Sudáfrica, en un embrollo legal para recibir a Putin en la cumbre de los BRICS sin tener que arrestarle

Sobre papel, Vladímir Putin puede (y debe) ser detenido en 123 países. La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo contra el presidente ruso por, presuntamente, cometer crímenes de guerra en Ucrania, obliga a los firmantes del Estatuto de Roma a cooperar en el arresto si el acusado pone un pie en sus territorios. En la práctica, sin embargo, no todos los países están dispuestos a cumplir su deber legal de manera automática.

Entre ellos se encuentra Sudáfrica, que pese a reconocer la autoridad del tribunal internacional, parece estar barajando acoger a Putin en la próxima cumbre de los BRICS que se celebrará en Johannesburgo del 22 al 24 de agosto. Como anfitrión, el Gobierno sudafricano extendió las invitaciones a los jefes de Estado del club a finales del año pasado, cuando todavía no pesaban acusaciones internacionales formales sobre el jefe del Kremlin.

Este viernes, sin embargo, el país ha ratificado su decisión durante la reunión en Ciudad de Cabo de diplomáticos de las cinco economías emergentes que conforman el grupo. "El presidente Putin es uno de los líderes de los BRICS y está invitado a la cumbre, aunque la orden de la CPI es un motivo de preocupación", ha asegurado la ministra de Exteriores, Naledi Pandor, que ha esquivado las preguntas sobre si se detendrá o no al presidente ruso en caso de que decida asistir a la cumbre.

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"Actualmente estamos analizando cuáles son las opciones legales con respecto a este asunto y el presidente es la persona adecuada para hablar sobre una vez que haya llegado a una conclusión", indicó Pandor. De hecho, ante estas complicaciones, ya en abril, el mandatario sudafricano, Cyril Ramaphosa, nombró un comité interministerial encabezado por su vicepresidente, Paul Mashatile, para investigar cómo aplicar la ley ante una visita del presidente ruso. Y al parecer parecen haber encontrado la fórmula de recibir a Putin sin tener que arrestarle. 

La trampa de la inmunidad

Esta misma semana, el ministerio de Exteriores sudafricano anunció que otorgaba inmunidad diplomática general a los participantes de la reunión de verano, alegando luego que se trataba de un procedimiento "estándar" para cualquier territorio que organiza un evento de este calibre. "Estas inmunidades no anulan ninguna orden que pueda haber emitido un tribunal internacional contra cualquier asistente a la conferencia", aseguró el portavoz de la cartera, Clayson Monyela, a través de Twitter.

No obstante, hay quien ve en esta decisión una trampa legal que permitiría pasar por alto la orden de arresto internacional. Y es que, en principio, el Artículo 27 del Estatuto de la CPI asegura que "las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona [...] no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella".

No obstante, otro, el Artículo 98 constata que "la Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad". 

"Como Estado parte, el país no puede eludir legalmente la detención, ya que la inmunidad no se contempla en el marco del Estatuto de Roma"

Carlos Gil, doctorado en Derecho Internacional Penal

En este sentido, el Gobierno sudafricano podría estar tratando de jugar la carta de la ambigüedad legal, al menos de cara al escenario. "Como Estado parte, el país no puede eludir legalmente la detención, ya que la inmunidad no se contempla en el marco del Estatuto de Roma", explica Carlos Gil, doctorado en Derecho Internacional Penal a EL ESPAÑOL.

"Otra cosa es que se esté tratando de buscar una justificación política para no cumplir con sus responsabilidades", sostiene el experto, que resume que "Sudáfrica podría estar tratando de primar la política por encima del Derecho". Sobre todo porque no es la primera vez que ocurre. En 2015, el Gobierno ya permitió que el entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, acudiese a una Cumbre de la Unión Africana en Pretoria sin ninguna consecuencia, a pesar de que sobre él pesan dos órdenes de detención por presunto genocidio y crímenes de guerra.

Así, para evitar que haya "una ambigüedad legal sobre el procedimiento a seguir para arrestar a Putin en cuanto ponga un pie en el país", el partido que lidera la oposición en Sudáfrica, Alianza Democrática (AD), ha emprendido acciones legales, según recoge la agencia Efe. 

La formación ha presentado ya una demanda ante el Tribunal Superior de Gauteng, provincia donde están Johannesburgo y Pretoria, para pedir una "orden declaratoria" que estipule que, si Putin llega al país para acudir a la cumbre de los BRICS, el Gobierno sudafricano debe arrestarlo.

En cualquier caso, primero habrá que ver si Putin se atreve finalmente o no a salir de Rusia, ya que desde el inicio de la invasión a Ucrania ha evitado los viajes internacionales. "Participaremos en esta cumbre al nivel adecuado", se limitó a decir el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en declaraciones al medio estatal ruso Ria Novosti.