Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, se estima que, desde la perspectiva de los beneficios económicos, la prostitución aporta el 0,35 por ciento del producto interior bruto, lo que supone una cifra cercana a los 4.100 millones de euros. 

Tal y como se refleja en la memoria justificativa de un proyecto de la Comunidad de Madrid para ayudar a mujeres en situación de prostitución, en la actualidad, se trata de un mercado que destaca por su dispersión en la región y por la variedad de nacionalidades de las mujeres que trabajan en él. 

En el citado informe, también se especifica que, además de la prostitución callejera en la zona Centro de Madrid, también existen pisos y casas en los que se ejerce esta actividad por todos los municipios de la Comunidad. 

Además, en dicho documento también se indica que el polígono industrial Marconi en Villaverde Alto es el principal foco en el que se ejerce esta actividad, pero también se señalan otros puntos de Madrid, como el caso del Polígono de La Garena en Alcalá de Henares; el de Cantueña en el municipio de Fuenlabrada; el de Regordoño en Móstoles o Las Monjas en San Fernando de Henares. 

Al preguntar al Ayuntamiento de Móstoles por la citada actividad por el polígono Regordoño, indican que fue un punto en el que hubo prostitución hace años, pero que en la actualidad ya no hay ningún foco y, además, no hay ningún punto del municipio en el que se desarrolle. 

Por otro lado, fuentes de la fundación Cruz Blanca de Madrid, explican que, en la actualidad, hay mujeres ejerciendo la prostitución en La Garena, pero que la situación ha mejorado con respecto a otros años. Fue en 2021 cuando se desmanteló una red de trata de personas que operaba en este punto. 

El informe del proyecto que publica la Comunidad de Madrid también indica que la prostitución se ejerce en clubes de alterne ubicados a ambos lados de las principales autovías que parten en todas direcciones de la geografía nacional. 

Por otro lado, en el informe de la Comunidad de Madrid, también se especifica el incremento de mujeres en situación de prostitución que se ha producido en Madrid durante los últimos 10 años. Según refleja la citada memoria, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, atendió en 2014 a 403 mujeres en prostitución, a 422 en 2015, a 428 en 2016, a 768 mujeres en 2017, a 842 en 2018, y a 712 en el año 2019.  

El proyecto ARTEMISA

Ante la actual situación en la Comunidad de Madrid relacionada con la prostitución, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene un plan para combatirla: un proyecto al que destinará la cantidad de 1,7 millones de euros. Una cifra que es el presupuesto base de licitación privada que se publicó el pasado miércoles 11 de septiembre en el Portal de Contratación Pública de Madrid.

El objetivo del contrato es, tal y como se recoge en la memoria, "la gestión de un Centro de Atención Integral, (ARTEMISA), para mujeres en situación de prostitución, en contextos de vulnerabilidad o conflicto por circunstancias personales, familiares o sociales, que desean abandonar esta situación", tal y como se refleja en el citado Portal de Contratación Pública. 

El contrato tendrá una duración de 26 meses y que también busca acompañar "a las mujeres en un proceso de autonomía e inclusión social" y se les "prestarán servicios de atención social, jurídica, psicológica, y mediación intercultural", tal y como figura en la memoria justificativa publicada en el Portal de Contratación Pública de Madrid.

De este modo, las mujeres acogidas en el centro ARTEMISA recibirán el apoyo psicosocial a través de tres ejes: el primero, la "acogida, valoración de la demanda y detección proactiva de las necesidades" de las usuarias. El segundo, el "diseño del Plan individualizado de intervención" con diversos objetivos y un plan de seguimiento. Y por último, el "establecimiento del plan de trabajo por áreas de intervención". 

Falta de bienes inmuebles

En el informe de Insuficiencia de Medios publicado en el Portal de Contratación Pública de Madrid, se expone que "la Dirección General de Igualdad no dispone de inmuebles adscritos vacantes ni de los restantes medios materiales necesarios para ejecutar el contrato propuesto", por lo que se considera "adecuado promover su licitación" por parte de una empresa privada.

En el citado informe, también se expone la organización de ARTEMISA: "la Subdirección General de Atención Integral a las Víctimas y Prevención de la Violencia de Género se compone de 32 empleados públicos, de los cuales 15 realizan funciones de administración general (tramitación de expedientes de contratos, convenios y subvenciones, entre otras) y 17 son personal destinado a la atención de los recursos residenciales y no residenciales de la Red Pública de la Comunidad de Madrid, en calidad de asistentes sociales, educadores y psicólogos".

Por otro lado, el Informe de insuficiencia de Medios también especifica que los citados recursos son "en su mayoría, objeto de gestión indirecta mediante contrato de servicios con entidades privadas y solo algunos de ellos son gestionados directamente por la Dirección General de Igualdad".

Además, se indica que cuando termine el año 2025, es decir, a mitad del periodo de ejecución del contrato objeto del informe, el personal de la citada Subdirección se reducirá en el número de efectivos, comprendiendo 13 empleados con tareas de atención de los recursos residenciales y no residenciales y 10 con funciones de administración general.

Una unidad móvil

Otra de las características del proyecto es la presencia de una unidad móvil cuyo objetivo es la "detección y contacto con mujeres en situación de prostitución". Tal y como figura en la memoria, se requiere de "un acercamiento y localización de zonas de ejercicio de prostitución en las que sea posible encontrar potenciales usuarias, a través de una unidad móvil".

Dicho dispositivo, "intervendrá en situaciones de emergencia", así como cuando su presencia sea requerida para "acompañar a posibles víctimas de trata durante el proceso de identificación que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". 

También cumplirá las labores de asistir y apoyar a la posible víctima, "en las actuaciones que le afecten", en especial para garantizar la adecuada "comprensión de sus derechos" y la posibilidad de ser derivada a los recursos para víctimas de trata con fines de explotación sexual y si es necesario otros recursos de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.