La recientemente reactivada operación Auditorio de Málaga, desbloqueada tras años de espera, tiene el camino expedito para ir adelante. Al menos en una de las vertientes que durante tiempo fue objeto de controversia y desacuerdo: la puesta a disposición de los suelos del puerto donde se proyecta este enorme equipamiento cultural.

De hecho, la hoja de ruta ya está plenamente trazada, quedando todo pendiente de empezar a encajar las piezas que componen el puzle. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, despeja cualquier sombra de duda al asegurar que los alrededor de 40.000 metros cuadrados de San Andrés serán puestos a disposición del Ayuntamiento cuando sea necesario.

"En todo este proceso, el tema del suelo es un tema menor, eso se puede dar por solucionado", llega a asegurar a EL ESPAÑOL de Málaga, incidiendo en que todo está hablado con el Consistorio. La operación planificada permitirá a la ciudad disponer de la parcela, al tiempo que el Puerto recibe "de forma directa o indirecta" una superficie próxima a los 150.000 metros cuadrados en el entorno de Los Prados para uso logístico.

Esta es la esencia del compromiso de las dos partes, que habrán de rubricar a lo largo del año que viene. La complejidad viene en el modo en que se ejecuta esa fórmula. Una de las dificultades existentes, reconocida desde la Gerencia de Urbanismo, es que los suelos acordados con el Puerto no están actualmente disponibles para su desarrollo ni en manos municipales. Y, por lo que parece, pasarán algunos años antes de que eso sea así.

Con el objetivo de que no sea un impedimento, se ha abierto una vía alternativa, mediante la que el Ayuntamiento le pagará al Puerto los algo más de 8 millones de euros en los que está tasada la pastilla de San Andrés. Un dinero que la Autoridad Portuaria guardará para, a su vez, comprarle por el mismo precio al Consistorio los terrenos de los Prados.

"Nosotros no pretendemos ganar dinero con el suelo de San Andrés, pero no queremos perder capacidad logística", remarca, señalando que se trata de una operación que responde a los intereses de las dos partes.

Una duda que surge es qué ocurrirá si, como es previsible y deseable, el Ayuntamiento, junto al resto de administraciones que participen en el proyecto (a la espera del Gobierno central), activa la obra del Auditorio antes de que la Autoridad Portuaria reciba los terrenos logísticos en Los Prados.

Sobre ello, Rubio es igualmente contundente. "Si tarda tres o cuatro años en solucionar el tema, nosotros no vamos a esperar y estamos trabajando en ello", ha afirmado. Asegura que la planificación que tiene el organismo portuario es la de que a finales de 2024 "la parcela de San Andrés esté despejada". Es decir, que las numerosas carpas de graneles que hay actualmente en la explanada hayan sido levantadas. 

Ese es el compromiso asumido. Y con esa línea de pensamiento, el Puerto ya está estudiando maximizar el aprovechamiento de los espacios de los que dispone en el propio recinto para establecer puntos de almacenaje de graneles. "No podemos buscar fuera del puerto en el corto plazo e intentaremos responder a esa situación con soluciones en altura; es decir, almacenes más sólidos que permitan almacenar más altura", precisa, insistiendo: "La capacidad de almacenamiento que hay en San Andrés tenemos que suplirla". 

Recuperación del proyecto

El Auditorio vuelve a ser protagonista después de que tanto la Junta de Andalucía, con unos 10 millones, y el Ayuntamiento, con otros 4 millones, hayan reservado partidas específicas para el impulso definitivo de un equipamiento con un coste superior a los 100 millones de euros.

La suma de los dos actores públicos es clave en el futuro de la propuesta, aunque requiere del aval de otras administraciones. En especial del Gobierno central. De hecho, el propósito del alcalde, Francisco de la Torre, es que el año que viene sirva como poco para la creación de un consorcio que se encargue de poner en marcha toda la maquinaria necesaria para hacer realidad una vieja aspiración de la ciudad. 

Queda la duda de cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo. Hay que recordar que en el mandato pasado hubo predisposición a participar en la operación, pero se insistió en la necesidad de repensar el proyecto, con el objetivo de reducir su impacto económico.

Sea para modificar lo que en su momento se planteó o simplemente para actualizar todo el contenido del proyecto, la realidad es que desde hace algún tiempo el arquitecto Agustín Benedicto, que recibió en su día el encargo del diseño, se encuentra trabajando en la versión final.