De la subida del precio del billete de metro a una nueva Constitución. Ese es el origen y el resultado final de la travesía chilena hacia una nueva Carta Magna. Fue el 18 de octubre de 2019 cuando unos estudiantes hicieron un llamado a manifestarse contra las tarifas del transporte público. Ese llamado desembocaría en protestas multitudinarias por la mejora de condiciones de vida que hicieron temblar los cimientos de uno de los países más estables de Sudámerica.
La posibilidad de redactar una nueva Constitución se convirtió en una realidad apenas un mes después del estallido social, con el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Las protestas, que dejaron decenas de muertos, no cesaron hasta marzo de 2020. La pandemia acaparó todo el protagonismo y, con la gente en sus casas, la revuelta social se detuvo. Ese acuerdo fue una reforma de la Constitución —la vigente— para poder iniciar el proceso de creación de la próxima. Finalmente, en octubre de 2020, un plebiscito nacional decidió con el 78% aprobar el cambio que abría paso a la nueva Carta Magna.
Dos años depués del estallido social, la redacción de la nueva Ley Suprema de Chile está en pleno proceso. 155 miembros —todos elegidos por voto popular— forman la Convención Constitucional. Bajo su responsabilidad: redactar la nueva Constitución antes de julio de 2022 para sustituir a la vigente desde 1980, creada bajo el mandato del dictador Augusto Pinochet. EL ESPAÑOL ha podido conversar con Rocío Cantuarias, abogada y una de las integrantes de la Convención Constitucional.
La Convención Constitucional durante una sesión el pasado 3 de noviembre.
Aunque el órgano responsable de la nueva Constitución se formó en julio de este año, de momento no hay artículos redactados. Hasta mediados de octubre de este año la Convención se encargó de establecer las reglas de funcionamiento de la Convención. Con este trámite finalizado, los constituyentes ya discuten los próximos artículos del nuevo texto.
Reformas insuficientes
La Carta Magna vigente de Pinochet ha sido reformada en más de 50 ocasiones. En 2005 una importante reforma acabó, entre otras materias, con la figura autoritaria de los senadores designados por las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema. Tras esta reforma, el entonces presidente chileno socialdemócrata Ricardo Lagos, vaticinó a la actual Ley Superior como "democrática" que "no divide al país", dando a entender que el amarre a la dictadura de Pinochet ya no existía. "La vida nacional puede fluir ahora como un río por este cauce institucional", pronunció Lagos tras la reforma.
Manifestaciones en Chile en 2019 exigiendo mejores condiciones de vida.
Pero en las protestas de 2019 y en la votación de octubre de 2020 se demostró que, pese a las decenas de reformas, la mayoría del país exigía un cambio mayúsculo. La Constitución actual se sigue viendo como una herencia de Pinochet, que la convierte en ilegítima y, sobre todo, como el origen del papel residual del Estado en la prestación de servicios públicos básicos como la salud y educación.
Los cambios trascendentales
¿Qué cambiará la nueva Constitución? El modelo económico del Estado, el sistema político y el reconocimiento de los pueblos originarios se postulan como los cambios más significativos en Chile. La nueva Carta Magna supondrá un marco de país diferente al que rige en el país sudamericano desde que se instauró la democracia en los 90.
Con la mayoría de la Convención siendo de izquierdas, todo apunta a que el papel del Estado pasará de subsidiario, como consagra el texto actual, a uno más social que busque mejorar los servicios públicos. Es decir, de la obligación de "garantizar el acceso a las prestaciones de salud", como dice la Constitución actual, quizás se pase a que el Estado deba proveer directamente esos servicios, por ejemplo. Aunque sea un cambio semántico más que una realidad, el cambio está garantizado. "Lo primero que se va cambiar es el modelo económico chileno", afirma en conversación con este periódico Rocío Cantuarias.
El sistema económico actual dirá adiós, y junto a ello el sistema presidencial chileno que rige desde que se estableció la democracia. "Hay dos opciones sobre la mesa: un sistema semipresidencialista, con jefe del Estado y jefe del Gobierno, o un sistema parlamentario. El sistema va a cambiar sí o sí", cuenta a este diario Cantuarias. Chile ya tuvo el parlamentarismo entre 1891 y 1925.
