A partir de esta semana comienza el debate sobre la Ley de Amnistía en el Parlamento venezolano, una de las principales promesas electorales de la oposición. Distintas organizaciones como Foro Penal, Fundepro y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello han elaborado propuestas que serán presentadas a los diputados de la Asamblea Nacional.
Según las estimaciones de Foro Penal, en Venezuela existen actualmente 75 presos políticos y más de 10.000 casos de perseguidos, de carácter penal y administrativo desde el año 1999. La amnistía beneficiaría también a los venezolanos en el exilio.
Según la Constitución de Venezuela, en su artículo 187, una de las funciones de la Asamblea es “decretar amnistías”, por lo que no sería necesario el visto bueno del presidente Nicolás Maduro que, sin embargo, ha dicho que no aceptará la mencionada ley: “Me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos del pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar”.
El artículo 29 de la Constitución establece que los delitos de lesa humanidad, las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra “quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”. El Gobierno de Maduro asegura que algunos de las personas que han sido catalogadas como “presos políticos” por la oposición, han incurrido en estas violaciones, así como en actos de corrupción, por lo que no podrían beneficiarse de la medida.
Leopoldo López, líder de Voluntad Popular.
Leopoldo López
El dirigente de Voluntad Popular es el más mediático de los presos políticos venezolanos. Fue sentenciado a 13 años, nueve meses y siete días de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir, tras las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro realizadas a principios de 2014. La defensa de López ha dicho que el dirigente opositor no tuvo oportunidad de un juicio justo y ha denunciado diferentes irregularidades en el caso: no hubo investigación previa, se le negaron las pruebas para su defensa y la jueza Susana Barreiros permitió que la Fiscalía presentara 108 testigos, mientras admitió solo un testigo a los abogados de López.
El juicio, a puerta cerrada, a pesar de que la ley establece que las audiencias deben ser públicas, es otro de los puntos que destacan los defensores del excandidato presidencial. López ha sido calificado por altos voceros gubernamentales como “el monstruo de Ramo Verde”, nombre de la prisión militar donde permanece recluido.
Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas.
Antonio Ledezma
El exalcalde Metropolitano de Caracas está preso desde el 19 de febrero de 2015, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo detuvieron en su oficina. Nicolás Maduro dijo ese mismo día que Ledezma estaba vinculado con la “Operación Jericó”, un complot cívico-militar que pretendía bombardear varios puntos de la capital venezolana para derrocar al gobierno. Omar Estacio, abogado del político opositor, ha denunciado en reiteradas oportunidades el retraso injustificado en las audiencias. Además ha dicho que el Ministerio Público ha realizado “montaje probatorio” con elementos con los que pretende acusar al opositor, en lo que califica una “violación obscena” que debe anular el juicio. Ledezma fue recluido en la prisión de Ramo Verde y luego trasladado a su casa, donde sigue detenido.
Daniel Ceballos
El joven dirigente del partido Voluntad Popular fue acusado de rebelión y agavillamiento (asociación ilegal) por su participación en las protestas contra el gobierno. En ese momento Ceballos era alcalde de San Cristóbal, capital del estado Táchira, uno de los focos más intensos de las manifestaciones de 2014. En un acto público el presidente Nicolás Maduro lo catalogó como un “terrorista” y “responsable de los asesinatos en San Cristóbal”, ciudad fronteriza con Colombia.
El Tribunal Supremo de Justicia destituyó a Ceballos de su cargo en marzo de ese mismo año. Actualmente está detenido en su residencia, tras un beneficio procesal por su delicado estado de salud, después de participar en una huelga de hambre que se prolongó por 20 días. Sus defensores legales han alegado que el ingeniero de 31 años ha sufrido por las “arbitrariedades” del sistema judicial por ser opositor al gobierno.
Raúl Emilio Baduel
La de Baduel fue una de las 3.127 detenciones arbitrarias, en las que se violó el debido proceso, realizadas entre febrero y mayo de 2014, según la ONG Provea. El joven fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir e intimidación pública. Baduel, junto a Alexander Tirado, participó en una protesta en San Jacinto, estado Aragua. Hoy está recluido en la cárcel de Tocuyito. Su padre, Raúl Isaías Baduel, fue ministro de la Defensa durante el gobierno de Hugo Chávez y luego estuvo preso por más de seis años por delitos de corrupción. Padre e hijo han insistido en que su presidio se ha debido a razones políticas.
Rosmit Mantilla
El dirigente del movimiento Lgbti está en prisión desde el 2 de mayo de 2014 en El Helicoide, una de las sedes del Sebin en Caracas. Un “patriota cooperante”, como los líderes del chavismo llaman a los informantes anónimos, aseguró que Mantilla recibía dinero para financiar las protestas y por eso está recluido. La ONG Foro Penal ha informado que la audiencia preliminar del estudiante de derecho se ha diferido hasta en 11 ocasiones. Mantilla sigue en prisión a pesar de haber sido electo como diputado suplente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Sus compañeros de Voluntad Popular piden su “inmediata” liberación.