La batalla de Málaga contra los patinetes eléctricos: empieza a multar y a retirar los aparcamientos

La cruzada iniciada a principios de año por el Ayuntamiento de Málaga contra las empresas de alquiler de patinetes eléctricos sigue dando pasos. Tras avanzar en la anulación de las concesiones otorgadas a las firmas, ahora ha empezado a sancionar y a retirar los últimos vehículos de movilidad personal que permanecían en la vía pública, así como el desmontaje de la señalética de estacionamientos reservados para los VMP.

Esta determinación se adopta después de que este martes se haya hecho efectiva la revocación de la autorización temporal, otorgada en 2022, para estacionar en la vía pública. Cabe recordar que el Consistorio inició el pasado 15 de enero el procedimiento por el cual se prohíbe estacionar en la ciudad a las siete empresas de vehículos de movilidad personal (VMP) y de bicicletas de pedaleo asistido en régimen de alquiler compartido que operan en la ciudad.

Este trámite, que hoy se hace efectivo tras el plazo de audiencia y alegaciones preceptivo, conlleva la pérdida de eficacia sobrevenida de las autorizaciones a siete empresas explotadoras de vehículos de movilidad personal y bicicletas de pedaleo asistido para su estacionamiento en el espacio de dominio público. Las empresas autorizadas eran Dott, Bolt, Lime, VOI, Link, Tier y Bird.

Cabe recordar que estas autorizaciones, además de ceñirse a un número determinado de VMP y bicicletas de pedaleo asistido (192 VMP a cada una de las empresas y 300 bicicletas a Dott, 325 a Bolt y 75 a VOI), también establecían que podrían ser revocadas o modificadas en cualquier momento, por razones de interés público, sin que el titular de la autorización tuviera derecho a indemnización o compensación alguna.

Tras detectar determinados incumplimientos por parte de las empresas autorizadas, el Área de Movilidad inició, de oficio, un procedimiento de comprobación del grado de cumplimiento de las obligaciones y condiciones a las que están sometidas, expresamente, cada una de ellas.

Del procedimiento de comprobación llevado a cabo por la Policía Local se ha determinado que seis de las siete empresas autorizadas no cumplían el condicionante establecido en cuanto a operar con los vehículos expresamente autorizados. Por su parte, en el caso de la séptima empresa, el motivo para revocar la autorización ha sido que no ha llegado nunca a poner en servicio los vehículos.