Es una decisión inédita en la democracia brasileña y está despertando las críticas y la preocupación de varios sectores de la sociedad. El pasado 16 de febrero, el presidente del país, Michel Temer, decretó una intervención federal en Rio de Janeiro y entregó la seguridad pública a los militares hasta finales de año. “La situación es grave y exige medidas extremas”, justificaba el presidente. Sin embargo, los críticos tienen una visión distinta y acusan al mandatario de utilizar el miedo de los ciudadanos para hacer propaganda política.
“Las razones presentadas por Temer son, como mínimo, extrañas. Está claro que la seguridad en Rio es un problema, pero toda la alarma que se ha construido alrededor de este Carnaval no es cierta”, explica Arthur Trindade Costa, miembro del Fórum Brasileño de Seguridad y exsecretario de Seguridad Pública. “En la base de la decisión pueden estar razones de índole electoral, utilizando la seguridad de los ciudadanos para ganar votos y esconder algunos fracasos políticos”, señala.
El ejército brasileño toma las calles de Río de Janeiro
Uno de los argumentos de Temer fue la supuesta escalada de violencia este Carnaval, pero los datos oficiales confirman el análisis de Trindade Costa. Según el Instituto de Seguridad Pública, los crímenes más violentos en esas fechas han disminuido con respecto al año pasado: de 94 homicidios en 2017 se ha pasado a los 86. Costa señala también que “el número de muertes violentas en Rio de Janeiro en los últimos 10 años ha caído un 37%”. “¿Si los índices bajan, por qué nos empeñamos en hacer creer a la gente que estamos ante una situación peor?”, pregunta.
La explicación puede estar en la popularidad de Temer. Según la encuesta de Datafolha del 31 de enero, el índice de aprobación del presidente brasileño es de un 6%, mientras que un 70% de los ciudadanos le reprueban. Esto, sumado a la previsible derrota del Gobierno en la reforma de la seguridad social que intentaba implementar (y que no irá a votación finalmente por la intervención federal), componía un escenario desfavorable para Temer de cara a las elecciones presidenciales de octubre.
“La única agenda política de Temer era la reforma de la Seguridad Social y sabía que iba a perderla. La intervención es una cortina de humo que el presidente pretende capitalizar políticamente”, explica Michel Misse, sociólogo y profesor de la Universidad de Federal de Rio de Janeiro. Además, destaca, “hay que tener en cuenta que Rio de Janeiro está en colapso, con una crisis fiscal tremenda que no le permite pagar los sueldos de varios funcionarios públicos, con lo que eso conlleva a nivel de crispación social”.
Un general con poderes absolutos
La intervención federal fue aprobada esta semana por el Senado y deja en las manos del general Walter Souza Braga Netto el control de toda la seguridad del estado de Rio de Janeiro: la Policía militar y civil, los bomberos e incluso los funcionarios de prisiones. “Son 100.000 personas. ¿Qué general en el mundo comanda a 100.000 personas? Sólo en una situación de guerra”, señala Trindade Costa.
Los poderes de Braga Netto son absolutos en el sentido en que depende directamente del presidente del país, el único al que tiene que rendir cuentas. “El hecho de que no dependa de ningún poder local facilita su independencia pero también es un problema si algo sale mal. Porque tendrá tanto poder que será muy difícil apartarlo. Incluso para el presidente”, analiza el experto.
Soldados piden la identificación de dos residentes en en una favela de Rio.
Braga Netto es un general muy respetado, “al que le gusta poco hablar” y que se ha mostrado contrario a la utilización de militares para solucionar conflictos civiles, como la pacificación de favelas. “Las pocas veces que se ha pronunciado sobre el tema se ha mostrado cercano a esa posición, pero es un militar y, al final, el Ejército es el que va a tener que solucionar esto”, dice.
¿Con qué plan entonces? “Nadie lo sabe. Creo que ni él mismo, porque no ha estado en las reuniones previas al decreto de la intervención y no hay una estrategia todavía”, cuenta Trindade Costa. “En la población de las zonas más pobres hay mucho miedo de que se repita la fórmula de siempre: con más violencia y más abusos contra esas comunidades. Espero que no lo haga porque ya sabemos que termina en fracaso”.
