La residencia Juan XXIII, la misma donde se desató un trágico incendio el 18 de febrero, también sufrió los estragos de la pandemia en 2020. Un acta de la Policía Municipal describió la situación de este centro de Aravaca el 16 de abril de aquel año. Por aquel entonces habían contado ya cinco ancianos muertos y bajas entre el personal. Y ya entonces, los agentes anotaron como el asilo tenía "poca cantidad" de material de protección sanitario.
La residencia Juan XXIII es un centro que cuenta con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid y capacidad para 40 residentes. El inmueble se encuentra en el número 10 de la calle Proción, en el distrito Moncloa-Aravaca. Hace poco más de una semana, un posible fallo eléctrico prendió una de las habitaciones y desató la tragedia.
El fuego y las llamas mataron a tres residentas y obligaron a atender a otra quincena en hospitales madrileños. El siniestro, a su vez, volvió a poner el foco en la gestión de estos centros por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sobre todo, tras conocerse el contenido de un atestado de la Policía Nacional que reflejó los escasos recursos antiincendios con los que contaba el centro en el momento del suceso.
El caso de Juan XXIII no es, ni de lejos, el más dramático. Al menos, según los escritos policiales difundidos por el partido político. Cabe recalcar que los agentes firmaron el informe el 16 de abril. Por tanto, no se da cuenta de si el centro de mayores de Aravaca registró más muertos en las siguientes semanas o si, por el contrario, su situación mejoró.
La residencia abrió sus puertas en 1990 en una "zona tranquila y bien comunicada con el centro de Madrid", según detalla en su página web. Fue en 2009 cuando empezaron a disponer de plazas públicas concertadas con la Comunidad de Madrid.
En abril de 2020, los municipales se personaron en la residencia para conocer su situación. Les recibió la directora del centro. En ese momento, de las 40 plazas disponibles, sólo había 18 ocupadas: dos por residentes con movilidad reducida y 16 por el resto de internos.
Acta que la Policía Municipal realizó en abril de 2020 en la residencia Juan XXIII.
El establecimiento disponía de una plantilla formada por 12 trabajadores: un médico, dos DUE, siete auxiliares y otros dos catalogados como 'otros'. Cuando acudieron los policías, había tres auxiliares de baja.
Los efectivos policiales se encontraron que el centro Juan XXIII estaba sectorizado, tenía las zonas comunes aisladas y también aislaba a los casos positivos. Contaba, a su vez, con carteles sobre higiene y aplicaba programas de limpieza intensificados.
El acta del Cuerpo municipal se divide, a grandes rasgos, en tres apartados: los datos más básicos a modo formulario -citados en los párrafos anteriores-, las 'medidas adoptadas por el centro' y las 'observaciones' hechas durante la inspección.
Así, relatan como Juan XXIII confinó a los residentes en habitaciones individuales el 20 de marzo. Aunque la última jornada en la que permitieron visitas de familiares fue el 8 de marzo. Durante esas semanas, se tomó la temperatura, la saturación y la frecuencia cardiaca de los internos dos veces al día. Todo el personal, por otro lado, recibió formación. Eran los propios trabajadores los que atendían a los residentes afectados.
Fue una empresa privada la que se encargó de desinfectar las instalaciones con lejía y pulverizador el 25 de marzo. Sin embargo, tal y como refleja el informe, la residencia tenía prevista otra desinfección de la mano de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Por último, las agentes escribieron: "Tienen dos residentes hospitalizados por Covid-19, necesitarían mascarillas FFP2, EPIs reutilizables como tipo monos; guantes tallas L y M, trajes impermeables y gafas, requiere también de una enfermera".