“No es un delito buscar un cambio”. Con esa frase el diputado Luis Guaido, de la Mesa de la Unidad Democrática, ha defendido ante la Asamblea Nacional de Venezuela el proyecto de ley de amnistía presentado por la oposición y que beneficiará a cientos de disidentes. Guaido ha reivindicado las protestas contra el presidente Nicolás Maduro realizadas en 2014, que se prolongaron por varios meses, y ha pedido que los “presos políticos” sean liberados.
El gobierno, en cambio, considera que sus contrarios pretenden olvidar los asesinatos de 43 personas en aquellos hechos. “Lo que buscan es que no se castigue a los asesinos”, ha dicho Héctor Rodríguez, parlamentario socialista, en un acalorado debate.
Desde el oficialismo insisten en que con la iniciativa de la MUD “los delincuentes” van a perdonar sus propios delitos, en lugar de asumir sus culpas para luego ser amnistiados por las víctimas. La disidencia ha traído a colación que Hugo Chávez, líder del golpe de estado del 4 de febrero de 1992 y fundador de la “revolución bolivariana”, fue liberado en 1994 por el presidente Rafael Caldera, a pesar de que en aquella rebelión militar murieron decenas de personas.
La paz, concepto que ambas bancadas han utilizado una y otra vez, parece lejana, ya que con cada debate en el Parlamento aumenta la confrontación y son pocos los puntos de encuentro entre ambos polos. El desencuentro político es evidente, mientras puertas afuera del Palacio Legislativo, en las calles y ciudades de Venezuela, la gente hace largas filas para comprar medicinas y alimentos que escasean en una situación que ha sido calificada como “crisis humanitaria”.
Leopoldo López, líder opositor encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, sería uno de los beneficiados por la amnistía que en su primer borrador contempla el olvido judicial de “hechos punibles” ocurridos a partir del 1 de enero de 1999. Otras figuras como Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, también están amparados en el texto.
En la redacción del proyecto han participado distintas organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, como el Foro Penal, Fundepro y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Según ha trascendido, se espera que la Asamblea Nacional tenga lista la Ley de Amnistía en tres semanas.
Detalles del proyecto de ley
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, estuvo presente en el palco del hemiciclo de sesiones durante el primer debate del proyecto de la ley de amnistía. Antonieta Mendoza, madre de López, también estuvo el recinto. Tintori cree que se ha dado “el primer paso hacia la reconciliación nacional” con esta discusión, una de las principales promesas de la oposición en la campaña electoral del año pasado.
Nora Delgado, del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha asegurado, en cambio, que en el país no hay presos políticos y que la intención de la MUD es imponer “impunidad”.
A pesar de las acusaciones gubernamentales, en el articulo 5 del proyecto de ley presentado ante los parlamentarios se lee que el beneficio “no se extiende a quienes se considere responsables de la comisión de los delitos de homicidio doloso en cualquiera de sus modalidades, o de lesiones dolosas graves o gravísimas”.
Pero sí tendrían la gracia los participantes del paro petrolero del año 2002 o algunos jueces y fiscales que han recibido infracciones disciplinarias “en circunstancias que hayan restado confiabilidad en la aplicación de la normativa”. El proyecto también menciona el caso de periodistas y directivos de medios de comunicación acusados por difamación e injuria por el Presidente u otros funcionarios.
Nicolás Maduro se ha opuesto en distintas ocasiones a la amnistía y ha dicho una y otra vez que no la aceptará. Pero la Constitución establece que una de las funciones de la Asamblea Nacional es decretarlas. Maduro podría hacer recomendaciones sobre el texto, pero no tiene facultades para vetarlo. Es el Tribunal Supremo de Justicia, que para la oposición está parcializado a favor del Ejecutivo, el que decidiría cuáles actores pueden recibir el beneficio y negárselo a otros por considerar que están vinculados a delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos.