La 'luna de miel' del nuevo presidente de Argentina, el liberal Mauricio Macri, y los sindicatos terminó al cabo de casi cinco meses. Las centrales obreras CGT y CTA confrontaron este viernes al gobierno con la primera manifestación de protesta por el rumbo de la política socioeconómica.
La marcha y el acto convirtieron en un caos al centro de la capital argentina, que durante toda la jornada estuvo sitiado por columnas de gente y piquetes. Unas 350 mil personas, según los organizadores, se concentraron en vísperas del Día del Trabajador, a pocas calles de la Casa Rosada.
Las centrales CGT y CTA estuvieron divorciadas por sus diferencias con respecto a los gobiernos kirchneristas del matrimonio presidencial Kirchner-Fernández, durante los últimos 12 años, de 2003 a 2015. Inclusive varios popes de la CGT apoyaron la campaña de Macri hacia el poder.
Pero la política socioeconómica promercado del nuevo gobierno de centroderecha, que viene implementando desde el 10 de diciembre pasado, obró el 'milagro' de que los jefes sindicales cierren filas, sin importar que hayan sido kirchneristas fanáticos o antikirchneristas.
La inflación se dispara
Se aliaron por la estampida de la inflación, dado que en sólo cuatro meses, de enero a abril, el ipc se ha disparado al 18% y amenaza trepar hasta 40% anual, según recuentos privados. Y también se enfrentan al 'tarifazo' en transporte, electricidad, gas y agua, que en algunos casos trepa hasta el 700%.
"Señor Presidente, todo esto que lleva adelante son platos de comida que le faltan a las familias de los trabajadores", enfatizó el referente principal del sindicalismo, Hugo Moyano, un peronista histórico que estuvo enfrentado a los Kirchner y en 2015 había apoyado tímidamente a Macri en su carrera a la Casa Rosada.
La protesta puso el foco, además, en la ola de despidos de trabajadores en el Estado y el sector privado que, según los gremios, superan los 100 mil cesados en total. Aunque el gobierno negó que lleguen a tanto y admitió que cesó unos 11 mil contratos en la administración pública.
Los reclamos, a la vez, vienen enmarcados en las negociaciones salariales de las últimas semanas. Los sindicatos reivindican de 35% a 40% de subida para recuperar el poder adquisitivo. Los médicos, profesores, empleados de banca y funcionarios ya han protagonizado huelgas sectoriales.
“El pueblo sigue con inocultable preocupación la evolución de las medidas económicas aplicadas" por el gobierno de la coalición de centroderecha Cambiemos, caracterizadas por "la aceleración de la inflación" y el "traslado del costo (de la crisis) sobre las espaldas de los trabajadores", consignaron en un documento.
Macri quiso alejarse del epicentro del desafío que le plantearon la CGT y CTA viajando a la ciudad de Tucumán, 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires. Allí anunció un plan de obras de saneamiento para proveer de agua potable a la población que, según él, representará 200 mil nuevos empleos.
Cuando los periodistas le preguntaron qué opinaba de la manifestación, sólo respondió: "Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Estamos trabajando juntos en la misma agenda que ellos plantean. Bajar la inflación, generar más trabajo, generar más inversión. Y para eso trabajamos todos los días".
El primer revés
El presidente sufrió días atrás su primer revés parlamentario. El Senado sancionó a un proyecto de ley para prohibir los despidos hasta noviembre, impulsado por el kirchnerista Frente para la Victoria. La norma castigará al empleador que eche gente obligándole a pagar doble indemnización.
La Unión Industrial Argentina y otras cámaras empresarias, que incluyen a muchas pymes, se oponen a la ley. Aunque admitieron que el alza de los costes y la caída del consumo les obligarían a revisar las plantillas y pondrían en riesgo a miles de puestos de trabajo.
Macri ha mostrado que está firme en el rechazo a la norma. “Argentina ya probó eso en 2002 y no creó trabajo, destruyó trabajo”, ha manifestado. Y aseguró que si finalmente el congreso de los diputados la convierte en ley, hará uso del derecho constitucional de aplicar un veto.
Envalentonados por el respaldo del partido Justicialista (PJ, peronista), en sus dos ramas principales -ortodoxa y kirchnerista- los sindicalistas han conminado a Macri a declarar la “emergencia ocupacional”. Y anticiparon que si la ley antidespido es aprobada por los diputados y la veta, convocarán a una huelga general.