Cientos de miles de personas de minorías musulmanas se enfrentan a persecuciones, torturas y encarcelamientos masivos a manos del Gobierno chino en la región autónoma uigur de Sinkiang, según un nuevo informe publicado este jueves por Amnistía Internacional (AI).
La organización acusa a China de cometer crímenes de lesa humanidad contra grupos étnicos minoritarios, sometidos a "vigilancia masiva sistematizada" y "obligados a abandonar sus tradiciones religiosas, prácticas culturales e idiomas locales".
La investigación, la más ambiciosa impulsada por AI en la zona, se basa en el testimonio de decenas de personas que estuvieron detenidas en "centros de transformación mediante la educación", considerados por la ONG como campos de internamiento.
El informe 'Como si fuéramos el enemigo en una guerra: Internamiento masivo, tortura y persecución por parte de China de personas musulmanas en Sinkiang' denuncia que las autoridades del país han aplicado "draconianas medidas represivas" contra la población de etnias uigur, kazaja, hui, kirguís, uzbeka y tayika con el pretexto de acabar con el terrorismo.
Según Amnistía Internacional, China ha encarcelado a cientos de miles de personas y ha enviado a campos de internamiento a otros cientos de miles más, una cifra que "incluso quizás llegue al millón o lo supere".
Palizas, hacinamiento y privación de sueño
Un centenar de voces de supervivientes recogidas por la investigación, iniciada a comienzos de 2017 en Sinkiang, aseguraron haber sufrido palizas, privación de sueño y hacinamientos en comisarías como paso previo al traslado a centros de internamiento.
Todos los entrevistados por Amnistía Internacional fueron detenidos por conductas lícitas, según la organización, como poseer un cuadro de tema religioso o comunicarse con alguien del extranjero, y sufrieron torturas u otros malos tratos.
Un funcionario que participó en arrestos masivos a finales de 2017 narró a la ONG cómo la policía se llevaba a personas de sus casas sin previo aviso y las detenía sin un debido proceso.
La investigación sostiene que los considerados campos de internamiento funcionan como cárceles donde los arrestados no tienen autonomía y se exponen a duros castigos por "desobediencias triviales".
Cuando salen del internamiento, las personas están sometidas a vigilancia electrónica y personal "casi constante", según la organización, que denuncia en su informe de 160 páginas el "tremendo esfuerzo" por parte del Gobierno chino para ocultar sus acciones de represión.
La secretaria general de AI, Agnès Callamard, remarcó este jueves en la presentación virtual del documento que los susodichos campos de internamiento son solo una parte de la campaña de vigilancia en masa impulsada por parte de las autoridades chinas.
Opacidad y encubrimiento masivo
Ante "una de las crisis de derechos humanos más apremiantes a nivel mundial", Callamard insta a la comunidad internacional, a la que acusa de "hacer poco" por la población afectada, a implementar medidas para acabar con la "opacidad" de China en la región de Sinkiang.
Según el informe, las personas que denuncian la situación son amenazadas, arrestadas y maltratadas, y cientos de miles de ellas se encuentran en paradero desconocido, aunque la ONG apunta que "es posible que muchas sigan detenidas en los campos".
Callamard insta a China a "desmantelar de inmediato" los campos de internamiento y, además, insta a Naciones Unidas a abrir una investigación independiente para obligar a rendir cuentas a los responsables de los crímenes que denuncian los supervivientes.