El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha el periodo para que las empresas de patinetes y bicicletas de alquiler pueda solicitar una nueva autorización anual para operar en la ciudad. El permiso, en cualquier caso, tendrá la consideración de temporal y precario tanto en cuanto el Consistorio resuelve la nueva concesión demanial para este servicio de micromovilidad, que pretende ser adjudicado a una sola compañía y que está afectado por un recurso administrativo.

De acuerdo con las bases diseñadas por el área de Movilidad para esta nueva autorización, que entrará en vigor en la medianoche del 1 de enero de 2023, las empresas tienen desde este lunes y hasta el 11 de noviembre de plazo para presentar la documentación necesaria. 

Se establece como primer límite un máximo de 1.350 de movilidad personal VMP (en función del suelo público total puesto a su disposición), a los que podrán sumarse 350 bicicletas de pedaleo asistido (en proporción a los VMP autorizados).

El Ayuntamiento actúa de este modo tras haber amagado inicialmente con no admitir nuevas autorizaciones para el año que viene. Lo hace, según se precisa en el texto consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, tras considerar "imprescindible el fomento de la micromovilidad" en la urbe.

Se indica que las firmas interesadas podrán optar por ambos tipos de vehículos o por solo uno de ellos. En ambos casos, los vehículos han de estar integrados en un sistema digital de explotación e individualmente identificados.

"Las autorizaciones serán exclusivamente para cada vehículo (VMP o Bicicleta EPAC) identificados y relacionados expresamente cada uno de ellos en la resolución de autorización para cada empresa", se indica.

Y en consecuencia, "el número máximo de vehículos autorizados no permitirá a las empresas sus sustituciones unilaterales por vehículos no identificados y no autorizados individualizadamente por el Ayuntamiento". 

Entre las obligaciones que han de cumplir los operadores están disponer de local en el municipio a efectos de notificaciones, atención al cliente, reclamaciones, solución de incidencias y mantenimiento entre otros posibles supuestos; así como de contratos de seguro en vigor tanto de responsabilidad civil (por un importe mínimo de 1,5 millones de euros) como de accidentes al conductor (por un importe mínimo de 30.000 euros).

Asimismo, deben comprometerse a mantener activa la tarificación telemática al usuario cuando éste pretenda estacionar fuera de los espacios señalizados, a disponer de un sistema que permita la desactivación auto y telemática de sus vehículos que impida la circulación por los entornos restringidos al tráfico rodado que puedan producirse por necesidades de interés público. 

La empresa autorizada será responsable del mal estacionamiento de sus bicicletas EPAC y VMP. Y en consecuencia, tiene la obligación de informar a sus clientes, "antes de finalizar la telecontratación online", sobre las normas de estacionamiento en la ciudad y de comunicar expresamente la prohibición de hacerlo fuera de los espacios habilitados.

Incluso, se detalla que en el supuesto de que el Ayuntamiento fuera condenado "en concepto de responsable civil subsidiario" a resultas de la actividad autorizada, la empresa deberá indemnizar. 

"La autorización se otorgará en precario y podrá perder su eficacia o ser modificada por razones de interés público debidamente justificadas sin que por ello el titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna", se añade.

El permiso quedará condicionado al pago de la tasa establecida por la Ordenanza Fiscal nº 42 por reserva de vía pública para estacionamiento y a que la empresa solicitante "no tenga ningún vehículo pendiente de pago y retirada del Depósito Municipal de Vehículos".