'Mossalaha' -'reinserción'- es el programa al que se habrían sometido los 9 presos relacionados con los mayores ataques terroristas en Marruecos, que causaron la muerte a 45 personas el 16 de mayo de 2003 en Casablanca. Ocho quedaron en libertad y otro se benefició de la conmutación de la pena de muerte a 30 años de cárcel, este mes tras un indulto real.
El monarca Mohamed VI concedió el perdón a 13 presos relacionados con delitos de terrorismo el 19 de agosto, víspera de la celebración del día de la Revolución del Rey y del Pueblo. Se les otorgó la gracia real "después de que expresasen su apego a las constantes de la Nación, a sus valores sagrados e instituciones; revisaran sus posiciones y pensamientos, y expresasen su rechazo al extremismo y al terrorismo, afirmando que han vuelto al camino correcto", justificó en un comunicado el ministro de Justicia, Mohamed Aujjar.
Con el indulto, el rey Mohamed VI atendió a una demanda de los militantes salafistas que salieron a la calle en Rabat el pasado mes de mayo, con motivo del 14 aniversario de los atentados de Casablanca, para solicitarle que intercediera en favor de los condenados. Los islamistas, que siempre han defendido su inocencia, solicitaban una apertura de la investigación judicial de las condenas en 2003, y la abolición de la ley antiterrorista, que fue aprobada en Marruecos por procedimiento urgente tras estos sucesos.
Hasta el momento los presos recibían visitas policiales en prisión, pero este año autoridades y salafistas han emprendido un verdadero diálogo, cuando una representación de diez detenidos se reunió con el presidente de los Ulemas, organismo religioso oficial, y con el delegado de la administración penitenciaria.
Más de mil presos por terrorismo
Al finalizar 2016 había más de mil presos condenados por causas relacionadas con el terrorismo. A éstos va también dirigido el programa porque las prisiones pueden ser un ámbito para la organización y desarrollo del movimiento salafista, y podrían transformarse en un vivero para los terorristas.
El proyecto, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), combate la difusión de ideas extremistas en los centros penitenciarios. El objetivo principal es proteger a los presos de la ideología oscurantista, pero también facilitar la reintegración de personas condenadas por causas relacionadas con el terrorismo.
Se trabaja en tres ámbitos, el aspecto religioso, derechos humanos, y la rehabilitación y acompañamiento psicológico. El programa 'Mossalaha' se encarga de que los participantes tengan un buen "entendimiento y asimilación" de los textos sagrados. En su segundo ciclo, se les proporcionan conocimientos sobre el marco jurídico y legal que rige la interacción en la sociedad, sus derechos y obligaciones. Posteriormente se les somete a varias pruebas psicológicas en diferentes momentos y se les prepara para acceder a la rehabilitación socioeconómica, que sería el cuarto eje del programa para facilitarles la reintegración definitiva en la sociedad.
Abderrahim Ghazali, portavoz de la Coordinadora de Presos Islamistas, integrada también por expresos islamistas, asegura que "no existe tal programa" y que la gracia real benefició a prisioneros "normales" mientras las "figuras principales fueron excluidas", además debido al número elevado de salafistas en la cárcel considera que trece indultos "son un número reducido". Esta agrupación cree que no deja de ser una medida política más para contener a los radicales dentro de las cárceles, pero sí explica que tienen reuniones cada seis meses con personal de la administración penitenciaria y con el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la prisión de la localidad de Salé en verano y en la de Laarjate en invierno.
Por su parte, Chema Gil, experto en terrorismo y gran conocedor de Marruecos, ve difícil que una persona que es capaz de degollar y cortarle la cabeza a un niño de 12 años pueda ser recuperable. Diferencia entre la conducta de "matar en la lejanía" o a "espada saltándole la sangre encima", que pone de manifiesto dos personalidades que "incurren en un conducta criminal abyecta y debe ser corregida penalmente con toda la dureza, pero en algún caso es recuperable".
Gil hace referencia a la manera de atentar en varios puntos de Casablanca contra instituciones españolas, donde no sólo se usaron bombas y se inmolaron terroristas, sino que también hubo matanza a mano con cuchillos y espadas.
Precisa a EL ESPAÑOL que "si hablamos de elementos que ya están radicalizados pero que no se han incorporado al sitio de conflicto y han mantenido el adoctrinamiento pasivo -que es condenable en España y Marruecos- es posible que con un tratamiento penal podamos abordar conductas desradicalizadoras".
Según las últimas estadísticas, la zona de conflicto de Siria e Iraq acoge a más de 1.631 yihadistas marroquíes, de los que 225 son antiguos condenados por terrorismo en Marruecos.
Algunos casos de estos programas de rehabilitación han demostrado efectividad en Marruecos, aunque en España están por desarrollar. "Hay algunas asociaciones que están realizando algo, pero a pasos muy lentos en una materia que nos desconcierta", detalla Gil.
Por debajo de los indultos reales y de los programas de reinserción está igualmente la lucha contra el hacinamiento. Las cárceles en Marruecos, con 80.000 presos, sufren de saturación debido a los detenciones preventivas.
Según el delegado de la Administración Penitenciaria y la Reintegración, Mohamed Salah Tamek, "los medios materiales y humanos asignados al sector penitenciario no acompañan el aumento considerable de la población carcelaria". El promotor de esta iniciativa puso en marcha anteriormente talleres de formación y producción, y creó incluso una radio intramuros para luchar contra la radicalización en las prisiones.
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