En la memoria de todos está aún la intervención militar en el complejo de favelas da Maré, donde viven 140.000 personas, antes del Mundial de 2014, y que duró 15 meses. Seis tanques patrullaban todos los días las 16 favelas del complejo, a cada 600 metros había trincheras de sacos de arena y alambre de espino y los soldados armados se cruzaban con los habitantes en lo que parecía un escenario de guerra.
Una guerra perdida
“Se ha generado mucha violencia y ¿para qué? Han pasado tres años y no ha cambiado nada. Ahora mismo, mientras hablamos, está ocurriendo una operación policial y ya ha habido un tiroteo. Estamos como antes o peor”, denuncia Edson Diniz, uno de los responsables de la ONG Redes da Maré.
Los gastos oficiales estimados de la operación de 2014 rondan los 600 millones de reales (150 millones de euros), una cifra, dicen las ONG, que podría haber hecho milagros si se hubiesen empleado de otra manera. “Estamos cansados de la lógica de la guerra, lo que hay que hacer es invertir en servicios de inteligencia y en los servicios básicos de la comunidad, en mejorar su calidad de vida, en la educación”, analiza.
“La guerra contra el narcotráfico, que es la que alimenta toda la violencia, se está perdiendo”, dice. “Hay que cambiar la estrategia, llevamos 50 años combatiendo la violencia con violencia y lo único que se consigue es que muera más gente y aumente el consumo. ¿Algo se estará haciendo mal, no?”
Michel Misse tiene la misma opinión. “Todas las operaciones para pacificar las favelas con los militares han fracasado. Vamos de fracaso en fracaso y repitiendo patrón”. Para el sociólogo, el problema de las drogas debe dejar de ser “una cuestión policial” y pasar a ser entendida como “un problema de salud pública”. “Hay que descriminalizar el consumo y afrontar el problema como lo que es: un tema de salud”, sentencia.
El ejército patrulla las calles de una favela.
En las favelas se respira intranquilidad. “La gente tiene mucho miedo de que sus derechos sean vulnerados, de que vuelva a morir gente en tiroteos, de que vuelvan las detenciones y registros arbitrarios”, explica Edson Diniz. En el centro de las preocupaciones está el mandato colectivo, un documento judicial utilizado entonces en la Maré y que da a los militares poderes para registrar cualquier inmueble de la favela.
El ministro de Defensa, Raul Jungmann adelantó la posibilidad de volver a utilizarlo la semana pasada y ha motivado las críticas de asociaciones de abogados, jueces y medios de comunicación. “No hay justificación para esto. No está declarado el estado de sitio, ni el estado de guerra; los derechos y garantías de la población tienen que estar asegurados”, dice Trindade Costa. “Es algo absolutamente anticonstitucional, ilegal incluso, es un tema que debería estar fuera de cualquier plan”, enfatiza Misse.
Corrupción policial
A la espera de un plan definitivo, todos confían en que la estrategia de intervención se centre en lo que consideran ser el verdadero problema y una de las mayores lacras del país: la corrupción policial. “Al reportar directamente al presidente, Braga Netto estará libre de las presiones locales y podrá tener las condiciones necesarias para iniciar un proceso de saneamiento de la policía”, explica Trindade Costa.
“Muchas de las cosas que pasan con el tráfico de droga o el mercado ilegal de armas, ocurren con el conocimiento y la connivencia de la policía y eso es lo que hay que solucionar. Pero aunque exista voluntad por parte del general, el ejército tampoco tiene competencias de investigación y recolección de pruebas… es complicado”, recuerda Misse.
Todo lo demás que pueda hacer, dicen, ya sea seguir la línea de mano dura e intervención violenta o limitarse al aumento del número de efectivos en las calles como pasó durante los Juegos Olímpicos de 2016, es puro “maquillaje político”. “Son medidas momentáneas, sin ningún tipo de efectividad a largo plazo y que lo único que hacen es aprovechar el miedo de la ciudadanía para conseguir réditos políticos”, resume Trindade Costa.
La intervención cuenta con el apoyo de las clases media y alta brasileña, fomentado por ese miedo a los atracos y a los tiroteos callejeros. “Claro que apoyan la medida. Los soldados no entrarán en los barrios acomodados para registrar casas. Eso lo harán aquí, en las favelas” critica Edson Diniz. “Seguimos promoviendo una visión jerarquizada de la violencia donde los más pobres son los culpables y sus derechos no importan”, concluye. “Y eso es muy dañino para la democracia brasileña”.