Plurinacionalidad
Los pueblos originarios tienen una presencia destacada en la Convención Constitucional. Elisa Loncón, del pueblo mapuche y una de las 17 representaciones indígenas, preside la Convención. Los pueblos originarios no están actualmente reconocidos constitucionalmente —sí lo están por la Ley Indígena— y se prevé que con el nuevo texto lo sean.
La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, sostiene la bandera mapuche .
Los indígenas, sin embargo, no se conforman con el reconocimiento de la Constitución. Una de los debates de la Convencion gira entorno a un posible Estado plurinacional donde se acepte la autonomía de los 10 pueblos originarios representados en la Convención —entre ellos los mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas— junto al reconocimiento de sus lenguas y cultura. La presidenta de la Convención, en una entrevista con el diario El País, dio como ejemplo las autonomías de España y el modelo territorial de Canadá.
Para el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios hay amplio consenso en la Convención. La plurinacionalidad, sin embargo, requerirá más debate para determinar sus implicaciones exactas. "El modelo de comunidades autónomas español quizás es una opción. Probablemente se evalúe. En todo caso, aún no hay una definición clara de lo que significará, en este caso, la plurinacionalidad", opina la constituyente Rocío Cantuarias.
Ambiente tenso
Hasta la fecha, el ambiente en el órgano constitucional no es precisamente de consenso y diálogo. "Por ahora la Convención ha estado cargada de tensión y de soberbia. Espero que próximamente, en las diferentes comisiones, se dialogue más", afirma Cantuarias a este diario.
La Convención se ha visto señalada por varios episodios que han llamado la atención. En julio, dos constituyentes subieron al estrado del excongreso chileno —donde se reúnen— disfrazados de dinosaurio y del personaje de Pokémon Pikachu en forma de protesta durante un receso.
Los dos constituyentes chilenos disfrazados de dinosaurio y Pikachu en julio de 2021.
En septiembre se desveló que el miembro de la convención Rodrigo Rojas Vade se inventó que tenía cáncer con el objetivo de construir su figura política. Rojas, en realidad, padecía sífilis. Renunció a su cargo en el órgano constitucional tras el escándalo. Fue uno de los rostros visibles del estallido social de 2019 y acaparaba mucha atención por su supuesta enfermedad.
El último episodio llamativo fue el pasado 26 de octubre, cuando el constituyente Nicolás Núñez salió al estrado a tocar la guitarra y cantar durante la asamblea. "Tenía un discurso preparado, un discurso bien lindo, pero la verdad es que ya han hablado 20 personas y al final no me quedó nada, así que ya no tengo discurso", explicó Núñez.
Meses cruciales
El próximos año marcará el futuro de Chile. En los nueves meses que vienen el país encara tres episodios políticos decisivos. El primero y más inmediato es el juicio político a Sebastián Piñera por supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero en las Islas Vírgenes. El Senado decidirá este martes si aprueba su destitución, aunque parece complicado que ocurra. La oposición no tiene suficiente apoyo en el Senado.
Apenas cinco días después del juicio político se celebran las elecciones presidenciales. Dos candidatos se postulan como los aspirantes: Gabriel Boric, del Frente Amplio de izquierda en alianza con el Partido Comunista, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, calificado como el Bolsonaro chileno. Las encuestas muestran igualdad entre los dos candidatos de cara al 21 de noviembre y todo apunta a que la segunda vuelta de las elecciones, el 19 de diciembre, decidirá quién es el sucesor de Piñera.
Sebastián Piñera durante una rueda de prensa en el palacio de La Moneda, Santiago.
Finalmente, la nueva Constitución, el episodio más determinante para la democracia chilena. La Convención tiene la obligación, por ley, de tener la nueva Carta Magna lista para julio de 2022, que entonces se someterá a la aprobación del pueblo chileno para que den su visto bueno a los cambios más importantes en su historia democrática. En definitiva, nueves meses que ponen en jaque la estabilidad chilena de los últimos 30 años tan codiciada en Sudámerica.