Más mujeres jefas pero menos trabajando oficialmente: lo que dicen los datos sobre el papel femenino en el mundo rural

El peso de las mujeres en el campo español es mayor que hace 10 años, al menos entre las propietarias, que ya forman casi el 30% del total, pero hay menos mujeres trabajando oficialmente en tareas agrícolas que antes de la crisis de 2008.

Han bajado del 40 al 31%. La mayoría siguen cobrando, en salarios o jornales, por debajo de los 1000 euros y, además, el paro entre ellas es mucho más alto. Su tasa rural alcanza apenas el 49%. La brecha de género, además, supone pérdidas millonarias al sector cada año, se calcula que de 38.500 millones de euros, casi el 3% del PIB.

¿Más mujeres jefas pero menos entre las trabajadoras de a pie en el mismo periodo? ¿Son las que ganan menos pero eso provoca pérdidas? Si suena contradictorio o confuso es porque faltan datos. Y faltan porque la situación de la mujer rural es tan precaria que en ocasiones ni siquiera consta en algún tipo de dato oficial o fiable.

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En el sector agrícola y ganadero "sigue habiendo una desigualdad de oportunidades, es un sector masculinizado en el que las mujeres estamos presentes", explica a Magas Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR). "Pero en muchas ocasiones estamos ocultas, en las explotaciones familiares pero sin figurar o sin que nuestro trabajo se reconozca. Por eso seguimos sin aparecer en las estadísticas oficiales", añade.

Teresa López es la presidenta de FADEMUR. Cortesía.

Su organización lleva más de 10 años peleando por una aplicación efectiva de la Ley de Titularidad Compartida, aprobada en 2011, para que en las explotaciones agrícolas familiares pudiese figurar más de una persona como propietaria, y para la que algunas Comunidades Autónomas siguen sin tener registro oficial. 

"En las explotaciones familiares, que todavía son la mayoría en España y las que gestionan directamente los medios de producción, la tierra, los animales y demás, por tradición acaban estando a nombre del marido", explica López. "Así que tienes casos de mujeres que trabajan como agricultoras o como ganaderas y su nombre no aparece, o ni siquiera está dada de alta o su trabajo figura como ayuda familiar. Tiene todas las responsabilidades, pero ninguna de las ventajas, a veces los ingresos derivados de su trabajo son cero".

Algo que, como es fácil deducir, tiene consecuencias de todo tipo. Feminización de los cuidados no remunerados, pensiones más bajas o directamente no contributivas, falta de independencia económica, menor acceso a las ayudas económicas…

Concretando a los datos con los que abríamos esta información: las mujeres representan el 28,6% de los propietarios de explotaciones agrícolas en España en 2020, de manera que habrían incrementado un 22% en una década más o menos, desde 2009. Esto, en datos del último Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística.

Sin embargo, a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) de la Seguridad Social, los analistas de Fundación FUNCAS advertían en 2022 que el número de mujeres dadas de alta en tareas agrícolas había caído del 40% total de los trabajadores del sector en 2008 al 31% en dicho año. De las alrededor de 750.000 personas que actualmente están ocupadas en el sector agrario, unas 191.000 son mujeres.

En España, ellas representan el 37,3% de las personas perceptoras de las ayudas directas de la PAC y las que perciben son un 36,67% más bajas: de 3.483 euros de media de las mujeres frente a 5.500 las de los hombres. Lo mismo ocurre con los programas de desarrollo rural: ellas reciben un 23,66% (contando con la diferencia de presencia entre géneros previa)

Al mismo tiempo, el informe 'Coste de oportunidad de la brecha de género en el medio rural' de la Fundación LaCaixa, publicado en febrero de 2022, calculó en aquel momento el mismo en 38.500 millones en función de una serie de variables. Entre otros, se mencionaban los efectos en la salud demográfica, el valor económico del trabajo no remunerado y la limitación de los ingresos familiares. Pero también los efectos económicos en la demanda agregada -si las mujeres son pobres, consumen menos- y en los impuestos percibidos por el erario -si ganan menos, pagan menos a Hacienda-; y otros más difíciles de medir pero más evidentes. Nos referimos al "desaprovechamiento de inversión en educación, el desaprovechamiento del talento, capital humano, liderazgo y recursos formados", y, por último, "la eficacia y eficiencia en asignación de recursos públicos".

Teresa López lamenta que muchos de estos problemas sean complicados de atajar si no existen estadísticas completas: "El sentir general es que avanzamos muy lentamente y nos faltan datos. Es verdad que desde hace cuatro años, con el cambio de la PAC, sí es más visible el problema y está en la agenda pública. Pero no acaba de incorporarse al debate de cómo revitalizar el medio rural". 

La presidenta de FADEMUR recuerda cómo en el periodo de negociaciones de la reforma de la PAC en 2017-2018 su organización, junto a otras a nivel europeo, se reunieron con un alto cargo comunitario, quien insistía en que las políticas económicas "son neutras, no tienen género. Tratábamos de explicarle lo importante que era saber qué diferencias existían y medir esas diferencias, que la desigualdad no es una cuestión de creencias, es una cuestión de datos". El gran avance que se logró es que desde 2020 el programa obliga a los Estados a hacer un análisis de su sector productor desagregado por sexos.

Muchas mujeres que trabajan en el campo no constan en los datos. iStock.

Por eso también valoran positivamente informes como el de la Fundación LaCaixa, que no solo pone números al coste de la brecha de género, sino que explica como la masculinización del sector también incide en problemas como la despoblación de la llamada 'España vacía'. 

Esto es así porque las regiones que pierden más población son aquellas donde se masculiniza más el sector agrario, principal fuente de empleo, ya que son las que las mujeres abandonan para migrar en busca de trabajo a otros lugares. Según los datos del Padrón continuo del INE de 2020, por cada 100 mujeres nacidas en municipios rurales, 32,8 se han marchado a entornos urbanos, mientras que, en el caso de los hombres, por cada 100 nacidos en entornos rurales, se marchan 27,7 a urbes mayores.

Las mujeres, además, tienen más difícil emprender o expandir negocios agrarios, y son más precarias. El informe de Fundación LaCaixa señala que la tasa de temporalidad de las mujeres agrícolas es del 60,9% mientras que la de los hombres agrícolas es del 52%, en un sector por cuya propia naturaleza el empleo suele ser estacional. Además, un 52,3% de las mujeres que trabajan en el campo son autónomas frente al 39,1% de los hombres, y solo un 23% tiene asalariados a su cargo, frente al 35,3% de los hombres. Todo esto, de nuevo, de los datos que se pueden contrastar oficialmente.

"La pérdida de oportunidades que supone no tener en cuenta todo el potencial y todo el talento de las mujeres es inmensa", insiste López. "Parece que hasta que no lo convertimos a una cifra económica, pues no pasa nada. Pero en el momento en el que hacemos esa traducción nos damos cuenta de todo lo que estamos perdiendo como sociedad por no tener en cuenta o por no garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres", afirma.