Caracas

Diosdado Cabello, número dos del chavismo, ha instalado, para sorpresa de todos, un hasta ahora desconocido Parlamento Comunal Nacional (PCN). Lo ha hecho en su última sesión ordinaria como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Para ello ha utilizado la sede donde normalmente sesiona el legislativo. “Estos espacios, este salón protocolar, quedan a orden del Parlamento Comunal Nacional. Pueden reunirse los días que quieran, las veces que quieran”, ha dicho a los “comuneros” presentes durante un discurso.

El movimiento se debe a que, según Cabello, el pueblo debe estar “unido y movilizado” porque la venidera legislatura estará “al servicio de la burguesía”.

La próxima Asamblea se conformará el 5 de enero con una mayoría opositora de 2/3 partes. La inédita derrota electoral ha descolocado al Gobierno de Nicolás Maduro, que incluso ha puesto bajo sospecha los resultados. El presidente venezolano ha dado el visto bueno para que se investiguen los votos nulos emitidos en las legislativas y ha advertido que no permitirá un “golpe electoral”.

¿Y este Parlamento?

El PNC es un ente creado a última hora por Cabello que no figura en la Constitución, ni tampoco en la Ley Orgánica de las Comunas de 2010, donde, sin embargo, sí se establece el parlamento comunal como “la máxima instancia del autogobierno en la comuna”. Es decir, la nueva figura pretende darle rango nacional a lo que fue creado para entidades locales.

Si bien la maniobra busca hacer sombra a la AN, no existe ningún precedente y, por ahora, ninguna legislación al respecto. Por ello el alcance real del PNC es desconocido. Quizás anécdotico. El historiador Elías Pino Iturrieta lo ha calificado como un “esperpento notable”, mientras que la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, ha llamado a no caer en provocaciones. Para ella el Parlamento Comunal Nacional simplemente “no existe”.

La oposición venezolana ha denunciado que las leyes promulgadas hace cinco años por el fallecido presidente Hugo Chávez pretendían, a través del “poder comunal”, suplantar las formas de organización geopolítica tradicionales y lograr así el control por parte del Ejecutivo de estas instancias limitadas. Esto para que, a futuro, la elección de los diputados nacionales se hiciese a través de los representantes elegidos por cada una de las comunas, en unos comicios de segundo grado. Se estima que en Venezuela existen 30.179 consejos comunales registrados.

A pesar de la insistencia inicial, que incluso formó parte de la reforma constitucional propuesta por Chávez en 2007 -que fue rechazada por voto popular en referéndum- las iniciativas que apuntaban hacia la creación de una “estado comunal” habían sido dejadas a un lado por el liderazgo oficialista en los últimos años.

Blanca Eekhout, diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha dicho durante la instalación de la primera sesión del Parlamento Comunal Nacional, que el deber es “desmontar el estado burgués”. Pero para ello se debe reformar la Constitución.

En la Carta Magna venezolana no aparece el concepto de “estado comunal”. En cambio, en su artículo 4, se define a la República Bolivariana de Venezuela como un “Estado federal descentralizado”. También contempla al Legislativo como parte del “Poder Público Nacional”, conformado también por el Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. La palabra “comuna”, o sus derivados, no aparecen en ninguno de los 350 artículos de la Constitución vigente desde 1999.

El viejo truco del “ente paralelo”

El oficialismo ha realizado una serie de jugadas que pretenden blindar al gobierno de Maduro antes de que la oposición se convierta en mayoría en la AN. El parlamento saliente está muy activo en estos días. Ya ha convocado a tres sesiones extraordinarias en los próximos días para nombrar a 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esos puestos han quedado vacantes tras la jubilación prematura de una docena de jueces cuyo período terminaba en 2016; sus respectivos relevos debían ser nombrados por los nuevos diputados.

Pero esta no es la primera vez que desde el Gobierno venezolano se intenta suplantar la decisión popular con artimañas burocráticas. Después de la victoria de Antonio Ledezma como alcalde Metropolitano de Caracas (2008), sus atribuciones y presupuesto fueron reducidos a un 0,5% de lo que estipulaban las leyes originalmente, según ha recordado su abogado Omar Estacio. El resto de las competencias legales fueron asignadas a la Autoridad Única del Distrito Capital, instancia creada por Chávez y cuyo jefe es nombrado desde Miraflores, sede del Ejecutivo.

Lo mismo ocurrió cuando Maduro creó en 2013 la Corporación de Desarrollo Integral del Pueblo del estado Miranda. Entonces declaró “protector” de ese estado a Elías Jaua, el candidato que perdió unos meses antes las elecciones regionales ante el opositor y Henrique Capriles Radonski, actual gobernador de esa entidad.

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