Javiera, Estefanie, Valentina o Melanie son algunas de las 140 mujeres que se han quedado embarazadas por tomar las píldoras anticonceptivas dañadas que los Centros de Salud Familiar, la red pública, les prescribían por distintos motivos.
Estas instituciones son la única opción para miles de chilenas que no tienen recursos y que ahora, jóvenes, madres de familias numerosas, desempleadas, sin terminar sus estudios, tienen que hacer frente a la maternidad sin desearla y sin planificarlo.
Muchas han contado que cuando el test salió positivo no se lo podían creer. El Instituto de Salud Pública venía altertado, entre marzo y septiembre de 2020, que hasta ocho lotes de Anulette CD estaban defectuosos y ordenó que se retiraran del mercado. Pero la información llegó tarde a muchos de estos centros y a la vida de estas mujeres.
Valentina, una de las 140 mujeres que se quedaron embarazadas tras tomar píldoras dañadas.
Además, a las pocas semanas de su retirada, la institución volvió a permitir la distribución de Anulette CD, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables, aunque se ha demostrado que en muchos casos no es así.
"Un día me llamaron de mi centro médico para avisarme, había unos lotes en mal estado, pero mis píldoras no correspondían a esas cajas y me quedé tranquila", explica Estefanie a Efe la joven, que llevaba tres meses sometida a este tratamiento de planificación familiar administrado en los hospitales públicos.
Sin embargo, pronto confirmó sus sospechas. Una negligencia farmacológica había truncado sus planes de vida, conseguir estabilizarse laboralmente como estilista y dedicarse a atender a su segunda hija, de tres años, que tiene problemas de salud.
Tres meses de un embarazo no deseado, con depresión y ansiedad que acabaron en un aborto natural. El problema es que muchas otras mujeres afectadas han tenido que seguir con el embarazo porque le negaron desde los mismos centros donde cometieron la negligencia la posibilidad de interrumpirlo.
Ahora Javiera ha abierto una rendija en la estricta normativa chilena sobre el aborto que lo prohíbe en todos los casos salvo en violación, por la inviabilidad del feto o un riesgo vital de la madre, con una lucha judicial al límite.
La quinta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel ha resuelto acoger el recurso de protección presentado por el abogado de la mujer y determinar que la actuación del Centro de Salud Familiar fue ilegal y arbitraria por no responder a la solicitud de Javiera.
La joven embarazada asegura que sufre un importante daño psíquico, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, desánimo e incluso "ideas suicidas" que ponen en riesgo su salud, un cuadro que ha sido tomado en cuenta por la sala que ha dado cinco días al centro para responder a la petición de Javiera.
También se va a dirimir en los tribunales la responsabildad de los dos laboratorios implicados, Silesia y Andrómaco, y de la propia red pública de centros después de que el pasado 28 de marzo pasado, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) presentara una acción civil ante el Quinto Juzgado Civil de Santiago.
Para Estefanny Molina, abogada de Women's Link Worlwide, plataforma que elevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta situación representa "una cadena completa de violación a los derechos sexuales de las mujeres chilenas".
Según Molina, lo primero es que no se proporcionaron métodos seguros y eficaces de planificación familiar y después no se permitió a estas mujeres abortar. Además, también ha denunciado que tampoco se les haya ofrecido protección a las que no tienen recursos.
"Chile tiene un reto por delante. Es necesario que se amplíe el concepto de salud sexual y que por tanto se revise la despenalización del aborto", sentencia.