Hace años que las normas internacionales establecidas saltaron por los aires. Como muestra, la invasión rusa de Ucrania y las sanciones occidentales, comedidas si se tiene en cuenta que hay países que aún le compran gas a Moscú. O que tras reactivarse el genocidio en Darfur (Sudán), el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, escribiese un aséptico tuit en el que afirmaba sentirse desolado. No obstante, el último ejemplo de este caos internacional en el que estamos inmersos está en Mali, donde la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2021 arrestó hace diez días al CEO de la minera Resolut, Terry Holohan, para resolver una disputa económica.
La compañía australiana, que opera en Mali y en Senegal, tenía un desacuerdo con el Gobierno maliense desde hacía varios meses. En concreto, las autoridades del país africano reclamaban a Resolut 100 millones de francos CFA (unos 152.360 euros) en concepto de impuestos atrasados. Por su parte, la compañía asegura que "haber seguido todos los procesos oficiales con respecto a sus asuntos y ha proporcionado a las autoridades respuestas detalladas de las operaciones realizadas". Pero las autoridades malinienses lo niegan. Así, con la intención de encontrar una solución, Holohan decidió viajar a Bamako, la capital de Mali.
Sin embargo, nada más llegar, el empresario y otras dos personas que le acompañaron fueron detenidos en el hotel para ser interrogados. De eso han pasado ya diez días y los tres continúan presos, a pesar de que fuentes de la diplomacia británica sostienen que "les están tratando bien". En un mundo proporcionado, el Gobierno maliense habría acudido a los tribunales correspondientes para zanjar la cuestión, pero, al parecer, la vía legal se antojaba insuficiente para los militares en el poder. O puede que demasiado lenta. En su lugar, parecen haber encontrado una alternativa válida en el arresto del CEO de la compañía, acusado de falsificación y daño a la propiedad pública.
Terry Holohan, CEO de Resolut Mining.
Inmediatamente después de conocerse lo sucedido, las acciones de la minera se desplomaron un 33% en el mercado de valores. Esto representa su mayor bajada desde 1988 y obliga al Gobierno australiano a suspender la venta de acciones de la compañía de forma temporal.
El rescate: 160 millones
La disputa giraba en torno a la localización minera de Syama, conocida por sus importantes yacimientos auríferos, y de la cual el Gobierno maliense dispone un 20% de las participaciones. Tras varios días, esta semana se ha conocido que Resolute pagará al Gobierno maliense 160 millones de dólares como "rescate" por su CEO. Unos 80 millones de dólares fueron embolsados de forma inmediata, mientras que el resto se pagará a lo largo de los próximos meses. Además, una de las condiciones para la liberación de Holohan consiste en firmar un memorando de entendimiento entre la minera y el Gobierno maliense. Pero, pese a todo lo firmado (y lo pagado), lo cierto es que Holohan sigue preso, a pesar de que Reino Unido y Australia están intentando garantizar su liberación.
Hace varios años que la junta militar de Mali comenzó una agresiva campaña de renegociaciones con el sector minero, ya que pretende aumentar la participación estatal en las minas del 20% al 35%. El secuestro y la extorsión se han convertido desde entonces en sus métodos preferidos. Durante el pasado mes de octubre, las autoridades malienses acusaron a la minera Barrick Gold de incumplir los acuerdos firmados y detuvieron a cuatro de sus empleados tras acusarlos de "delitos financieros".
En un comunicado posterior, la junta militar indicó que había decidido extraer todas las consecuencias legales derivadas de las acciones emprendidas" por la minera y amenazó con retirar sus concesiones para el yacimiento de Loulo-Gounkoto. En esta línea, tres fuentes distintas afirmaron a la agencia de noticias Reuters que los malienses exigían el pago de más de 500 millones de dólares en concepto de impuestos atrasados, de los cuales se pagaron finalmente 80 millones como "gesto de buena fe", según un comunicado de la compañía.
Pese a que puede suponerse lógico que Mali busque ampliar el control sobre sus propios recursos -movida en parte por el nuevo panafricanismo que se extiende por África Occidental- no son pocas las voces que ponen en duda la agresividad de sus métodos. Las detenciones se han realizado bajo acusaciones concretas, pero no se han hecho públicos los detalles, que permitirían dirimir si han sido encarcelados bajo una base lega o si, sencillamente, han sido secuestrados como parte de un chantaje.
Sobre esto, un diplomático europeo habituado a trabajar con las juntas militares del Sahel expresaba hace unos días a EL ESPAÑOL lo difícil que es abrir vías de colaboración con los Gobiernos de Mali, Níger y Burkina Faso. Según afirmaba, los militares "se impacientan" rápidamente a la hora de enfrentarse a los engranajes burocráticos de los organismos internacionales y tienden a buscar atajos o, en cualquier caso, a buscar asociaciones con otras naciones, como con Rusia. Con todo, parece que tampoco sienten la necesidad de seguir un orden internacional que evite desastres mayores.