La supervivencia del controvertido acuerdo firmado a finales de marzo entre la Unión Europea y Turquía para frenar la llegada de refugiados y migrantes a las islas griegas está en peligro. Ankara se niega a cambiar su ley antiterrorista como pide Bruselas por considerar que el concepto que maneja el Gobierno turco de terrorismo es demasiado amplio e incluso afecta a periodistas opositores. Y las continuas amenazas del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su círculo más próximo, empiezan a colmar la paciencia de los líderes europeos.
“Las amenazas no son el mejor instrumento diplomático, así que deberían dejar de usarse, porque no producirán efecto alguno”, se quejó el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker durante la reunión del G-7 en Tokio que concluyó este viernes. “No toleraremos ningún chantaje de Turquía”, ha dicho el líder del Partido Socialista Europeo, Sergei Stanishev.
Erdogan lleva varias semanas lanzando avisos a Bruselas de que el acuerdo migratorio está en riesgo. El primero, la salida forzada del primer ministro Ahmet Davutoglu. Davutoglu fue el que negoció el pacto con la UE y al que los líderes europeos consideraban su interlocutor privilegiado, porque apostaba por el diálogo más allá de la retórica incendiaria del presidente turco.
Desde entonces, Erdogan no ha parado de protestar porque considera que los europeos no cumplen las contrapartidas exigidas por Ankara. De los 6.000 millones de euros prometidos, la UE sólo ha desembolsado hasta ahora 250 millones. Y es improbable que se cumpla el plazo del mes de junio para suprimir los visados a los turcos que viajan a Europa. Ankara no cumple todos los requisitos, en particular el referido al cambio de la legislación antiterrorista.
“Nosotros vamos a seguir nuestro camino y vosotros id por el vuestro”, espetó Erdogan a los líderes europeos el pasado 6 de mayo. Días más tarde, uno de sus asesores más próximos, Yigit Bulut, advirtió de que si Bruselas no respeta lo prometido y trata a Turquía con un “doble rasero”, el Gobierno de Ankara suspenderá todos sus acuerdos con la UE, incluido el migratorio. “Deben saber que si mantienen esta actitud, Turquía tomará decisiones muy radicales muy pronto. Podría revisar todas sus relaciones con la UE, incluyendo la unión aduanera y los acuerdos de readmisión de inmigrantes”, afirmó.
Resultados desiguales del acuerdo
El propio Juncker sostiene que el acuerdo con Ankara está dando resultados. El polémico pacto prevé la deportación a Turquía de todos los migrantes y refugiados, incluidos los sirios, llegados a las islas griegas desde el 20 de marzo. Las organizaciones humanitarias han denunciado que la UE está vulnerando el derecho de asilo al externalizar así la gestión de la crisis de los refugiados. También el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) tiene dudas sobre el pacto.
Hasta ahora, su resultado más destacado ha sido una caída drástica en el número de migrantes que llegan a las islas griegas. De una media de 2.000 entradas diarias durante los meses de enero, febrero y marzo, se ha pasado a 128 personas al día entre el 23 de marzo y el 24 de mayo, según los datos de la Comisión. La ruta de los Balcanes se ha cerrado por completo y se ha reducido la presión sobre Alemania, donde se dirigían la mayoría de los refugiados. La canciller Angela Merkel es la principal promotora del acuerdo con Erdogan.
En el resto de capítulos del acuerdo, los avances son más desiguales. Pese a este fuerte descenso, desde su entrada en vigor han llegado alrededor de 10.000 personas. Pero hasta el 24 de mayo sólo se había devuelto a 441. El resultado es una mayor carga para Grecia, donde se concentran ya alrededor de 53.000 refugiados y migrantes. La mayoría estaban allí antes del acuerdo con Turquía y quedaron atrapados tras el bloqueo de la ruta de los Balcanes. En teoría deberían repartirse entre el resto de países de la UE. Pero de los 160.000 que los estados miembros aprobaron relocalizar el pasado septiembre, sólo se ha distribuido a 1.676.
También progresa muy lentamente la aplicación de la fórmula “uno por uno”. Por cada sirio devuelto a Turquía desde las islas griegas, los europeos se comprometieron a acoger a otro sirio directamente desde los campos de refugiados turcos. Se trataba de crear una vía de inmigración legal. Pero hasta ahora sólo se ha reasentado a 280 refugiados sirios. Alemania, Suecia, Holanda, Finlandia y Lituania son los únicos países que participan de momento.
La ley antiterrorista turca, principal escollo
Pero el principal escollo que amenaza la supervivencia del acuerdo UE-Turquía no son los problemas en su aplicación. Lo que más preocupa a Ankara es que Bruselas retrase indefinidamente el fin de los visados para los ciudadanos turcos que viajan al espacio Schengen. Este era el beneficio más tangible que Erdogan podía ofrecer a sus votantes, que ahora tienen que enfrentarse a trámites burocráticos cada vez que van a Europa.
Los líderes de los Veintiocho prometieron suprimir los visados ya desde junio. Eso sí, siempre que Turquía cumpla los 72 requisitos exigidos en materia de seguridad y salvaguardas para evitar que sus ciudadanos se queden de forma irregular en la UE.
A día de hoy, el Gobierno turco sólo tiene pendientes de aplicar 5 de las 72 condiciones. Pero Erdogan ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de respetar una de las más importantes: la reforma de la ley antiterrorista. Bruselas denuncia que la normativa turca “permite una aplicación excesivamente amplia del término terrorismo”, lo que se traduce en “graves restricciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
“Participantes en manifestaciones han sido condenados por ser miembros de una organización terrorista o criminal incluso aunque el vínculo con la organización no se ha demostrado”, resalta el último informe de la Comisión sobre Turquía. El Ejecutivo comunitario critica además las detenciones recurrentes de periodistas y académicos acusados de terrorismo, lo que a su juicio restringe la libertad de expresión y fomenta la autocensura.
Para Erdogan, Bruselas desprecia la creciente amenaza terrorista del Estado Islámico y del PKK a la que se enfrenta a Turquía. “Cuando Turquía es objeto de ataques de organizaciones terroristas y poderes que las apoyan directa o indirectamente, la UE nos dice: debéis cambiar la ley sobre terrorismo para el acuerdo de liberalización de visados”, se ha quejado.
La UE cree que podrá salvar el acuerdo
Pese a estas diferencias que parecen irreconciliables, la UE todavía cree que podrá salvar el acuerdo migratorio con Turquía. La canciller Merkel fue la única líder europea que asistió a la cumbre humanitaria celebrada el pasado lunes en Estambul para tratar de tender puentes con Erdogan. Merkel asegura no estar preocupada por el futuro del pacto, aunque reconoce que no se cumplirán los plazos para el fin de los visados. “Confío en que este acuerdo producirá resultados. Ya los está dando”, dice Juncker.
“Pese a toda la retórica de Erdogan, Turquía necesita a Europa”, explica un alto funcionario europeo, que pide que no se revele su identidad por lo sensible de las negociaciones. Los vecinos de Ankara, especialmente Siria, son ahora muy inestables y tiene “graves problemas con Rusia”. Y la economía turca está muy interconectada con la europea. “Será difícil, pero el acuerdo sobrevivirá”, pronostica.