El terreno sobre el que se asienta una de las grandes infraestructuras en la lucha contra la sequía, la desaladora de la Axarquía, sigue siendo endeble e inestable. Lejos de la previsión de que su ejecución tenía el camino despejado, después de que el Gobierno central asumiera su financiación, al declararla como una actuación "prioritaria", la realidad es que ni siquiera ha avanzado a la casilla de salida.

Así se pone de manifiesto en una reciente respuesta parlamentaria emitida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a una pregunta de los diputados nacionales del PP por la provincia de Málaga. El escrito, fechado el pasado 4 de abril, deja claro dos detalles esenciales.

El primero es que es la Administración central la que, a través de la empresa Acuamed, debe dar forma al proyecto de construcción de la planta y no la Junta de Andalucía. Esto supone una enmienda a los argumentos empleados tanto por el Gobierno como por el PSOE en los meses previos.

El segundo aspecto a subrayar es que la "encomienda" a Acuamed para elaborar el documento técnico que permita el posterior impulso de la obra no se ha producido aún. Y todo ello sucede cuando pasa ya prácticamente un año desde que el Gobierno se comprometió a invertir del orden de 100 millones de euros en una infraestructura capaz de generar unos 20 hectómetros cúbicos de agua.

En la contestación, se indica, además, que no será hasta que se produzca la citada encomienda a Acuamed cuando se podrán estimar los plazos para el desarrollo de estas instalaciones, largamente demandadas en la zona. Al tiempo, se subraya que una vez formalizada la encomienda, será Acuamed la encargada de "redactar el proyecto, así como de su tramitación administrativa y posterior licitación de las obras".

Confirma el Gobierno que en los últimos meses la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico ha mantenido reuniones con la Junta de Andalucía para coordinar las actuaciones, la disponibilidad de los terrenos y la tramitación ambiental.