justicia, ahora que ya no tiene posibilidad de obtener el aforamiento y, con eso, eludir la cárcel. Si Lula hubiera conseguido presentarse a las elecciones y, como indicaban los sondeos, hacerse con la presidencia, los procesos judiciales se suspenderían hasta final de su mandato.

Los presidentes tienen un aforamiento privilegiado que, además de garantizarles ser juzgados sólo por el Tribunal Supremo, les protege contra procesos judiciales que ya existían antes de asumir el puesto y que no tengan que ver con el ejercicio del cargo. La última esperanza de Lula para eludir la cárcel y que se esfuma tras la retirada de su candidatura.

Proceso largo y controvertido

Lula ha abandonado la carrera electoral pero no la lucha por su integridad, y sigue insistiendo en que su condena es resultado de una persecución política injusta, una manera de perjudicar al PT. "Mi condena es una farsa judicial, una venganza política, usando medidas excepcionales en mi contra. (...) No quieren inhabilitar al ciudadano Lula, quieren inhabilitar al proyecto de Brasil aprobado en cuatro elecciones consecutivas", cuenta en una carta.

Ésta ha sido la tesis de Lula a lo largo de todo el proceso. Llevó el proceso hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU y consiguió una recomendación del organismo internacional para que Brasil reconociera sus derechos políticos y le permitiera presentarse a las elecciones. Una recomendación que la Justicia brasileña no ha acatado y que ha desatado las críticas sobre la injerencia abusiva de los tribunales en la política brasileña.

"Vivimos un momento inédito. El caso Lava Jato fue un macro caso de corrupción, que involucra a todos los partidos, con muchas piezas que no han llegado a su final. Y está claro que, al haber condenado e inhabilitado a Lula, la Justicia está entrando en la política, pero eso es legítimo en democracia. El caso es saber si esa injerencia es correcta", cuenta Michael Freitas, profesor de la Fundación Getulio Vargas.

La recomendación de la ONU no cuestiona la legalidad de la Ley Ficha Limpa, que ampara la inhabilitación de Lula al estar condenado en segunda instancia, pero sí se pregunta si la condena es correcta. "Es cierto que Lula tiene razón en algunos puntos. Su caso fue el más rápido, el que ha tenido la condena más dura y justo antes de unas elecciones que, según todos los sondeos, le harían presidente del país. Es un caso muy complicado. El 'timing' y la contundencia de la decisión resultan extraños. Pero eso no significa que no sea correcta, simplemente que, ante la recomendación de la ONU las explicaciones que se han dado han sido insuficientes", analiza.

De académico a presidente

Este septiembre Lula tendría que haber declarado ante el juez Sergio Moro (el mismo que le condenó en el caso Lava Jato) por otro caso de corrupción, pero el magistrado decidió aplazar la vista hasta después de las elecciones para evitar su "explotación electoral".

Al convertirse en un apoyo de Haddad, la ley permite a Lula ocupar el 25% del tiempo de campaña y su primera acción ha sido enviar una carta apelando al voto en Haddad. "Quiero pedir, de corazón, a todos los que votarían por mí que voten por el compañero Fernando Haddad para presidente de la República", dice en la nota.

Pero hacer de Haddad el nuevo presidente de Brasil no será tarea fácil. "Está claro que no tiene el mismo carisma que Lula”, contaba Freitas, a este periódico hace unos días, “pero nadie lo tiene. No hay nadie en la política brasileña que siquiera se acerque a Lula a ese nivel, que conecte con la gente de la misma manera”.

A un mes de las elecciones, el tiempo escasea y Bolsonaro, el líder ultraderechista apuñalado la semana pasada, no para de crecer en las encuestas. Haddad tendrá que salir a la calle, acercarse al electorado y hacer creer a la clase trabajadora, donde Lula recaba más apoyos, que su perfil de académico e intelectual de izquierdas puede dar paso a un político pragmático, capaz de entender las necesidades de la gente y plasmarlas en su programa.