El Gobierno de Argentina ha puesto fin a un pacto suscrito en 2016 con Reino Unido para alentar el desarrollo económico y la explotación de las islas Malvinas y de las zonas aledañas, con vistas a retomar, a corto plazo, las negociaciones bilaterales por la soberanía del archipiélago.
El ministro de Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, ha notificado en persona a su homólogo británico, James Cleverly, la ruptura del conocido como 'Pacto Foradori-Duncan', que por parte argentina fue suscrito en la etapa del presidente Mauricio Macri.
"El Gobierno argentino ha propuesto retomar las negociaciones por la cuestión de la soberanía y para ello impulsa una reunión en la sede de ONU en Nueva York", ha anunciado Cafiero en Twitter, tras reunirse con Cleverly en los márgenes de la cumbre del G-20 en India.
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Cafiero ha puesto sobre la mesa "una agenda de temas" que, "como mínimo", deben formar parte de una futura negociación, con la que Buenos Aires dice estar cumpliendo sendos mandatos de la Asamblea General de la ONU y del Comité de Descolonización.
Para el actual Gobierno de Argentina, la "cuestión Malvinas" pasa por ser "una política de Estado", según el ministro, que ha abogado por "honrar el compromiso" adquirido por el actual presidente, Alberto Fernández, para relanzar el proceso.
La disputa por la soberanía del archipiélago se remonta al siglo XIX e implicó en 1982 una guerra directa entre los dos países. Buenos Aires se ha mostrado tradicionalmente en contra de cualquier gesto hacia Londres, por lo que el pacto de 2016 era visto con especial recelo principalmente en la izquierda política.
El Ministerio cree que dicho texto "realizaba concesiones a los intereses británicos en la región y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía", según fuentes del Gobierno citadas por la agencia Télam que han denunciado que el acuerdo abría la puerta a la explotación "ilegal" de pesca o de recursos minerales.
Asimismo, el actual Ejecutivo ha criticado que en su día el 'Pacto Foradori-Duncan' pasase por un simple comunicado conjunto y no como un acuerdo internacional, lo que habría conllevado someterlo a votación en el Congreso.