De los 160.000 refugiados que la Unión Europea acordó repartirse en septiembre del año pasado, hasta ahora sólo se ha reubicado a 598. El bloqueo en la distribución de demandantes de asilo es uno de los factores que está agravando el caos migratorio en Europa y ha llevado a muchos estados miembros a adoptar medidas unilaterales de cierre de fronteras. El último torpedo contra el reparto lo ha lanzado este martes el primer ministro húngaro, Viktor Orban, al anunciar un referéndum sobre las cuotas de refugiados. "Podrían redibujar la identidad religiosa y cultural de Europa", ha alegado el polémico mandatario.
La Comisión ha avisado del riesgo inminente de “crisis humanitaria” en Grecia debido al refuerzo de los controles fronterizos en la ruta de los Balcanes, que se ha agravado con la imposición en Austria de un tope de refugiados. Los ministros del Interior de los Veintiocho, entre ellos el español Jorge Fernández Díaz, vuelven a discutir este jueves cómo acelerar las relocalizaciones.
Estos son los principales factores que explican el fracaso de la política de reparto de refugiados de la Unión:
Las carencias en Italia y Grecia
El objetivo de la relocalización es aliviar la presión que sufren Italia y sobre todo Grecia, los países donde llegan un mayor número de inmigrantes, y repartir la carga de forma equitativa entre todos los estados miembros. A cambio, la UE exigió a Roma y a Atenas poner en marcha centros para registrar, tomar las huellas y controlar la identidad a todas las personas que llegan. Estos centros (hot spots, en la jerga comunitaria) debían servir para separar a los demandantes de asilo, los beneficiarios del programa de reparto; de los inmigrantes económicos, cuyo destino sería la repatriación a los países de origen.
Pero seis meses después, sólo hay cuatro centros de registro plenamente operativos de los once previstos: dos en Italia (en Lampedusa y Pozzallo) y dos en Grecia (en Lesbos y Chios). Otros están a medias, como los griegos de Leros y Samos o los italianos de Trapani y Taranto. Bruselas ha denunciado la falta de infraestructuras, personal y coordinación en los dos países. De hecho, el pasado diciembre expedientó a Roma y a Atenas por no registrar a todos los refugiados.
La situación ha mejorado en los últimos meses, aunque sigue sin llegarse al objetivo del 100%. Grecia ha pasado de tomar las huellas al 8% de los migrantes y solicitantes de asilo en septiembre al 78% en enero de este año, mientras que Italia ha mejorado del 36% al 87% en el mismo periodo.
Los países del este y del centro de Europa han acusado reiteradamente a Italia, y sobre todo a Grecia, de incumplir sus obligaciones y dejar pasar sin control a estas personas. Así, la UE ha lanzado un ultimátum de dos meses al Gobierno de Alexis Tsipras para adoptar medidas correctivas.
Pero Atenas y Roma no son los únicos responsables. El resto de estados miembros no han enviado el refuerzo prometido para ayudarles a gestionar la sobrecarga. De los 1.800 policías de frontera solicitados por Frontex, los Gobiernos de la UE sólo han proporcionado 584. Y de los 374 expertos en asilo reclamados por Bruselas, únicamente han llegado 201.
El rechazo de los migrantes a registrarse
Refugiados en la frontera entre Grecia y Macedonia
Otro de los grandes problemas es la negativa de muchos migrantes y demandantes de asilo a registrarse en Italia y Grecia. Temen quedarse atrapados y prefieren seguir viajando por su cuenta hacia su destino deseado, que en la mayoría de los casos es Alemania, desde que la canciller Angela Merkel anunciara su política de puertas abiertas (ahora restringida). Además, muchos países de tránsito en la ruta de los Balcanes, en lugar de cumplir sus obligaciones de tramitar peticiones de asilo, se limitan a dejarles pasar, según denuncia Bruselas.
El resultado es el incumplimiento sistemático de las reglas de asilo de la UE, que prescriben que los refugiados deben pedir protección en el primer estado miembro al que lleguen. Y el aumento de la presión sobre Alemania, Suecia y Austria. Todo ello dificulta, a juicio de la Comisión, que el reparto de refugiados cobre impulso: apenas hay un número suficiente en Italia y Grecia para redistribuir porque la mayoría huyen. Y los gobiernos más afectados por este flujo acaban adoptando medidas unilaterales de cierre de fronteras, como ha hecho Viena al imponer una cuota de 80 refugiados diarios, que Bruselas ve ilegal.
El Ejecutivo comunitario propugna varias soluciones. En primer lugar, Atenas y Roma deben endurecer su legislación para garantizar que se tomen las huellas al 100% de quienes llegan a sus costas, utilizando si es necesario, como último recurso, “medidas coercitivas”.
Además, debe informarse a los migrantes y refugiados de que “sin registro, no hay derechos”. Los demandantes de asilo, resalta Bruselas, no tienen derecho a escoger su país de residencia, sino que deben ir al que les toque en el reparto. A los que se les localice en otro estado miembro, se les tiene que sancionar devolviéndoles al país de residencia legal. Y se pide a Grecia que controle mejor su frontera con Macedonia para evitar la salida de refugiados por los Balcanes.
La resistencia del resto de países a aceptar refugiados
El “factor más importante” para que el sistema de reparto de refugiados funcione, según la Comisión, es la “voluntad política” de los estados miembros. Algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia. Los Gobiernos de la UE apenas han ofrecido algo más de 2.000 plazas, de las 160.000 comprometidas. Sólo 15 países han acogido ya a refugiados. Y cinco estados miembros (Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Croacia) no han puesto a disposición de Bruselas ninguna plaza de acogida. España ha ofrecido hasta ahora 50 plazas, pero sólo ha recibido a 18 refugiados.
Una vez que los demandantes de asilo han sido registrados, la decisión sobre a qué país se les envía se adopta teniendo en cuenta factores como los vínculos familiares, el idioma que hablan o sus cualificaciones profesionales. Los estados receptores pueden fijar sus preferencias, siempre que no sean discriminatorias. Sólo pueden negarse a recibir a alguien por motivos de seguridad o sanitarios. Por cada refugiado al que acogen, reciben 6.000 euros del presupuesto de la UE, mientras que a Italia y a Grecia se destinan 500 euros por persona para cubrir los gastos de viaje.
La Comisión cree que la lentitud del proceso se debe a la insuficiente capacidad de acogida en los estados receptores y a que no todos ellos han enviado expertos de enlace a Italia y Grecia para hacer controles de seguridad y salud a los demandantes de asilo. Otros países están fijando “preferencias prohibitivas” para escoger a sus refugiados y retrasan artificialmente el proceso, denuncia Bruselas. Los países del este son los que se han opuesto de manera más feroz a este reparto. República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia votaron en contra. El Gobierno eslovaco llegó a decir que no quiere refugiados musulmanes.
Los problemas en la repatriación de inmigrantes económicos
Los inmigrantes económicos que llegan a Grecia y a Italia y no tienen derecho al asilo deben ser repatriados lo antes posible a sus países de origen. Esta es la política que propugna en teoría la Unión. En la práctica, la tasa de retorno apenas llega al 40% de media (59% en el caso griego) debido a la dificultad de identificar la procedencia de los inmigrantes o a la falta de acuerdos de repatriación con la mayoría de países de origen.
Pese a ello, la Comisión insiste en que Atenas debe tomar más medidas, con ayuda comunitaria, para garantizar la deportación de estas personas y evitar que se marchen a otros países antes de ser repatriados, incluyendo su detención si es necesario. El resto de estados miembros también critican a Italia y Grecia por dejar pasar a inmigrantes económicos.