Apenas dos días después de que el Ayuntamiento de Málaga le enseñase la puerta de salida a la Casa Invisible, da una vuelta de tuerca más y activa el procedimiento para proceder a su desalojo. Con este objetivo, como ya ocurriera a mediados de 2018, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el reinicio de los trámites para recuperar la posesión de este edificio, localizado en la calle Nosquera y de titularidad municipal.

Para avanzar en este camino, el órgano ejecutivo ha desestimado el recurso de reposición que fue planteado por la Fundación de los Comunes ante los acuerdos adoptados hace ahora algo más de tres años. Un movimiento que permite continuar con el proceso de recuperación de oficio del inmueble. 

La decisión fija un plazo de 15 días para llevar a cabo el desalojo. No obstante, se advierte de que en caso de que el requerimiento ahora conocido no fuese atendido por La Invisible, se hará una nueva demanda en el plazo de 8 días. 

Si la posición del colectivo, que viene okupando la edificación desde hace catorce años, mantuviese su negativa a abandonar las instalaciones, "se procederá al lanzamiento por el Ayuntamiento con sus propios medios, de acuerdo con el procedimiento legal establecido, siendo de cuenta del ocupante los gastos del desalojo". A la espera de acontecimientos, no parece que el colectivo vaya a actuar de manera voluntaria, como demuestra el anuncio de una manifestación para el próximo 27 de noviembre.

Para sustentar el acuerdo, se aducen "razones de interés público". En concreto, se habla del "estado de deterioro" en el que se encuentra el inmueble, siendo necesario acometer su rehabilitación integral. Así se expresa en un informe emitido por el servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia de Urbanismo fechado el 13 de julio, tras una visita de inspección realizada el 7 del mismo mes.

En el documento se recuerda que desde el 19 de diciembre de 2014, el edificio está clausurado "a las actividades de pública concurrencia hasta que se adopten las medidas de seguridad exigibles" y constata que presenta "deficiencias respecto de la conservación y la seguridad, forjados apuntalados, desprendimientos de cielo rasos, manchas indicativas de filtraciones, tejas sueltas, revestimientos disgregados, daños estructurales puntuales e importantes carencias con respecto a la instalación eléctrica y a la protección contra incidencias".

Todo ello, hace que los técnicos aboguen por impulsar cuanto antes la recuperación del edificio, buscando con ello eliminar la "preocupación creciente relativa a que con el paso del tiempo pueda ocasionar una circunstancia sobrevenida de mayor deterioro, con la consecuente inseguridad para las personas que pudieran estar dentro por los apuntalamientos parciales y las vías de evacuación del edificio".

Es por ello por lo que la Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a la redacción del proyecto técnico necesario para impulsar la rehabilitación integral del edificio, con el objeto de que sea destinado a equipamiento comunitario. Para ello, se recoge una doble posibilidad. 

De un lado, se maneja la idea de que sea el Consistorio el que asuma de manera directa la intervención y lo ponga en uso "con carácter previo a la licitación en pública concurrencia de concesión administrativa para uso cultural del edificio"; de otro, podría licitarse la concesión administrativa para uso cultural del edificio, que sería entregado en el estado en que se encuentre, siendo obligación del adjudicatario el realizar las obras pertinentes.