Alquilar un piso en Málaga se antoja para muchos una misión imposible por culpa de los desmesurados precios, la turistificación y las viviendas vacacionales. Basta con echar un vistazo a Idealista. ¿Se imaginan la odisea que debe ser para una persona migrante, refugiada o menor extutelada? Diaconía España lanzó en febrero el proyecto Vecindad inclusiva con el objetivo de encontrarle un hogar digno a personas en situación vulnerable.

La plataforma de acción social con sede en la capital pone en marcha la iniciativa "a causa de las enormes dificultades que tienen las personas migrantes a la hora de acceder a una vivienda" y "las condiciones abusivas de los alquileres", señala la coordinadora del proyecto, Elena López Fernández, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. "Si a esto le sumas su condición de migrantes lo tienen doblemente difícil", lamenta. 

En la mayoría de sitios exigen el mes corriente, dos meses de fianza, un aval bancario e incluso un seguro de impago. Sin olvidar la mensualidad correspondiente a la inmobiliaria por sus gestiones. "Cuando dices que son personas migrantes casi siempre dicen que no les interesa. Tienen miedo y prejuicios. Piensan que no les van a pagar, que les van a destrozar la casa o que no se van a integrar bien con el resto de vecinos", reprocha. 

La coordinadora del proyecto ha vivido situaciones rocambolescas mientras buscaba propietarios "éticos". "Nos preguntan qué para quién sería. Les respondemos que para una familia de Panamá o un chico extutelado. Nos contestan: "Lo siento, no me interesa alquilar a personas migrantes". A veces nos dicen que está alquilado cuando el anuncio lleva dos horas publicado, o que ya nos llamaran y nunca vuelven a ponerse en contacto con nosotros", critica.

Personas mayores en situación de soledad

La organización no gubernamental de desarrollo pone en contacto a las personas migrantes en búsqueda activa de vivienda con o bien propietarios, o bien personas mayores en situación de soledad no deseada con ganas de alquilar una habitación de su propia casa. "Les viene bien porque es un ingreso económico extra. Algunos tienen una pensión reducida", señala López.

La filosofía de este tipo de alquiler tiene como objetivo, según la coordinadora de Vecindad Inclusiva, que "la persona que entre a vivir comparta tiempo con la persona mayor y se presten apoyo mutuamente, y vayan juntos a hacer la compra, compartan ocio". "Así, la persona migrante está creando redes de apoyo en una comunidad donde normalmente no las tiene", destaca. 

Perfil de los demandantes

La mayoría de personas que atienden están trabajando y tiene un contrato laboral en regla. En este programa pueden participar colectivos en riesgo de exclusión social (personas y/o familias que necesitan acceder a una vivienda asequible mediante el arrendamiento); familias con cargas familiares no compartidas; familias que han habitado en infravivienda; mujeres víctima de violencia de género; y personas migrantes.

Los perfiles que se han interesado por el proyecto son muy variados. "Nos llegan desde familia monoparentales (madres con hijos al cargo), chicos jóvenes de 18 o 19 años que son menores extutelados y que tienen trabajo, familias con hijos en la calle o que se encuentran en situación de asilo. También han pedido ayuda muchas familias ucranianas a raíz de la guerra", cuenta la coordinadora del proyecto. En cuanto a nacionalidades, hay migrantes de Bangladés, Venezuela, Ucrania, Nigeria, Marruecos, Colombia o Panamá.

Familias con hijos en la calle

La ONGD se ha encontrado con "situaciones difíciles": "muchas personas deben abandonar de un día para otro los centros de acogida donde se encuentran o el piso que han alquilado temporalmente, y a continuación se van a encontrar en situación de calle con hijos a cargo", lamenta la coordinadora del proyecto. Algunos, con suerte, duermen en albergues u hostales pagados por entidades sociales.

El proyecto, enmarcado dentro del Programa de Migraciones, comenzó a rodar en febrero y dura hasta diciembre de 2022 con posibilidad de renovarse. La iniciativa, financiada por la Junta de Andalucía, se desarrolla en Málaga, Roquetas de Mar y Lugo. Diaconía ha atendido desde sus primeros días a personas migrantes derivadas de Cruz Roja, Cear, Accem y Puerta Única, entre otras. También contactaron con la Cruz Roja para trabajar conjuntamente en el programa de personas mayores siempre acompañadas, destinado a la atención de ancianos.

La plataforma de acción social presta asesoramiento jurídico necesario para el tema de la mediación residencial; hace un seguimiento presencial y telefónico de la vivienda; e imparte talleres para que se adquieran conocimientos en economía doméstica y en resolución de conflictos. "Damos una garantía a esos propietarios. Es una forma de alquiler su vivienda de forma segura y ética", subraya. 

-Se trata de un programa dirigido a personas migrantes. ¿Cómo de vulnerables son esos colectivos a la hora de encontrar vivienda?

-Vienen de sus países buscando nuevas oportunidades, un futuro mejor, una vida digna donde puedan cubrir sus necesidades básicas, cosa que en sus países no han podido hacer. Han tenido que huir de situaciones de violencia o pobreza extrema. La mayoría de personas están trabajando. Otras reciben prestaciones y ayudas por asilo. Los propietarios no se terminan de fiar. Cuando ellos cambian de país empiezan de cero.

La ONGD anima "a todas las personas que tengan una vivienda o habitación disponible para alquilar a que la ofrezcan a personas migrantes y refugiadas". "Tenemos prejuicios sobre personas de otros países y eso influye en las oportunidades que le ofrecemos. La vivienda es un derecho fundamental para todos. Un hogar es donde nos sentimos seguros y encontramos esa estabilidad. Son personas a las que les hace mucha falta", asegura. Mientras, muchos esperan que su deseo de alquilar un piso se haga realidad cuanto antes.