"Fui sorprendido", aseguraba António Costa al anunciar su dimisión. El que ha sido primer ministro de Portugal durante los últimos ocho años se va después de que la Fiscalía portuguesa haya anunciado en un comunicado que será investigado por el Tribunal Supremo, por ser éste el competente para investigar al jefe de Gobierno.

Sobre la mesa hay sospechas de que intervino "para desbloquear procedimientos" en negocios relativos a exploración de litio y producción de hidrógeno verde. Dice la Fiscalía que tienen escuchas en las que los investigados por corrupción, prevaricación y tráfico de influencias "invocaron" el nombre de Costa.

Mencionaban su autoridad como primer ministro y aseguraban en virtud de ella "su intervención" para avanzar con el negocio que fuera necesario. Lo que se investiga es si eso se produjo en dos tratos concretos: en concesiones de exploración de litio en las minas de Montalegre y Boticas, en el norte del país, y en un proyecto de gran magnitud de hidrógeno verde, la joya de la corona de la transición energética lusa.

Esa operación implicaría la transformación de la antigua central termoeléctrica de Sines a través de un consorcio de trece empresas, entre las que figuran las eléctricas más importantes del país: EDP y Galp. Recibieron unos 30 millones de fondos europeos para ello. También está bajo la lupa el proyecto de construcción de un data center en Sines desarrollado por la sociedad Start Campus.

Ambos negocios levantaron sospechas casi desde el inicio en el país.

Hidrógeno verde con apoyo de la UE

Este es sin duda el negocio de mayor envergadura. La apuesta del Gobierno de António Costa por esta energía ha sido incuestionable en los últimos años, en los que se ha buscado que el país fuera referente europeo en producción y llegado el caso también en exportación. 

Una idea que comenzó a explorarse en 2018. El entonces ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, contactó a las principales energéticas del país. La idea era aprovechar en casa los recursos: formar un consorcio nacional con EDP, Galp y REN.

La idea desembocó en un proyecto algo más amplio, GreenH2Atlantic. Formado por trece empresas, entre ellas las lusas EDP y Galp y la francesa Engie, consiguió en diciembre de 2021 hasta 30 millones de euros de financiación europea; GreenH2Atlantic fue una de las tres iniciativas de hidrógeno verde seleccionadas en el ámbito del programa Horizonte 2020 Green Deal de la Comisión Europea.

Era un espaldarazo nada despreciable (el presupuesto global del proyecto ascendía a 76,6 millones de euros) para instalar un electrolizador de 100 megavatios (MW) con un sistema que permitirá conectarse directamente con la energía renovable local, tanto solar como eólica. Se preveía que entrara en operación en 2025.

El negocio estuvo sobre la mira de la Justicia ya en 2021. La Policía Judicial abrió entonces una investigación sospechando que había habido trato de favor a este consorcio por parte de Matos Fernandes.

En la televisión portuguesa apareció entonces el empresario holandés Marc Rechter, presidente de Resilient Group, quien presentó al Gobierno portugués el proyecto original para crear hidrógeno verde en Sines y exportarlo después por vía marítima a Rotterdam. 

"Nos pidieron que hiciéramos un consorcio, así que confiábamos en cerrar un acuerdo", dijo a la televisión pública RTP. Meses después quedó fuera y vio como ese negocio lo cerraban las compañías portuguesas.

Minas de litio

Las dudas sobre el hidrógeno surgieron precisamente a raíz de una investigación sobre la concesión de explotación de minas de litio en el norte del país que también avanzaba en aquel año. El litio se había convertido en otro maná para el Ejecutivo luso, que de nuevo buscaba una posición dominante ante una UE que buscaba asegurar minerales críticos.

Se impulsaron entonces muchos proyectos que generaron controversia porque el desajuste entre la calidad de los minerales extraídos, baja en comparación con el impacto medioambiental. En Montalegre, además, llamó la atención la empresa concesionaria: Lusorecursos.

La compañía garantizó la concesión de la exploración en 2018. Como recuerda la prensa portuguesa, lo hizo a través de otra empresa que creó apenas tres días antes de firmar el contrato: Lusorecursos Portugal Lithium, con un capital social de 50.000 euros y sede en la Junta de Freguesía -órgano administrativo inferior a un ayuntamiento- en Montalegre.