En los últimos años, Aung San Suu Kyi (Rangún, Birmania, 1945) se ha convertido en una de las figuras más polémicas de la política. La secretaria general de la Liga Nacional para la Democracia y líder de facto de Birmania, pasó de ser una fuerte activista por la democracia y ganadora del Premio Nobel, a ser acusada de no impedir la limpieza étnica contra la minoría rohingya en su país. Ahora, a sus 77 años, ha sido condenada por la junta militar de su país a tres años de cárcel con trabajos forzados.
Esta sentencia se une a la más de decena de cargos de los que ha sido juzgada desde que el ejército del país perpetrase un golpe de Estado en 2021 para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020 que le habían dado la victoria a la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés).
Suu Kyi fue acusada de fraude electoral y, desde entonces, le han imputado una gran variedad de delitos como: incitación a saltarse las restricciones contra la pandemia y violar una ley sobre telecomunicaciones (por los que ha sido condenada a seis años de prisión); aceptar sobornos por valor de 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro de manos del exgobernador de Rangún Phyo Min Thein (por lo que recibió en abril una pena de cinco años más de cárcel).
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Asimismo, el pasado 15 de agosto, fue sentenciada a seis años más de cárcel por, según la junta militar, abuso de poder al alquilar supuestamente unas tierras por debajo del precio del mercado y construir una vivienda con donaciones que debían ser dedicadas a obras caritativas de su fundación.
La exconsejera del Estado también se enfrenta a un proceso por, presuntamente, vulnerar la ley de secretos oficiales, penada con un máximo de 14 años de prisión.
Por el momento, Suu Kyi no ha entrado en la cárcel, aunque está bajo arresto domiciliario desde junio). Ella siempre ha negado todas las acusaciones. Además, según ha informado Europa Press, distintos grupos de derechos humanos han cuestionado las imputaciones, arguyendo las motivaciones políticas, y han denunciado que los juicios se celebren a puerta cerrada, así como la imposibilidad de que sus abogados se comuniquen con los medios.
La líder de la NLD ha recibido también el apoyo de parte de la población birmana, que ha salido a la calle para protestar contra el golpe militar. Sin embargo, toda esta situación no hace sino empañar más la imagen de la que otrora fuera una reconocida activista por la democracia.
Decenas de personas pidiendo la liberación de Suu Kyi en febrero de 2021, justo después del golpe militar.
Lucha por la democracia
Aunque nació en Birmania, Suu Kyi pasó gran parte de su juventud entre Europa (asistió al St. Hugh's College de Oxford) y Estados Unidos. Durante ese tiempo, se licenció en Política, trabajó en las Naciones Unidas y más tarde comenzó un máster de Literatura Birmana en la Universidad de Londres.
Regresó a su país en 1988 para cuidar a su madre, coincidiendo con la renuncia del general Ne Win, entonces primer ministro de Birmania. Su dimisión provocó masivas manifestaciones por la democracia, que fueron reprimidas. Entonces una nueva junta militar tomó el mando y Suu Kyi comenzó a ser más activa en política, ayudando incluso a fundar la NLD, que tenía una política de no violencia.
La líder fue puesta bajo arresto domiciliario en distintas ocasiones y en 1991, estando privada de libertad, recibió el Premio Nobel de la Paz cuyo premio (1,3 millones de dólares) donó para la salud y educación del pueblo birmano.
No fue puesta en libertad de forma definitiva hasta 2010, gracias a la presión internacional. Así, durante los 21 años que transcurrieron desde 1989 a 2010, se pasó un total de casi 15 bajo arresto domiciliario. Suu Kyi empleó ese tiempo para reunirse con mandatarios y periodistas y leer sobre filosofía. No cesó en su lucha por la democracia y se acabó convirtiendo en todo un símbolo de resistencia y resiliencia.
Poco tiempo después de su liberación, en 2012, se celebraron elecciones en el país y Suu Kyi entró como legisladora en el Parlamento, por la Liga Nacional para la Democracia. Más tarde, en 2015, mostró su intención de ser candidata a la presidencia para las elecciones.
No pudo hacerlo porque la constitución de Myanmar le prohibía convertirse en presidenta porque tiene hijos que son ciudadanos extranjeros. No obstante, ella era vista -y aún lo es- como líder de facto del país.
Pese a no ostentar la presidencia, Suu Kyi entró en el gobierno y se convirtió en consejera de Estado y Ministra de Relaciones Exteriores. Entre sus primeras acciones estuvo otorgar amnistía a los estudiantes que fueron arrestados por oponerse al Proyecto de Ley de Educación Nacional y anunciar la creación de la comisión sobre el estado de Rakhine, que tenía un largo historial de persecución de la minoría musulmana rohingya.
Acusaciones de genocidio
El general Min Aung Hlaing, comandante en jefe de Myanmar, junto a Aung San Suu Kyi antes de su reunión en la oficina de Hlaing en 2015.
Pese a estas primeras acciones en favor de la democracia, en poco tiempo el gobierno birmano fue acusado de no atender los conflictos étnicos en los estados de Shan y Kachin, que provocaron que miles de refugiados huyeran a China.
Con el paso del tiempo, el conflicto fue empeorando y en 2017 la persecución de los rohingya por parte de las fuerzas gubernamentales se intensificó, provocando una de las mayores crisis de refugiados de los últimos años y dejando miles de muertos. Llegó a tal punto, que organismos internacionales acusaron al ejecutivo de genocidio y limpieza étnica.
Como consejera del estado y ministra, Suu Kyi fue la encargada de hablar sobre esta situación ante medios de comunicación de todo el mundo, e incluso fue llamada a testificar ante el Tribunal Superior de la ONU. La líder de NLD siempre negó que se hubiesen cometido crímenes de guerra o se hubiese atentado contra los derechos humanos de los rohingya.
"Myanmar no tendrá "tolerancia" con los abusos contra los derechos humanos cometidos en el estado de Rakhine y procesará a los militares si se han cometido crímenes de guerra allí", afirmó ante la Corte Internacional de Justicia en 2019.
Sin haber llegado a solucionar esa crisis, se produjo el golpe militar que ha desembocado en la detención de Suu Kyi y la gran ristra de acusaciones y sentencias contra ella. Ahora, queda esperar para ver si ingresa en prisión, es liberada o si las organizaciones internacionales toman algún tipo de acción al respecto de la situación de esta polémica líder que todavía tiene a gran parte del pueblo birmano de su lado.