El enésimo plan diseñado por la Junta de Andalucía para desmantelar la barriada de Los Asperones, en Málaga capital, tiene forma y contenido. EL ESPAÑOL de Málaga ha tenido acceso al bautizado como Plan director para la Integración Social de las Personas Residentes en Los Asperones y a las propuestas de intervención que en el mismo se plasman. 

El equipo redactor dispone una hoja de ruta con tres fases diferenciadas (previa, durante y posterior al realojo), que se alargarán entre los años 2022 y 2030. Y pone números al coste que será preciso asumir para afrontar este ambicioso proyecto: 32,5 millones de euros. 

De ellos, 22,5 millones corresponden exclusivamente a las soluciones de realojo residencial previstas. No obstante, quizás en la idea de reducir el impacto, se pone sobre la mesa la posibilidad de aplicar el traslado de manera inicial a la fase II de la barrida, que cuenta con 31 viviendas, 23 anexos y una chabola, con un total de 176 personas (20% de la población total). 

Para los especialistas, actuar de este modo "permitiría detectar disfunciones para rediseñar estrategias en una intervención más numerosa". Limitar la intervención a esta parte rebaja la cuantía a unos 4 millones de euros (3,4 millones para la compra de 31 pisos).

El plan remarca la necesidad de afrontar la respuesta definitiva a este espacio de infravivienda, en el que se levantan 291 construcciones (incluyendo chabolas, anexos y ampliaciones), desde una perspectiva "integral". 

¿Pero cuáles son las fases diseñadas? La primera es la denominada Previa, que tiene como objetivo "motivar y movilizar a la población residente" para que participe en el proceso de integración social e inserción sociolaboral. Durante la misma se prevén acciones relacionadas con la sensibilización, motivación, la recogida y análisis de los datos. 

Este proceso debe aportar información de primera mano sobre la situación de la barriada. Para ello se contará con trabajadores sociales, claves en el acercamiento a la población residente para conocer aspectos sociolaborales de la unidades familiares, así como sanitarios.

La idea es que este equipo comience a trabajar sobre el terreno al menos 6 meses antes de los primeros realojos, dando continuidad a su actividad en los 4 años siguientes. Se dará por concluida la labor "con la salida de la última familia del asentamiento". Entre otros fines, actualizarán el censo en relación con la ocupación actual de viviendas prefabricadas, anexos y chabolas.

La segunda de las fases es la de Propuesta de Reubicación. La misma consiste en formular una propuesta integral para cada familia, buscando en todo momento "la plena integración social de todas las personas que la integran en otra ubicación geográfica".

En el plan estratégico se identifican dos tipos de situaciones jurídicas que generarían derechos de realojo de las familias, así como la posibilidad de indemnización económica para la búsqueda de pisos en alquiler en el sector privado. Según los datos iniciales, en la barriada hay 181 viviendas, 94 anexos y 16 chabolas, siendo un total de 291 las unidades familiares. 

Los responsables del trabajo plantean varias opciones. La primera pasa por disponer de viviendas del parque público distribuidas en distintos barrios y geografía andaluza para el traslado de 181 familias "legales". Esta solución está pensada para los pisos que queden vacantes, unos 60 anualmente en el caso del conjunto residencial de la Junta y del Ayuntamiento de la ciudad.

Incluso, se propone un plan de compra de viviendas, para el que se plantea un período de tramitación administrativa de entre 9 meses y un año, con un presupuesto máximo por vivienda de 110.000 euros. En total, el presupuesto estimado de esta actuación rondaría los 19,9 millones de euros.

La segunda variable incluye el pago de subvenciones/ indemnizaciones para las familias que no reúnan los requisitos para ser realojadas en viviendas públicas. En concreto, esta es la fórmula que se maneja para las 110 que están asentadas en chabolas y anexos.

En su caso se apunta una ayuda al pago del alquiler de una vivienda privada, por un período de tiempo suficiente para que se pueda llevar a cabo el proceso de integración. La cifra consistirá en un máximo de 18.260 euros por familia para un período de 4 años. En los primeros seis meses corresponderá al 100% de la renta de alquiler, con un máximo de 550 euros; bajando un 10% cada semestre transcurrido. Esta acción se valora en unos 2 millones de euros.

Será en el momento en que tenga lugar el realojo cuando el denominado equipo POST-reubicación acompañará a la familia a la vivienda, comenzando un nuevo procedimiento, el del acompañamiento social a las familias realojadas.

Una etapa en la que se destaca la trascendencia de que los integrantes de las unidades familiares tengan trabajo, "eje fundamental" para lograr su inserción social. Es por ello por lo que la estrategia incluye un plan que promueve acciones y medidas para favorecer la incorporación al mercado laboral.

Al tiempo, se valora la necesidad de convertir "en deseables para las propias vidas las experiencias de ubicación en otros barrios", por lo que se defiende que las propuestas de cambio sean "sostenibles en el tiempo, encaminadas a la autonomía, facilitando el acceso a la propiedad para aquellas personas que tienen ingresos".

También se apunta la importancia de que la reubicación "no reproduzca el modelo de exclusión social del barrio pero en vertical lo que supondría un perjuicio mayor". Y se advierte de que hay que prever, respecto a las futuras ubicaciones, "los problemas relacionales que se pueden dar en el entorno vecinal ante la falta de aceptación de estos traslado". 

"Cada persona ha de tener un profesional de educación social que acompañe en el proceso después del realojo", se plantea en el documento, en el que se remarca que la duración inicial de esta fase será de 48 meses (4 años). 

No es la primera ocasión en la que las administraciones activan un plan de intervención con la que dar respuesta a los cientos de personas que habitan Los Asperones, en muchas ocasiones, en situaciones tercermundistas. El origen de la barriada se remonta a 1988, cuando fue creada con el objetivo de ser desmantelada poco tiempo después.