Hillary Clinton afronta este jueves una prueba de fuego en su carrera hacia la Casa Blanca. La favorita en las primarias del Partido Demócrata comparecerá voluntariamente ante el comité parlamentario que investiga los atentados perpetrados contra el consulado de Estados Unidos en Bengasi (Libia) en 2012, cuando ella dirigía el Departamento de Estado.
Clinton buscará responder a cualquier pregunta que los miembros del panel le hagan sobre la crisis, con la esperanza de librarse de un lastre político que lleva frenando su campaña presidencial desde su lanzamiento. “Testificar va a ser un examen muy estricto; va a tener que hacerlo prácticamente sin errores”, afirma Josh Huder, investigador sénior en el Instituto de Asuntos Gubernamentales de la Universidad de Georgetown. “Si dice algo remotamente dañino, puede lastimar mucho a su campaña (…). Es un juicio ante el 'tribunal' de la opinión pública”.
Entre otras cosas, el panel interrogará a Clinton sobre su uso de un servidor de correo electrónico privado para cuestiones de trabajo cuando era secretaria de Estado, uno de los puestos más sensibles del Gobierno, entre 2009 y 2013. Su utilización de un servidor personal ha generado gran polémica y se ha convertido en un tema central en la política estadounidense y en la pugna por el despacho presidencial. Hasta el punto de que su principal adversario en las primarias, el senador Bernie Sanders, dijo en el debate de candidatos demócratas la semana pasada que “el pueblo estadonidense está cansado de oír de tus malditos e-mails”. Clinton ha entregado miles de páginas de correspondencia a las autoridades, que por ahora no la han acusado de romper ley alguna.
Ahora, muchos ven en la investigación de los ataques de Libia un arma política para impedir el ascenso de Clinton a la Casa Blanca. La pesquisa se alarga ya 17 meses -más que la del caso Watergate- y ha costado más de 4,5 millones de dólares, según The New York Times. Desde su nacimiento en 2014 por iniciativa republicana, el Comité Selecto sobre Bengasi de la Cámara de Representantes ha recibido críticas de que su objetivo real es debilitar la figura de Clinton en lugar de arrojar nueva luz sobre los atentados. Clinton ya había hablado ante el Congreso acerca de lo ocurrido en Libia antes de que surgiera el Comité y estallase el escándalo de los correos. Y ha habido otras investigaciones sobre los ataques.
En las últimas semanas, dos congresistas republicanos afirmaron que el Comité había cumplido su propósito de herir la campaña de Clinton. Uno de ellos fue Kevin McCarthy, que era el favorito para sustituir al presidente saliente de la Cámara, John Boehner, hasta que recientemente retiró su candidatura. El presidente saliente fue quien designó al Comité. “Durante toda su existencia, el Comité ha sido vulnerable a estas acusaciones”, dice Molly Reynolds, analista en el think thank Brookings Institution, con base en Washington DC. “Y los eventos recientes han empeorado [la situación]”.
Entre sus interrogadores, hay siete republicanos y cinco demócratas, una proporción representativa de la composición de la Cámara de Representantes, que dominan los republicanos con 247 diputados de 435.
"Bulldogs" republicanos
Cuatro de los republicanos en el Comité se encuentran entre los más conservadores del Congreso de Estados Unidos, mientras que los otros tres son moderados. “El mensaje [que esto lanza] es: Vamos a dejar a los bulldogs sueltos”, dice Huder, de Georgetown.
Trey Gowdy es su líder y preside el Comité. Gowdy es uno de los cuatro republicanos ultraconservadores y durante seis años ejerció como fiscal federal. “Fue escogido por Boehner para dirigir el Comité fundamentalmente por su experiencia como procurador”, dice Reynolds, del Brookings Institution.
Pese a ser diana de críticas, Gowdy defiende la legitimidad de los propósitos del Comité y cuando sus dos camaradas republicanos dijeron que el panel había cumplido su función de dañar a Hillary Clinton, él arremetió diciendo: “Parad de hablar sobre cosas que no sabéis (…) si no estáis en el Comité no tenéis ni idea de lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho y qué nuevos datos hemos encontrado”.
Otro de los nombres más importantes en el lado republicano es Jim Jordan. Jordan capitanea el opaco Caucus por la Libertad, una alianza no oficial de conservadores radicales en la Cámara que está dispuesta a arriesgar que la Administración se quede sin financiación con tal de imponer su agenda política.
Lynn Westmorland y Mike Pompeo son los otros dos miembros más conservadores del panel. De los republicanos moderados cabe destacar a Susan Brooks, de Indiana, ya que ella también es una ex fiscal federal.
La 'defensa' demócrata
Elijah Cummings es el demócrata de más alto rango en el Comité especial para Bengasi. Forma parte también del comité permanente de Supervisión y Reforma del Gobierno, que vigila las actividades del poder político, ya que “los demócratas lo ven como un miembro capaz de hacer frente al brazo investigador republicano en el Congreso”, afirma Huder.
En los pasados días, Cummings desmintió al líder republicano del panel al decir que el nombre de una fuente de la CIA en Libia que aparecía en los correos no era una información clasificada, como inicialmente había afirmado Gowdy. “Desafortunadamente, hacer públicas informaciones sacadas de contexto y que no son veraces para atacar a la secretaria Clinton por razones políticas se ha convertido en el proceder estándar de este Comité Selecto”, dijo Cummings en una carta a Gowdy.
Entre los demócratas del Comité Selecto sobre Bengasi hay otros dos que ocupan cargos importantes en comités permanentes de la Cámara de Representantes. Adam Smith es el principal miembro demócrata del Comité de Servicios Armados, mientras que Adam Shiff es el hombre del Partido Demócrata en el Comité de Inteligencia. La estrategia a la hora de escoger a los miembros demócratas del Comité, afirma Reynolds, ha sido elegir a los miembros de más alto rango de los principales comités permanentes. Por otro lado, los republicanos han buscado a personajes con experiencia en el ámbito penal.
Respecto a las consecuencias legales del testimonio de Clinton, Huder afirma que no se llevará a cabo ningún tipo de acción legal a no ser que la ex secretaria de Estado diga algo muy grave. “Si dice algo muy malo, que muestra una clara violación de la ley, entonces el Departamento de Justicia podría coger el caso”, afirma. “La posibilidad de que eso ocurra es muy pequeña”. Por su parte, Reynolds asegura que probablemente no se dejará de hablar de los correos electrónicos después del testimonio de este jueves.